Hablamos con los tres investigadores sobre determinados asuntos del informe que levantó ciertas ampollas. El texto vio la luz al día siguiente del congreso de Escuelas Católicas y pocos días tras la publicación del informe anual de Ceapa y Cicae sobre el cobro de cuotas en la concertada. El objetivo era, y es, repasar cuál es el contexto internacional sobre los conciertos educativos (más extendidos de lo que se cree) y de cómo algunos de estos sistemas intentan responder a la segregación escolar empujada por la provisión privada subvencionada con fondos públicos.
Es sobre la premisa de que España tiene este sistema dual sobre la que ha trabajado el grupo investigador, para informar un posible debate sobre qué papel debe cumplir la concertada, cuáles son sus características y cómo se puede mejorar la situación de la segregación escolar mediante decisiones que impacten sobre la corresponsabilidad de la concertada y la gratuidad de sus servicios.
¿Por qué se hace este estudio? ¿Por qué el contexto internacional?
Adrián Zancajo
Este informe es una adaptación de uno que se hizo en el contexto de Cataluña, también con una comparación internacional. A raíz de este texto, observamos cierto interés por plantear este debate con una mirada más estatal. Era un tema de debate general, aunque con connotaciones diferentes según el territorio. De hecho, el papel que jugó todo el tema de la concertada en la Lomloe situaba que aquí hay un elemento de debate.
La cuestión de la mirada internacional creo que responde a dos elementos principales: uno es que la escuela concertada se presenta como una especie de excepcionalidad española. Nuestra idea era decir que el modelo de conciertos es homologable a otros esquemas de financiación pública a la escuela privada. Aunque hay pocos países como el español, de ahí la excepcionalidad, con unos porcentajes de escuela subvencionada tan altos.
Otra cuestión básica en este debate es esta idea de que las reformas, el hablar sobre el modelo de conciertos, son una cosa que va más allá del contexto español, se produce en otros lugares, es una tendencia internacional. Los retos del modelo no son únicos de España y, quizá, ponerlos en una perspectiva internacional ayuda a identificar qué margen de acción hay para ver la cuestión desde un enfoque de equidad educativa.
Nos llama la atención la reacción ante la propuesta de una mayor transparencia en las cuentas públicas como ataque a la autonomía
Tras unos días desde la publicación, no sé qué feedback os ha llegado, precisamente por esta politización.
Clara Fontdevila
No hemos recibido más feedback desde el día de la presentación. Lo que sabemos es lo que se ha visto en los medios. Sabemos de la posición no muy positiva desde la patronal de la concertada pero no nos han aproximado más. De hecho, sorprende la dificultad de tener este debate cuando sale una publicación como en este caso; no hay espacio para tener este debate.
Adrián Zancajo
Cuando lo presentamos en Cataluña nos llamó la atención que el argumento era que de lo que hablábamos no era importante y que, por lo tanto, no tenía sentido hablarlo. El otro día, se hicieron algunas intervenciones en el seminario en el que lo presentamos, pero leyendo las declaraciones de (Luis) Centeno (secretario general adjunto de Escuelas Católicas), nos llama la atención la reacción ante la propuesta de una mayor transparencia en las cuentas públicas como ataque a la autonomía.
La concertada no tiene demasiado interés en que haya debate y sí en que se mantenga el statu quo. Estamos en un contexto de menor financiación que en el sector público, y esto da carta de naturaleza al cobro de cuotas o a la selección. En algunas entrevistas más en privado que hemos hecho para el informe, nos dio esta impresión de que no había ganas de debatir más allá de la financiación. Pero la idea es que cualquier reforma debe ser algo más que única y exclusivamente este tema, y no vemos mucha predisposición a hablar de corresponsabilidad o de gratuidad en el sector concertado.
Clara Fontdevila
En cualquier caso, el hecho de que no exista este espacio de debate o que no se haya dado, también dificulta saber cuáles son las posiciones de la concertada. Se dice siempre que es heterogénea pero solo conocemos las reacciones más extremas. No sabemos cómo son otras partes de la concertada.
