El hecho de que un mayor número de jóvenes se dirijan a la FP constituye una buena noticia. Por fin las informaciones sobre la mejor inserción laboral de los graduados de FP debido a una creciente demanda de esas titulaciones por parte de las empresas para renovar sus plantillas han calado en la población. Pero, por otra parte, se constata que el sistema de FP no estaba preparado para recibir el incremento deseado. Bienvenida sea, pues, la nueva ley si ayuda a encarrilar el desarrollo de la FP.
La forma en que se resuelva la escasez actual de plazas condicionará el éxito de la misma Ley. Es imperioso ofrecer una salida aceptable a esta generación de jóvenes que, afectados por las restricciones y dificultades provocadas por la pandemia de la Covid 19, están buscando en la FP el camino para orientar positivamente su futuro profesional. Una nueva frustración en este campo marcaría toda la generación. La pandemia ha demostrado la gran capacidad para improvisar de forma extraordinaria todos los recursos necesarios para hacerla frente. Apliquemos a esta nueva emergencia educativa la misma estrategia. El futuro de las nuevas generaciones y el de todos está en juego.
El proyecto de ley tiene un carácter de ordenación del sector y plantea una serie de cambios largamente requeridos para adecuar la normativa a las necesidades de las empresas, centros y jóvenes. Es una ley de reajuste y desbloqueo de ciertos nudos que se habían enquistado en el sistema educativo y que impedían el pleno desarrollo de algunos mecanismos e instrumentos necesarios para su buen funcionamiento.
La ley finalmente aborda la tan deseada integración del sistema, con una propuesta de un esquema único, modular y flexible, innovador y coherente que ordena de forma ascendente desde las micro credenciales hasta los títulos y especialidades más completas en correspondencia con los marcos europeos de cualificaciones. Es un buen punto de partida que requerirá mucha decisión política y grandes dosis de consenso, básicamente entre administraciones públicas, y mucha flexibilidad para que su aplicación sea efectiva. La ley pasa de puntillas en la relación modular entre los certificados y los títulos de los ciclos formativos, núcleo gordiano de la integración del sistema. Por lo que habrá que esperar al desarrollo reglamentario para conocer el detalle de la superación de este aspecto.
Al situar la formación profesional como un sistema unificado que cubre desde la formación inicial hasta la formación continua a lo largo de la vida, el legislador se ve obligado a incorporar en el diseño todas las transiciones que cubren dicho recorrido, situando la formación como el elemento clave de la relación entre escuela, empleo y paro. Para que este enfoque, que es coherente, sea eficaz, debería diseñar claramente su interrelación con los otros elementos que integran las transiciones, básicamente las políticas activas y pasivas de empleo. Ello no se aborda en la ley y se deja en manos de una deseada coordinación con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si no se aborda correctamente esta cuestión se corre el peligro de que el sistema continue tozudamente bifurcado. Se trata de una cuestión compleja no solamente política sino también técnicamente que requerirá mucho trabajo de especialistas durante la tramitación parlamentaria.
Hay que reconocer la valentía del Ministerio de Educación al haber lanzado la propuesta de integración, y su huella queda reflejada en todo el redactado de la ley, pero por ejemplo ¿cuál es la opinión de la Fundae y el SEPE? ¿Cómo se integra en el sistema la formación continua de demanda por parte de las empresas? Se apuntan algunas líneas que deberán ser desarrolladas y concretadas en el debate posterior, si no se quiere dejar fuera de juego a una parte importante del sistema de formación.
Sobre la formación profesional dual, hay que celebrar la apuesta decidida para que toda la oferta sea dual diseñando un modelo, a la española, coherente con la tradición de las prácticas en empresas que ha caracterizado el modelo anterior y que ha sido uno de los motores de la renovación de la FP en España. La estrategia del doble modelo, general e intensivo, alargando las prácticas y convirtiéndolas en contribución formativa de las empresas inicia un camino de experimentación interesante e innovador adaptado a las características del tejido productivo español que puede tener transcendencia más allá de las fronteras en otros países, incluso en países centrales del modelo dual centroeuropeo.
