La crisis sanitaria ha repercutido en una crisis socioeconómica grave que si bien ha afectado al conjunto de la sociedad, sobre todo ha agravado las desigualdades sociales previas, y en especial, sobre las mujeres, en diferentes aspectos.
Por un lado, las mujeres son las que han estado en primera línea en la atención de la pandemia, tanto desde las profesiones de cuidado como desde los servicios esenciales. Han sido las mujeres las que han posibilitado que el sistema siguiera funcionando, sometiéndose a un mayor riesgo de contagio desde sus profesiones, que a la vez recibían una gran presión debido a las necesidades que sus funciones comportaban.
Por otra parte, sectores económicos con una ocupación feminizada como el turismo, la restauración y el pequeño comercio, se han visto afectados por los cierres provocados por las medidas de contención de la pandemia, y así, muchas mujeres se han visto expulsadas del mercado de trabajo en forma de ERTE y despidos. Muchas de ellas hoy en día aún están pendientes de recuperar sus puestos de trabajo o de encontrar nuevo trabajo en sus sectores, un hecho que ha feminizado aún más la pobreza.
Asimismo, las medidas para detener la extensión de la Covid19, que cerraron a sus hogares los niños y jóvenes, así como las necesidades de apoyo de las personas mayores y de las personas dependientes, multiplicaron exponencialmente las necesidades de tareas de cuidado , que fueron asumidas en un número mucho más alto para las mujeres que por los hombres.
Cabe destacar que las medidas de contención de la pandemia promovidas tanto por el gobierno español como por el catalán han sido políticas al por mayor en las que no se han tenido en cuenta las desigualdades existentes. Desde una lógica del café para todos, se han aplicado medidas que no afectaban a todos por igual, generando nuevas desigualdades.
Ha sido así, por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufren violencia de género, que durante el confinamiento domiciliario se han visto cerradas en casa con su agresor y con pocas o nulas posibilidades de apoyo comunitario y de servicios dirigidos la emancipación de las mujeres.
En el caso de las mujeres embarazadas, también se han visto vulnerados sus derechos: no se las ha considerado un colectivo de especial protección ni se han tenido en cuenta sus necesidades. Como ejemplo, durante los meses de confinamiento más duro se promovió evitar las visitas a los centros sanitarios, reduciendo las pruebas de control del embarazo, y en caso de hacerse estas pruebas, las autoridades sanitarias impedían el acompañamiento de visitas . Así, el sistema dejó solas a estas mujeres en momentos de especial trascendencia.
De igual manera, muchas mujeres han tenido que parir sin acompañantes o se han visto alejadas de sus criaturas al nacer en caso de estar contagiadas de Covid-19, cuando toda la evidencia científica destaca la escasa afectación de la enfermedad sobre los bebés en el remoto caso de contagio.
Así, la pandemia, pero también la ausencia de perspectiva de género en las políticas aplicadas para la contención de la Covid19, ha hecho crecer las desigualdades de las mujeres y ha feminizado la pobreza en mayor grado: ellas son las que han recibido más presión en sus puestos de trabajo en primera línea de la pandemia, ellas son las que han visto como se incrementaban las tareas domésticas y de cuidado.
Desde la acción social debemos reclamar políticas al por menor, microscópicas, que tengan en cuenta la realidad social y las desigualdades existentes, a fin de que las actuaciones de «protección de la población» que se promuevan a partir de ahora no tengan afectaciones tanto desiguales y no agraven aún más la vulnerabilidad que ya sufren muchas personas.