Me gustaría hablar de ese titular que lanzáis sobre la relación de los conciertos con la falta de equidad ¿Podéis explicarlo someramente?
Adrián Zancajo
Lo que sabemos a nivel internacional y que se replica en la evidencia en España es que en los contextos en los que hay una importante presencia de escuela privada que recibe fondos públicos tienden a tener mayores niveles de segregación escolar. Esto, aunque es difícil generalizar porque es algo muy contextual, muchas veces se explica por las políticas que acompañan a los modelos de provisión mixta como la elección escolar o la competencia entre centros en un contexto de financiación per capita o por grupo. Lo estamos viendo con la caída demográfica… Esto hace más evidentes las dinámicas de mercado en educación y, de hecho, las facilita.
Según nos dice la evidencia internacional, cuanto más intensas son estas dinámicas, mayores son los niveles de segregación y de estratificación social entre centros. Estos no son fenómenos exclusivos de sistemas educativos con modelos de provisión mixta, pero es cierto que donde esta existe, las opciones de las familias para evitar ciertas escuelas o para conseguir mayores niveles de cierre o clausura social son mayores.
En el caso español, convive la provisión pública con una concertada que es muy heterogénea que, en algunos casos, tiene barreras de acceso como pueden ser las cuotas, obligatorias de facto en muchas Comunidades Autónomas. Este es un elemento de los sistemas de provisión mixta, sea porque es parte del diseño de la política o porque ocurre de facto, y que tiende a exacerbar estas dinámicas y lógicas de competencia y elección. Esto tiene un impacto negativo especialmente en aquellas escuelas que concentran a alumnos de perfil socioeconómico bajo y genera problemas de equidad en términos de éxito académico, pero no solo de la nota en el examen.
Que la concertada en España sea de origen religioso creemos que puede funcionar como un elemento de autoexclusión
Toni Verger
Las cuotas actúan como una barrera de facto para el acceso de familias con menor poder adquisitivo, pero hay otros elementos menos estudiados y que sería interesante que lo fueran en el futuro como, por ejemplo, que un porcentaje tan importante de la concertada en España sea de origen religioso. Esto creemos que puede funcionar como un elemento de autoexclusión para ciertas familias.
Habláis de la importancia de la política autonómica, piedra de toque en todo este asunto. De cómo Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi han hecho intentos de mejora. Me gustaría preguntaros por la de Valencia, por ser la que más tiempo lleva en marcha, desde 2017. No sé si tenéis datos de cómo ha funcionado.
Adrián Zancajo
No, la verdad. Uno de los problemas es que hay iniciativas, pero muy poca evidencia de su impacto. Nos ocurre en Cataluña también. El decreto de admisiones tiene un componente de redistribución entre pública y concertada; lo que nos ocurre (creo que es algo generalizado en el país) es que las políticas públicas no se evalúan. Necesitamos algo más de evidencia sobre el impacto para saber concretamente qué instrumentos de regulación pública pueden mejorar en términos de equidad.
Clara Fontdevila
Lo que sí demuestran estas experiencias más o menos recientes son las resistencias que generan. Creo que esto sí da evidencia. Es una de las principales conclusiones que se pueden sacar en este momento de las experiencias de tratar de regular el sistema de conciertos.
En el caso de Valencia y el mapeo que se hizo hace unos años, solo en la ciudad, se generó mucha polémica en la que se incluyeron denuncias al equipo de investigación de la universidad.
Adrián Zancajo
Nosotros situamos algunas posibilidades de regulación y de política pública centrándonos en cuáles son las experiencias internacionales y cuál es la situación de España en términos de las diferentes regulaciones. Pero hay un elemento muy importante de economía política que hay que tener en cuenta y que explica, relativamente, el posible fracaso de algunos procesos de reforma. Los sistemas de provisión mixta con regulaciones más laxas generan situaciones privilegiadas para algunas escuelas que pueden atraer una demanda muy específica y para algunas familias que tienen acceso a un tipo de servicio educativo que en otros contextos, seguramente, serían en centros privados sin subvencionar. Estos intereses no son menores a la hora de entender las resistencias.
