No tener los papeles en regla no es un delito, es una situación administrativa irregular. A pesar de eso, supone graves problemas para cientos de miles de personas en España. Según estimaciones de la Fundación porCausa, para entre 390.000 y 470.000 personas. Entre ellas están los 147.000 menores, la mitad de los cuales tienen menos de 10 años. Se trata de niñas, niños y adolescentes de familias que llegaron a España de manera irregular, o que perdieron durante su estancia en nuestro país los elementos que les permitían hacerlo de manera legal o, en última instancia, porque se jugaron la vida ellas y ellos mismos y llegaron, sin compañía, a nuestras fronteras.
Save the Children y la Fundación porCausa los cifran en 147.000, aunque podrían ser más en los próximos meses puesto que 18.840 más están esperando a la resolución de peticiones de asilo o protección internacional. Es muy probable que la mayoría de ellas sean rechazadas; de hecho, las dos organizaciones creen que lo serán 13.296.
La mayor parte de estas niñas y niños vienen de América Latina, principalmente de Colombia, Honduras y Venezuela. Y, principalmente, están en Cataluña (34.000), Madrid (29.000), Valencia (20.000) y Andalucía (15.000), aunque es en otras comunidades autónomas donde se detectan tasas de irregularidad más altas. Las mayores, Asturias y Galicia (35% de irregularidad entre el total de menores extranjeros) o País Vasco (30%).
España, como firmante de la Declaración de los derechos del Niño de 1989 está obligada a garantizar el acceso a ciertos derechos y servicios básicos de estas chicas y chicos, más allá de su situación administrativa. La Declaración es clara en este sentido. A pesar de ello, son muchos los casos en los que esto no se cumple, principalmente en las etapas no obligatorias del sistema (educación infantil, bachillerato, formación profesional y universidad). Y esto es así porque muchos ayuntamientos exigen que para que el alumnado acceda a servicios como el de comedor, a ayudas para libros de texto o becas de estudio es imprescindible la presentación de un padrón, permisos de trabajo o de un NIE (número de identificación de extranjero). El caso paradigmático es el de Melilla, confirma Jennifer Zuppiroli, coautora del informe. La ciudad autónoma impide el acceso a la educación obligatoria a muchos menores que viven en la ciudad porque exige que tengan permiso de residencia y no lo tienen.
Por supuesto, buena parte de las dificultades a las que han de enfrentarse estos chicos y chicas se relaciona directamente con la situación administrativa de sus familias. La irregularidad las empuja a la búsqueda de trabajos, en la práctica, clandestinos, en los márgenes, sin contrato y al albur de la voluntad de quienes pagan. Una situación de inseguridad laboral y jurídica que viene a alimentar el miedo que se tiene en estos hogares a que se pueda producir una identificación y, consecuentemente, una orden de expulsión.
Aunque el Estado no puede expulsar a menores a sus países de origen, sí puede hacerlo con sus familias que se supone que puede elegir entre dejar a sus hijas e hijos a cargo de las administraciones autonómicas o llevarlos de vuelta a sus países.
Más allá del miedo que lo inunda todo como una niebla espesa en la que tienen que moverse estos cientos de miles de personas a diario, se producen situaciones muy concretas derivadas de esta falta de documentación en regla. Sin trabajos dignos o seguros, con empleos sin cualificación y mal pagados que en la mayoría de los casos los deja estancados en la pobreza y la exclusión social. Un lugar en el que, claro, estas niñas y niños han de vivir también.
Es, efectivamente, un espacio muy pequeño. Como señaló Andrés Conde, director de Save the Children, la precariedad laboral y la falta de documentación en regla obliga a las familias a vivir en pisos en compañía de personas ajenas a ellas, muchas veces en condiciones de hacinamiento. Como explicaba Zuppiroli, es complicado imaginar cómo han sido los meses de confinamiento para estas niñas y niños, más allá de la brecha digital de acceso a los contenidos educativos. Una idea que apoya Conde, insistiendo en que la brecha, además, es de espacio. No tienen un lugar en el que estudiar con un mínimo de comodidad.
A esto se suma el aislamiento social producido por esta falta de documentación y el miedo a ser detectados por el sistema. Sin posibilidades de ocio o de viajes a las que sí tienen acceso sus compañeras y compañeros de clase, ni siquiera para ir de visita a sus países de origen puesto que no podrían regresar a España después.
