El objetivo era muy ambicioso. «Nuestra previsión es que en cuatro años podamos acreditar a tres millones de personas». Así se expresaba en una entrevista en este medio hace tres años Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional y alma mater de la transformación de la Formación Profesional de los últimos años.
La previsión no se está cumpliendo al ritmo que se pensó y hace ya tiempo se hizo una addenda al acuerdo con la UE relativo al mecanismo de recuperación. De tres se bajó a dos millones de acreditaciones. Bruselas, comenta Sanz, aceptó porque se había justificado la necesidad. Al mismo tiempo, se solicitó la posibilidad de utilizar la financiación sobrante para la creación de plazas de formación profesional.
Según la directora general, hoy por hoy, el Ministerio cuenta con que se han acreditado 1,5 millones de trabajadoras y trabajadores. Sanz está satisfecha con lo que se ha conseguido hasta ahora, aunque admite que los primeros compases del nuevo procedimiento de acreditaciones fueron lentos. De ahí el no llegar a los tres millones de trabajadores.
En cada comunidad autónoma se ha desarrollado el procedimiento de manera diferente. Cada uno ha decidido implicar a unos agentes y excluir a otros; hacer los trámites presencialmente o dejar algunas cuestiones para Internet. Mientras, según los datos que maneja Sanz, algunas destacan positivamente (como Castilla-La Mancha, Rioja, Aragón, Andalucía) otras «van muy por debajo» de lo que cabría esperar, aunque prefiere no especificar cuáles son. Para la secretaria general, «no es cuestión de dificultad técnica en el procedimiento, sino de plantearlo mejor o peor y de adaptarse al colectivo» al que se dirigen.
Dificultades para las administraciones
Rodrigo Plaza es profesor de FP en Cataluña. En su comunidad se optó porque los primeros pasos, de asesoramiento a quienes se acercan al servicio, se hicieran de manera telemática, para facilitar que el trabajador no tuviera que desplazarse y perder tiempo de trabajo. En otras comunidades se hace presencialmente, en institutos, o vía telefónica.
En Castilla y León, explica Carmen Álvarez, desde CCOO, una parte del procedimiento lo realiza Empleo y otra, Educación. La primera cartera está en manos de Vox y desde ese momento no se ha avanzado en absoluto. Y, cuenta Álvarez, desde Educación tampoco se está haciendo todo lo posible. Los sindicatos han intentado informar y concienciar todo lo posible a las y los trabajadores y, en su opinión, el volumen de inversión ha sido tan algo que ha pillado a la Junta castellanoleonesa sin los efectivos suficientes para hacer frente a los procedimientos de acreditación.
En Madrid, por ejemplo, del proceso de información a las personas interesadas, se retiró a los agentes sociales. Es decir, ni sindicatos ni patronal autonómica recibieron dinero para hacer ese trabajo, y han quedado fuera del proceso durante dos años. A pesar de eso, Amalia Amado, también de CCOO asegura que han hecho todo lo posible para informar de los procedimientos.
En Comunidad Valenciana, explica Isabel Magalló, el procedimiento inicial de información ha quedado en manos de los pactos de empleo territoriales y las agencias de desarrollo local, mientras que el nuevo Ejecutivo ha dejado paralizados, al menos de momento, a los consejos territoriales de FP en donde se dan cita administración, empresas, sindicatos y centros y agencias de desarrollo local.
Muchas de las personas consultadas aseguran, además, que ha habido casos y momentos en los que ha habido escasez de personal para asesorar y evaluar los procedimientos en las comunidades autónomas. Este tipo de trabajo ha quedado en manos, principalmente, de profesorado de los ciclos formativos. Clara Sanz cree que no es posible esta escasez precisamente porque «si una persona da clase por la mañana de un módulo, puede evaluar su acreditación» por la tarde.
Pero, como explica Miguel Ángel Gil, compañero de Amalia Amado en Madrid, el personal del INAEM, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, no contaban con clasificación profesional por que no hay un ciclo formativo análogo. A esto se suma que no hay personas evaluadoras para sus procesos. La solución resultó un tanto peculiar. Una parte del personal se formó para evaluar a sus compañeros de trabajo y, después, se hizo el camino inverso, quienes ya habían sido evaluados, se formaron para hacer lo propio con los primeros. «Pasa con muchas técnicas… soldaduras específicas, con cualificación nueva, que el único que sabe es que el que tiene que cualificarse», explica Amado.