No tenemos evidencia para España pero hay similitudes en procesos de oposición y resistencia a cualquier regulación. Evidentemente, no tenemos clara la solución. Cualquier pequeño ajuste de la regulación que afecte a las condiciones en las que opera la escuela concertada genera resistencias de los proveedores, patronales y familias. Encontramos ejemplos muy claros como el de la plataforma Más Plurales.
Algunas experiencias de reforma creo que han subestimado la resistencia que podía generar cualquier cambio. En Cataluña tenemos a las principales patronales de la concertada firmando el pacto contra la segregación escolar, que genera un decreto de admisiones que todo el mundo reconoce que operativiza lo que estaba firmado en el pacto y, en cambio, hay una recogida de firmas específica contra el decreto por parte de las familias, pero promovido por las patronales. Esta experiencia demuestra que cualquier proceso de reforma debe tener muy en cuenta que generará resistencias y no es un proceso neutral de política pública en el que se hace un cierto número de ajustes de forma aséptica… Aunque también hay concertada que ganaría con la reestructuración, pero hay un equilibrio muy complejo.
La renovación de grupos concertados tiene que vincularse a unos niveles mínimos de corresponsabilidad en la matrícula del alumnado más vulnerable
Decís en el informe que se trata más de una decisión política que técnica aunque enumeráis posibles soluciones técnicas, de algunas de las cuales quería preguntaros. Por ejemplo, habláis de reforzar de la planificación escolar, pero ¿os referís a ámbitos más autonómicos o estatales?
Adrián Zancajo
Hay que tener en cuenta el proceso de descentralización educativa de España. La ley orgánica puede ser más o menos explícita sobre los criterios, pero que estos sean muy específicos hace que no se adapten bien a la realidad de cada territorio. Por lo tanto, hay que entender que hay margen de maniobra en las CCAA que puede ser positivo porque la planificación educativa es diferente según el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona y otras zonas de Cataluña.
Lo que venimos a decir, básicamente, es que además de la demanda social como criterio para autorizar y renovar conciertos, hay una cierta tendencia internacional a incluir elementos de planificación educativa. Hay que ver cuál es la oferta existente en el territorio para ver la necesidad, para que no haya sobreoferta que genere más segregación escolar; hay que ver, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, si la planificación y autorización de un concierto tiene en cuenta cómo contribuye a la diversidad de la concertada en un territorio; hay países, y en Cataluña, municipios, que han optado por ver qué efectos tendría la renovación de un concierto. El debate está abierto. La idea básica del informe es que la mayoría de países con sistemas de conciertos o de financiación pública para escuelas privadas, comparables al nuestro, cuando han hecho reformas en términos de reducción de segregación escolar y de mejora de la equidad, lo que han hecho ha sido combinar los criterios de la demanda social con los de planificación educativa.
Otra cuestión es que hay CCAA donde la planificación de la concertada se rige por unos criterios y la de la pública, por otros. Tenemos evidencia de que cuanto más homogéneos sean esos criterios y que ambos sectores sean diferentes pero equivalentes (algo que se recoge en la normativa), mejores son los datos de equidad. Habría que transitar a homogeneizar esos procesos de planificación de oferta.
La otra cuestión de la planificación es que la renovación de grupos concertados tiene que vincularse a unos niveles mínimos de corresponsabilidad en la matrícula del alumnado más vulnerable. Yo creo que es un elemento discriminatorio para entender qué concertada quiere tener un rol equivalente al sector público, con sus particularidades de autonomía, y qué concertada está queriendo ofrecer una escuela privada independiente financiada con fondos públicos.