Precariedad habitacional, dificultad en el acceso a los servicios sanitarios y parte de los educativos a las que se suman la desprotección judicial en la que se encuentran estos menores, desprotegidos ante posible situaciones de violencia sufridas en sus casas. También si son víctimas de trata o de abusos. El hecho de no tener papeles en regla dificulta la posibilidad de que estas personas menores de edad denuncien su situación ante el miedo a la posibilidad de ser identificadas y deportadas. También dificulta su acceso a los recursos derivados de la protección internacional.
Regularización extraordinaria
Para Save the Children y Fundación porCausa, la solución pasa por la regularización de la situación administrativa irregular de las familias de estas chicas y chicos y, por cascada, la suya propia. Supondría, por un lado, ofrecer la seguridad de poder seguir en España viviendo y trabajando, construyendo un futuro posible que, lógicamente, afectaría de manera positiva a su situación económica y social y permitiría que dejaran de estar más allá de los márgenes. Conseguir un contrato de trabajo abre la puerta a conseguir una vivienda, al padrón, a tener documentación que permita acudir al sistema sanitario sin miedo a las autoridades, acceder a becas y ayudas para estudiar…
Gonzalo Fanjul, de porCausa y coautor del informe, insiste en la obligación moral de España para con todas estas personas, principalmente con las y los menores de edad y apoya el argumento en el retorno económico y fiscal que supondría la resgularización de su situación administrativa. Pudiendo acceder a trabajos regularizados, en viviendas regularizadas, asistiendo a la escuela y los centros de salud con normalidad, podrían también colaborar en mayor medida con impuestos indirectos y directos. Ahora «solo» lo hacen a través de los impuestos al consumo. Según algunos de los cálculos que han hecho, la regularización de una familia con menores pequeños al cargo supondría una devolución vía impuestos, de la práctica totalidad de lo invertido por el Estado. En el caso de menores de mayor edad, esta devolución sería aproximadamente de la mitad.
Durante la rueda de prensa de presentación del informe, Fanjul insistió que no hay mecanismo legal que imposibilite la regularización de estas familias con menores al cargo y ha ejemplificado las cinco regularizaciones llevadas a cabo bajo el gobierno de José María Aznar y la masiva que realizó José Luis Rodríguez Zapatero.
Para Jennifer Zuppiroli la regularización extraordinaria tendría un impacto positivo en paliar todas estas circunstancias, también evitaría que las y los menores dependieran de la situación administrativa de sus progenitores y evitaría que pudieran encontrarse en situaciones de irregularidad sobrevenida.
Además de estas regularizaciones, plantean la posibilidad de hacer modificaciones en la legislación de extranjería y de protección internacional. En el primero de los casos para que se tenga en cuenta las situaciones concretas de los menores, algo que no se establece hoy por hoy. En el segundo, que se contemple la situación de los menores por el alto grado de rechazo del Gobierno de España a las peticiones de protección internacional en las que, explicaba Zuppiroli están sobrerepresentadas las y los menores.
Otras posibilidades pasarían, por ejemplo, porque el Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado, llegara a esta población, que ha quedado excluida de este tipo de ayudas.
Elsa y su hija Sady, de 15 años, viven en Jaca. Son originarias de Paraguay y llegaron hace unos años a España buscando un futuro mejor. Primero lo hizo Elsa y, tras años ahorrando y gestionando la regularización de su situación administrativa, logró traer a su hija. Sady tenía en ese momento 11 años y no había visto a su madre desde los 5.
(©Save the Children/Pablo Blázquez)
Cifras invisibles
Una de las claves del informe se sustenta en sus cifras: 147.000 menores en situación irregular en España; 55.000 de ellos, menores de cinco años. Más o menos la mitad, menores de 10 y alrededor del 30% por encima de los 15 años.
Una de las dificultades cuando se trabaja con estas cifras es el hecho de que nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas residen en el país sin documentación válida para hacerlo. Pero según los investigadores, es posible hacer estimaciones bastante certeras gracias a que en España se incentiva (y casi obliga) a las personas migrantes a que se apunten al padrón. Es condición sine qua non para la escolarización, por ejemplo, o para acceder a servicios sanitarios.
Solo hay que comparar el número de personas menores de edad inscritas en el padrón con el número de permisos de residencia en estas franjas de edad. A esta cifra hay que hacerle algunos ajustes más para tener en cuenta a los estudiantes con permiso de estudios, los permisos de residencia caducados que están en trámite de renovación y las solicitudes de asilo pendientes de resolución.