Sanz asegura que, efectivamente, casos individuales muy concretas siempre van a ocurrir. Como pueden ser cualificaciones muy específicas o que no han llegado a los módulos de FP. Serán las personas que se acercan a los procedimientos las expertas o, incluso, las únicas capaces de desarrollar según qué tareas.
Dificultades para quien se cualifica
«La acreditación no recualifica, ha de ir acompañada de una formación extra para conseguir la titulación o recualificación completa», asegura Rodrigo Plaza. Esto supone que cuando alguien inicia el procedimiento le espere un periodo más o menos largo hasta que consiga ver el fruto de este esfuerzo.
En muchos casos esto pasa porque los agentes sociales lleven este tema a la negociación colectiva cuando se modifican los convenios laborales. Para Isabel Magalló la entrada en los convenios de las unidades de competencia (lo que se acredita en estos procedimientos) «en el futuro será negociado exhaustivamente», cosa que ahora se hacía de manera más genérica.
En esto están de acuerdo Carmen Álvarez, Miguel Ángel Gil o Amalia Amado. «En pocos (convenios) se reconoce la cualificación, en casi todos se habla de titulación», comenta Gil. «¿Para qué voy a hacer esto si nos va a dar problemas?», asegura que piensan muchos trabajadores.
Y esto lleva a otro de los obstáculos. Si el convenio no reconoce la cualificación y te ves obligado a terminar un ciclo para conseguir el título, hay quienes preferirán no empezar el trámite porque, o no podrán compaginar estudios con trabajo, en su comunidad no se ofertan los módulos que necesita para terminar o no hay oferta suficiente a distancia o semipresencial
Plaza explica que «para conseguir la titulación (que es el que determina el nivel de formación de la población activa), se deben cursar módulos transversales y no acreditables» como FOL o Economía y Cultura emprendedora. Según explica, esto puede suponer que el trabajador no tenga oferta para dichos módulos en su territorio o tenga que ir a un IES con chavales de 16 o 17 años. Otra opción sería la formación a distancia, online o semipresencial.
Para Sanz, la cosa no pasa porque el trabajador acuda a un instituto a terminar esa formación y no ve que la oferta a online sea óptima porque muchas de las personas objeto de estos procedimientos, lo más probable, es que no tengan las competencias suficientes para seguir un curso por Internet.
Existen otros retos como, explica Magalló, que sectores productivos muy feminizados, como el trabajo de cuidados o doméstico, tengan convenios laborales menos específicos o completos que el de otras industrias. Esto hace que, en ocasiones, las certificaciones de las empresas que han de presentar para la acreditación u otra documentación, no facilite especialmente el trabajo a las personas evaluadoras.
Sanz comenta que efectivamente esto puede ocurrir y que en muchas ocasiones, más allá de la especificidad de los convenios, la decisión queda al albur de la flexibilidad de quien evalúa.
En los próximos meses, explica Sanz, la previsión es trabajar con grandes empresas para conseguir cualificaciones de competencias de manera masiva. Se ha hecho con la plantilla de Correos, así como con la de Alsa o Acciona, explica la secretaria general de FP. Un trabajo que se quiere hacer en colaboración con la Cámara de Comercio.
Hasta el año 2023 se habían invertido, según Sanz, 550 millones de euros. Una vez que finalice el proceso del mecanismo de recuperación, el año que viene, está previsto mantener los procedimientos de acreditación como hasta ahora, pero con el Fondo Social Europeo y a través de programas de cooperación territorial.
El hecho de que el procedimiento no haya alcanzado ese objetivo inicial o que haya habido dificultades para ponerlo en marcha en estos años de primeros compases no quieta para que las fuentes consultadas no den importancia a que el cambio de procedimiento (permanente y gratuito) esté ayudando a aumentar las acreditaciones y, en no pocos casos, mejorar el nivel formativo de las y los trabajadores gracias, entre otras cosas, a la oferta modular de los estudios de FP.
