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Allá por mediados de febrero, el sindicato andaluz Ustea puso en marcha una campaña para organizar una ILP con la que bajar las ratios en Andalucía. Para elo solicitó y consiguió el apoyo de una parte importante de la comunidad educativa. Para empezar, de sindicatos tan distantes como ANPE y CGT (que según Carmen Yuste, secretaria general de Ustea, están trabajando muy activamente en la recogida de firmas), pero también CCOO y UGT. También de organizaciones de familias como FAMPA Nueva Escuela de Sevilla, por ejemplo. Y de partidos políticos como Adelante Andalucía, Podemos o PSOE. Cada uno, eso sí, con diferentes grados de implicación.
En cualquier caso, les quedan todavía tres meses para conseguir el objetivo obligatorio de las 40.000 firmas. Con ellas, podrán llevar la ILP al Parlamento andaluz que tendrá que debatirla sí o sí. Este es uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa, que cada quien «se haga la foto» en el debate. Un debate que tendrá que darse, sí o sí, a pesar de la convocatoria de elecciones anunciada para finales de este años. A pesar de que el parlamento de disuelva, las ILP no decaen y, cuando vuelva a abrir sesiones la asamblea autonómica, podrá reactivarse.
Yuste explica, eso sí, que como se acerca el final de curso y el verano, van a solicitar una ampliación del periodo de recogida de firmas para, además de las que se reciben físicamente, poder hacerlo de manera telemática. Esto les daría un poco más de oxígeno, hasta mediados de octubre, para presentar toda la documentación necesaria.
Hasta que esto ocurra, comenta Carmen Yuste, que ya la próxima semana van a intentar reuniones con los grupos parlamentarios de la Cámara para que se posicionen en relación a la ratios.
Ratios
En Andalucía, como en otras comunidades autónomas, en los últimos años se utiliza, dicen las y los promotores de la ILP, el 10 % de incremento legal del número de chicas y chicos en clase (dedicado a la matrícula viva) para aumentar de facto las ratios de las aulas. Los máximos legales son: infantil y primaria, 25; secundaria y FP, 30, y bachillerato 35. Según el texto de la iniciativa popular no sería raro clases de 28, 33 y 38 estudiantes respectivamente.
Aunque las organizaciones promotoras de la ILP son conscientes de que estas ratios están contempladas en la legislación estatal (el decreto 14/2012 del Ministerio dirigido por José Ignacio Wert las elevó para reducir los costes salariales y el actual Gobierno de coalición no terminó de revertir esta situación al permitir a las autonomías la última palabra), critican a la Junta de Andalucía el no mejorar la situación de las aulas públicas, aun teniendo margen de maniobra.
Andalucía, una vez descontados los datos de Ceuta y Melilla cuyas ratios son, con diferencia, las más elevadas de todo el Estado, quedaría al final de la lista, solo superada por Cataluña y bastante cerca de Madrid (que empeora o empata algunas de las cifras de Andalucía).
En formación profesional, las cosas cambian un poco, pero Andalucía sigue a la cola. Solo «superada» por Murcia y Madrid que, globalmente, tienen las peores ratios.
Las y los promotores de la ILP la pusieron en marcha hace tres meses precisamente por estos datos tan elevados en las ratios de todo el sistema educativo andaluz y, además, basándose en los datos de fracaso y abandono educativos que tiene la comunidad, también entrem los peores de todo el Estado.
Defienden que la bajada de la natalidad en la comunidad (y en el resto del país) puede utilizarse para rebajar las ratios por aula (a pesar de que es la razón que suelen esgrimir algunas administraciones públicas para el cierre de aulas y centros públicos).
Las organizaciones que han puesto en marcha la recogida de firmas para esta iniciativa legislativa quieren reducir las ratios a 20, 25 y 30 alumnos respectivamente, además de incluir en la legislación andaluza algunas otras cuestiones, como las ratios máximas para otros profesionales como las de orientación (250 chavales por profesional); idéntica cifra se defiende también para PT y AL, entre otras modificaciones.