El éxito de este modelo dependerá de la reforma del contrato de aprendizaje para adaptarlo realmente a las necesidades de la relación laboral de la formación dual y a la implicación de las empresas en un cambio cultural de gestión de la formación en la que tendrán mucho que ver y decir los agentes sociales, tanto los empresariales como los sindicales, cuyo papel queda demasiado genérico en el proyecto de ley. El diseño adecuado de los incentivos para el cambio cultural en las empresas será clave para ello.
La extensión y universalización de la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación es otro de los aciertos de la propuesta de la ley. Todas las evaluaciones de dicho mecanismo desde su puesta en marcha apuntaban al escollo de las convocatorias selectivas como principal freno a su expansión. En este caso, también, el éxito dependerá de su integración en los mecanismos de orientación y, sobre todo, del papel de los agentes sociales, y aunque en este punto se realza su papel, dependerá de cómo se concrete para que su resultado sea el esperado.
En la relación entre FP y universidades también se desbloquea una liza de intereses, encontrando un equilibrio que puede generar complicidades fructuosas.
La orientación suele ser el patito feo de todas las leyes de educación. Aunque en este caso hay avances continúan siendo muy genéricos sin que se concreten los medios y los mecanismos para hacer posible lo que se predica. Por ejemplo, no se hace una apuesta decidida por la profesionalización de la figura del orientador en los centros. La formación de los docentes en la materia, como muy bien se propone en el proyecto de ley, no es suficiente para abordar los retos de la orientación en toda su complejidad que continúa ancorada hacia los itinerarios formativos quedando coja la orientación profesional para la circulación en un mercado de trabajo altamente volátil y convulso. La perspectiva de la integración del sistema requiere insistir en la centralidad de la orientación que abarca toda la trayectoria de la carrera profesional de una persona. Difícilmente se pueden separar los aspectos formativos de los estrictamente de gestión de la empleabilidad.
Han quedado algunos temas en el tintero que podrían tener una segunda oportunidad en el trámite parlamentario.
Las necesidades de cualificación de las empresas requiere replantear la combinación de polivalencia y especialización de la oferta de los ciclos formativos. Incorporar más flexibilidad en esta cuestión favorecería también la planificación territorial de la oferta, especialmente en las zonas de despoblación, cuestión que se introduce por primera vez en la ley.
La cultura educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional planea en todo el redactado del texto. Sería aconsejable intentar entender mejor la cultura del mundo de la empresa. Por ejemplo, si se opta por la preponderancia de los centros en los procesos de evaluación sobre los tutores de empresa, sería aconsejable compensarla con una mayor presencia de los agentes sociales, especialmente de las empresas en los centros de formación.
Prácticamente no se abordan cambios en la gobernanza del sistema. La experiencia de las últimas décadas es suficientemente rica para mejorar en eficacia y capacidad de consenso de los organismos rectores del sistema. Sigue sin abordarse el papel de las administraciones locales, especialmente en la coordinación local de la oferta formativa y su relación con el mercado de trabajo. Esta cuestión es cada vez más importante en las ciudades medianas y grandes. Hay suficientes buenas prácticas en este terreno para sacar conclusiones y propuestas.
Se aborda muy superficialmente cómo asegurar que todos los jóvenes que obtengan un titulo o certificado de FP dominan las competencias necesarias en idiomas y de las herramientas digitales, demanda urgente por parte de las empresas.
Finalmente, situar la FP como una de las palancas claves de la innovación y competitividad de las empresas requiere incentivar adecuadamente las inversiones en formación de las empresas y de los trabajadores a lo largo de toda su carrera profesional. Elaborar un paquete de incentivos eficaces contribuiría en gran manera a ello.
El proyecto de ley es una buena propuesta, resuelve algunos de los problemas pendientes y flexibiliza el sistema, preparándolo para afrontar los cambios que se están produciendo, pero hará falta una buena gobernanza y una toma de decisiones valiente para gestionar los retos de futuro que se avecinan. El trámite parlamentario puede aportar un trabajo fino de ajuste muy técnico para mejorar algunos aspectos que pueden entorpecer su eficaz aplicación.