Toni Verger
Nosotros no nos posicionamos al respecto. No planteamos que las planificaciones autonómicas deban tener un mayor rol, sino que constatamos que ahora es la administración autonómica la que tendría que aterrizar las líneas que se deciden en la ley orgánica. Esto tiene riesgos y virtudes. La virtud sería que la realidad autonómica de la concertada puede ser muy diferente; Castilla-La Mancha y Cataluña, por ejemplo, requieren de distintas regulaciones. Entre los inconvenientes puede estar el desarrollo de diferentes modelos de regulación que se desmarcan de leyes orgánicas que apuestan más por la equidad. Es el caso de Madrid que intenta crear un sistema educativo singular que se desmarca de los principios más socialdemócratas de equidad del marco de la ley orgánica yendo a principios más de mercado aprovechando la autonomía para desarrollar un modelo que creemos que puede acentuar las desigualdades educativas.
La corresponsabilización no puede ser algo que ocurra o no, sino que tiene que ser parte del proceso de regulación y gobernanza del concierto educativo
No sé si hay algún sistema o país que haya ahondado en la corresponsabilidad de los centros de iniciativa privada. ¿Conocéis de algún caso interesante que pudiera implementarse en España?
Adrián Zancajo
Tenemos algunas evidencias sobre el impacto, pero hay iniciativas como el desarrollo de cuotas de escolarización para el alumnado que en España es NE . Cataluña está transitando un poco en esa dirección, de tener una situación más comprensiva. Hay sistemas, como en la Bélgica flamenca, que plantean la necesidad de que en las escuelas se refleje la posición socioeconómica del área en la que se encuentran; esto también pasaba en el decreto de conciertos catalán, de alguna manera, aunque no se ha aprobado. Hay otros elementos, como los que hemos planteado: vincular la renovación de conciertos a ciertos niveles de corresponsabilidad, algo tan fácil como que todas las escuelas de un área escolaricen un porcentaje de alumnado vulnerable similar al de su zona. Se puede dar un margen a los concertados para que se consiga, pero tiene que ser un criterio para renovar o autorizar un concierto.
Clara Fontdevila
Solo apuntar que la propuesta de la corresponsabilidad se puede hacer desde diferentes ámbitos reguladores. Desde la renovación de conciertos pero, también, en los procesos de admisión de alumnado al condicionar la financiación a la corresponsabilidad. Hay que utilizar este tema desde diferentes ámbitos reguladores para que avanzar.
Adrián Zancajo
La corresponsabilidad tiene que ser un objetivo muy explícito de la regulación de los conciertos. No se puede hacer una regulación para la escuela concertada y luego tener un problema de estratificación social. Igual que la regulación de conciertos establece unos estándares mínimos en relación al edificio o la certificación de los profesores, la corresponsabilización no puede ser algo que ocurra o no, sino que tiene que ser parte del proceso de regulación y gobernanza del concierto educativo.
La corresponsabilización, o mayores niveles, solo se va a conseguir si hay una práctica administrativa que apuesta por ello. Ya hemos visto que mayor capacidad de elección para las familias, y Madrid es ejemplo, genera mayor segregación escolar. Por lo tanto, la regulación pública, nos lo dice la OCDE, tiene que acompañar estos procesos de corresponsabilización para compensar dinámicas propias de las familias que lógicamente piensan más en la escolarización de su hijo y no en la distribución equilibrada del alumnado, que es responsabilidad de la administración pública.
No es que haya que eliminar la capacidad de elección de las familias, pero sí encontrar un balance. La zonificación es lo que pretende
Esto me remite a la zonificación y a uno de los argumentos que daba Luis Centeno hace unos días: que era fundamental romper con las zonas de escolarización. Esto lo ha hecho Madrid, y tiene el índice de segregación más alto de Europa después de Hungría. ¿Qué papel tiene la zonificación?
