Un mes antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que dieron un vuelvo imprevisto al panorama político de esta región, el anterior Gobierno socialista redactó un borrador de instrucciones para poner en marcha “con carácter experimental” un plan para facilitar la colaboración “voluntaria” de los profesores jubilados en los colegios e institutos de Andalucía. La figura del “docente jubilado voluntario” que sigue vinculado a su escuela tras retirarse a los 60 años existe en prácticamente todas las comunidades, pero no todas han institucionalizado este tipo de colaboración.
En Andalucía ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió con las comunidades de aprendizaje, que ahora están reguladas por la Consejería de Educación y plenamente implantadas en muchos centros escolares. Pero también nacieron antes de que la Administración les diera oficialidad, porque los profesores de algunas escuelas de zonas desfavorecidas empezaron a echar mano de voluntarios (estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, de Pedagogía, de Psicología, madres de alumnos, ONG…) para hacer refuerzo en aulas con necesidades especiales. El proyecto del maestro jubilado voluntario iba a estrenarse en el presente curso académico a modo de prueba, pero ahora está “en parada técnica”.
Los responsables de la Consejería en el nuevo Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos estudian si reactivan el programa, y si es necesario introducir algún cambio. El nuevo titular de la cartera, Javier Imbroda, ha mantenido a algunos altos cargos de la etapa socialista, pero la gran mayoría de su equipo es nuevo. Imbroda se ha marcado dos objetivos prioritarios: uno es acabar con el abandono escolar “crónico”, que en Andalucía alcanza el 21% del alumnado de Secundaria, y el segundo es “despolitizar” el sistema educativo.
El modelo andaluz es similar al de otras comunidades. Ya existe en Aragón, en Asturias, en Castilla y León o en Baleares, donde a esta figura se le denomina “el docente mentor”. En todos los casos son profesores jubilados -con un mínimo de 25 años de experiencia- que colaboraban con su escuela, pero no cobraban nada ni sustituían a los maestros en activo. En todas las regiones donde se ha introducido este programa, los sindicatos de la enseñanza han estado vigilantes precisamente para que el apoyo o asesoramiento que pudiera aportar un profesor jubilado no se tradujera en sustituciones encubiertas de la plantilla orgánica del centro. En Murcia, por ejemplo, se creó toda una “red de la experiencia”, en la que los docentes retirados servían de apoyo a los estudiantes, pero también ejercían labores de asesoramiento y colaboración con los docentes en activo, a quienes ayudarán -siempre que así lo reclamen- en la elaboración de materiales didácticos de apoyo en el aula y en la preparación de prácticas en los laboratorios.
El reciclaje de profesores jubilados en la escuela es una idea que viene de largo. En Andalucía, aparece en el artículo 23 de la LEA (Ley de Educación de Andalucía), que emana de la desaparecida Ley Orgánica de Educación. Entonces el proyecto era menos ambicioso, hablaba meramente de la posibilidad de que docentes retirados colaborasen en “el desarrollo de tareas relacionadas con planes de bibliotecas y animación a la lectura”. En 2016 se dio un salto de concreción con la aprobación del Plan de Éxito Educativo, que venía a regular la participación “de otros sectores y personas en los centros escolares para apoyar la formación integral del alumnado”: profesores jubilados, claro, pero también estudiantes y docentes universitarios, ONG, etc…
Uno de los handicap de este proyecto siempre fue la parte económica. ¿Hay que pagar a los profesores retirados por volver a reforzar las aulas? ¿Cuánto hay que pagarles? ¿Es compatible una remuneración con su pensión de jubilado (si la Junta les da una paga, pero no les cubre la Seguridad Social). Este asunto era complejo. En algunos países existen proyectos similares donde hay remuneración para los docentes y en otros no. En el borrador del plan experimental se resuelve finalmente en el primer apartado: “Esta participación no supone, en ningún caso, establecer una vía complementaria de remuneraciones para el profesorado jubilado, ni ningún tipo de contratación, ni mucho menos que su participación implique algún tipo de reducción o suplencia en la plantilla de docentes en los centros escolares”.
En la mayoría de los casos, explican los autores del proyecto, los maestros jubilados tratarán de elegir los colegios en los que ya impartieron clases. Pero el proyecto no les permite volver para hacer lo que hacían antes, no pueden “reemplazar” a docentes titulares, y si su actividad tiene relación directa con los alumnos, siempre será “con la presencia de personal docente en activo”. Asturias, por ejemplo, quiso ir más allá organizando una una red de profesores jubilados voluntarios para establecer contactos y mantener comunicación entre este colectivo y los colegios que más necesitaran su apoyo.
El tipo de colaboración, en realidad, debe elegirla el profesor voluntario de entre un listado que propone la Consejería de Educación: programas de fomento de lectura y organización de bibliotecas; diseño y ejecución de actividades extraescolares; apoyo a programas de la Consejería que ya existan en el centro; apoyo a la dirección en la organización del colegio; colaborar con las asociaciones de padres de alumnos; formar parte de las comunidades de aprendizaje; participar en acciones formativas a otros docentes a través de los CEP; promover actividades de convivencia intergeneracional, contra la violencia escolar, destinadas a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, al reconocimiento de la diversidad sexual, etc…
Normalmente, es el profesor voluntario quien envía una solicitud reglada (según el modelo adjunto a las instrucciones de la Consejería) al centro proponiéndole las actividades que quiere desarrollar en la escuela, y será la dirección y el consejo escolar quien la valore y apruebe su inclusión o no en el plan de centro. En casi todas las comunidades la norma que se ha redactado permite que haya más de un docente jubilado en un mismo colegio. En cada caso, es la plantilla orgánica del centro, la dirección y el consejo escolar quien supervisa el trabajo de los docentes jubilados y quien evalúa sus resultados al finalizar su periodo. Algunos sindicatos han puesto pegas a este programa “porque la realidad diaria de un colegio demuestra que cuando hay bajas entre la plantilla estable y éstas tardan en sustituirse, al final son los profesores jubilados quienes terminan asumiendo estas funciones”.
Los requisitos que Andalucía y otros gobiernos regionales exigen a los docentes retirados para volver a las aulas suelen coincidir en tres elementos: haber prestado servicios en algún colegio público o concertado, no haber perdido la condición de personal funcionario por razón de expediente disciplinario y no haber sido condenado “por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos”. Los profesores candidatos deben acreditar esto mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