Adrián Zancajo
Este paradigma de que más elección genera más oportunidades para las familias vulnerables ya está descartado por la evidencia. La OCDE publicaba hace unos años un informe llamado Equilibrando la elección escolar y la equidad (https://www.oecd.org/publications/balancing-school-choice-and-equity-2592c974-en.htm) donde decía que las políticas que reducían la proximidad de la escolarización, es decir, la zonificación, tendían a agrandar la segregación escolar. Por lo tanto, el debate internacional está más en encontrar el equilibrio, sobre todo en contextos donde ha habido tradicionalmente una cierta capacidad de elección de escuela; en encontrar un nivel de elección que pueda conjugar el dar a las familias cierto margen de maniobra para elegir proyecto con fomentar cierta escolarización de proximidad.
Clara Fontdevila
Es lo que se llaman sistemas de elección controlada, en los que hay cierto margen de elección pero con limitaciones precisamente para conseguir una distribución equilibrada del alumnado. Creo que el debate está en cómo ajustar estas fórmulas, estos mecanismos y no en dar libertad total.
Adrián Zancajo
El paradigma de mayor elección menos segregación, con todos los matices, ha sido abandonado por las principales organizaciones internacionales que habían apostado por más elección. Todo el mundo reconoce que no es que haya que eliminar la capacidad de elección de las familias, pero sí encontrar un balance. La zonificación lo que pretende es encontrarlo.
En la mayoría de contextos, en el español también, la segregación escolar tiende a ser mayor que la residencial. Por lo tanto, las políticas que fomenten una escolarización de proximidad acercarán más la segregación escolar a la residencial. Con esto ya haríamos un gran avance. No es la panacea pero cuanta más escolarización de proximidad, habrá menos segregación escolar. El debate está ahora en ver cómo se conjuga la capacidad elección de las familias con otros elementos de planificación y equidad educativa.
No puede ser solo la demanda social y la inercia las que velen porque la distribución del alumnado sea equilibrada
Toni Verger
Zonificación mejor que zona única, aunque en la primera hay varias opciones. Se debe intentar que las zonas combinen una población lo más heterogénea posible, porque si la zona escolar reproduce dinámicas de segregación urbana, quizá la distribución del alumnado no tenga tanto sentido; hay que jugar con la zonificación para que permita la desegregación.
Adrián Zancajo
De la misma manera, la zonificación, con sobreoferta, de facto no aplica. Si tú quieres escolarizar a tu hijo en una zona en donde hay una sobreoferta brutal porque no se ha planificado o porque se mantienen plazas de concierto innecesarias, los puntos de proximidad no aplican al haber más oferta que demanda. Por lo tanto, la zonificación necesita de una mayor planificación en términos de criterios de oferta educativa para tener mejores efectos o impactos en términos de equidad. La zonificación es una concepción más comprensiva de esta idea de que no puede ser solo la demanda social y la inercia las que velen porque la distribución posterior del alumnado sea equilibrada.
Me chocó, del estudio, que habléis de un aumento del módulo de concierto para que las familias con menos recursos puedan ir a la concertada. Parece una manera de corresponsabilizar a la concertada aunque por la puerta de atrás
Adrián Zancajo
Más bien por la puerta de delante. Es evidente que cada plaza de concertada les cuesta a las administraciones menos que una pública, aunque hay que saber exactamente cuánto porque el debate es muy técnico. Es la principal queja constante de la concertada. En el informe decimos que cualquier debate sobre la mejora del módulo de concierto tiene que ir acompañado de un debate o de reformas políticas de corresponsabilización. No puede ser: “Mejorad el concierto que yo me aseguro después de ser corresponsable”. Mejora del concierto para aquellas escuelas que asuman un compromiso firme con la corresponsabilización y con la gratuidad. Estos dos debates no pueden ir por separado.
No podemos pedir a una concertada, y esto ocurre, que escolariza en unos contextos de inmigración, a veces por encima de escuelas públicas de la misma zona, que haga lo mismo con menos recursos.
Se trata de abrir el debate más allá de la financiación, que es el que quiere la concertada, y transitar hacia un modelo de conciertos que pueda asumir más la equidad. La apuesta del informe, por lo tanto, es: tengamos un debate sobre financiación y si tenemos que aumentar el módulo en un porcentaje, esto tiene que ir en paralelo con una negociación de qué quiere decir corresponsabilidad y qué niveles de corresponsabilidad son merecedores, es una forma de hablar, de recibir financiación pública.
Clara Fontdevila
Solo una concreción aquí porque cuando hablamos de esto hay cierta confusión. Lo que proponemos no es solo el aumento de la financiación condicionado a la gratuidad, sino que la continuidad del régimen de conciertos vaya condicionado a la gratuidad. No proponemos que sea optativo: aumentamos la financiación a cambio de más corresponsabilidad pero, quien no quiera, que continúe con la financiación mínima. Lo que queda condicionado es la continuidad.
Las administraciones tienen poca información sobre en qué se utiliza el módulo de conciertos
Esto remite a la transparencia y rendición de cuentas. ¿Sabéis que información ha de facilitar una entidad a la administración para renovar?
Adrián Zancajo
Varía mucho entre comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, hace falta un certificado del consejo escolar de la escuela que asegure que el módulo se ha utilizado en aquellos elementos que permite su regulación, sin dar más detalles. Las CCAA tienen muy poca información, en términos generales, no digo que en todas, sobre qué se cubre con el módulo.
La rendición de cuentas sobre el módulo de conciertos es muy generalista y las administraciones tienen poca información sobre en qué se utiliza el módulo de conciertos. No es tanto una cuestión de que pueda haber lucro o un mal uso, sino de la necesidad de entender exactamente qué se está cubriendo con el módulo. Es una información necesaria para tener un debate más objetivo sobre la financiación. Una rendición de cuentas que permita un debate más informado y que la administración pueda tener un mayor mejor fotografía de las diferentes escuelas concertadas que gestiona.
Toni Verger
Por esto no entramos al detalle en el caso español, porque desconocemos la realidad de otras comunidades. En el informe de Cataluña proponíamos una plataforma única de pagos que aplicaría a ambas redes para que, de esta manera, se garantizara la gratuidad y la transparencia en la rendición de cuentas financiera.
También hay un apartado de rendición de cuentas que tiene más que ver con los procesos educativos que, normalmente, está a cargo de los servicios de inspección. Una cosa que hemos constatado en Cataluña, pero también en Madrid y en Euskadi, es que la Inspección no se toma tan en serio el sector concertado como el público. Y debería aplicar los mismos criterios también en la escuela concertada. Es un elemento de mejora si queremos ir a la equivalencia.
Adrián Zancajo
Solo por hacer el apunte, y lo digo porque nos lo recriminan muchas veces, el informe es sobre la concertada, lo cual no quiere decir que no haya problemas de cuotas y de costes en el sector público. Pero sabemos que el patrón general es que en la concertada, y así lo muestran las encuestas de gastos de los hogares, los costes que asumen las familias son mucho mayores, de media, que en la pública. No quiere decir que en esta no haya cuotas de material, de AMPA, que son obligatorias de facto.
La discusión de las cuotas es uno de los puntos clave. Presentasteis el informe unos días después del de Cicae y Ceapa sobre cuotas… Con divergencias entre centros que cobran 900 euros y otros, 40… o nada…
Adrián Zancajo
Una parte de las cuotas, hay que reconocerlo, se justifica porque la concertada recibe menos financiación pública. Pero claro, las cuotas de 500, 600, 900 euros no están explicadas. No sé cuál es la cuota equivalente al déficit de financiación pública, pero si en Cataluña tenemos escuelas operando con 150 o 200 euros, y otras con 500 y hasta 900, quiere decir que hay una parte que tiene otros causantes que no son simplemente el déficit.
Cataluña es un lugar en el que la escuela privada (no subvencionada) es ínfima: 0,4 o 0,9%. Esto no ocurre, por ejemplo, en Madrid, que tiene casi un 10%. Pero que Madrid tenga este porcentaje y que en el País Vasco o Cataluña sea marginal con el nivel de desarrollo económico y de clases medias y altas en las tres comunidades, demuestra que algunas escuelas concertadas de estas comunidades, en otros contextos de regulación más estrictas, no estarían concertadas.
La última pregunta es si no contempláis el fin de los conciertos en este pelear hacia la equidad.
Adrián Zancajo
En un artículo en El País, cuando presentamos el informe catalán, decíamos que nos parece una posición totalmente legítima desde el punto de vista democrático. Hay derecho a que exista educación privada pero ninguna obligación del Estado a financiarla. Hay que partir de esta base.
El informe nace de ver cómo se regula la subvención en otros países. Partimos, pues, de la regulación. Personalmente, me da la impresión de que propuestas maximalistas pueden presentarse de manera tan inviable políticamente que lo que hacen es reforzar el statu quo: si hablamos de cerrar los conciertos, no hablamos de qué cuotas no están dentro del concepto de concierto educativo o de otras cuestiones.
Clara Fontdevila
Es un debate legítimo pero que a veces impide avanzar en una agenda de equidad en un modelo que ya existe, el de conciertos, que es el que está aquí.
Adrián Zancajo
La concertada es un sector muy diverso. Es concertada la que tiene carácter social o las cooperativas de familias o las ikastolas vascas. Hace falta un debate más quirúrgico. Como decíamos en el informe de Cataluña, hay escuelas concertadas que no deberían ser concertadas. Hay que plantear el punto de vista de iniciativas que pudieran ser más comunitarias, si tienen el mismo tratamiento que una sociedad limitada.
Toni Verger
Hay una concertada social que ahora mismo es la principal víctima de la situación de regulación inadecuada y que podría ser la principal beneficiaria de nuestras propuestas pero cabe que la misma concertada tenga un debate interno sobre quiénes son y hacia dónde quieren ir. El hecho de que la patronal represente concertadas de élite y sociales simultáneamente dificulta que tengan una posición. Quizás a la larga podrían tener este debate interno y que cierto sector transitara hacia una provisión privada, otra se mantenga en el servicio público y otras, incluso, como en Cataluña ya sucede, pasaran a la red pública, lo que les daría una cierta estabilidad en su proyecto educativo. Sobre todo en el invierno demográfico en el que nos encontramos.
Clara Fontdevila
Hay una parte de la concertada que está muy cómoda con el statu quo, pero hay que tener en cuenta otra parte de la concertada que, en este invierno demográfico, ve su viabilidad económica amenazada y, por lo tanto, el statu quo no le beneficiará en el corto plazo. Es un sector con intereses distintos.
Adrián Zancajo
Tampoco es que el informe haga una apuesta por la regulación como camino correcto. Lo que pretende el documento es informar un posible debate, como el de la negociación de la Lomloe o el del decreto de admisiones y conciertos de Cataluña. Nosotros partimos de la posición normativa existente y, si se apuesta por una equivalencia entre sectores, vemos qué elementos de regulación pública se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, el informe no parte de un debate inicial sobre cuál es la mejor opción. Dejar claro que el debate más amplio sobre el modelo de conciertos en sí es legítimo.
La posición del informe sigue la línea de si hay mejores maneras o si hay margen de maniobra para regular mejor y que los sectores sean equivalentes en inputs (financiación) y en estándares y resultados, no solo por rendimiento, sino en escolarización de alumnado más vulnerable, población inmigrante, etc. esto también ha de ser equivalente, si nos creemos el modelo de equivalencia.
Toni Verger
Precisamente, las propuestas que hacemos en el informe parten de identificar regulaciones con las que contribuir a que la práctica administrativa se acople al modelo de equivalencia, para que no genere tanta desigualdad, pero ello no quiere decir que otro tipo de propuestas no sean legítimas.
En realidad, nuestra función con este informe ha sido la de poner el tema en la agenda y plantear soluciones y, luego, hacia dónde va esto lo marca el debate democrático y la correlación de fuerzas…
