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Desde hace semanas el estado de la universidad pública madrileña está en algunos medios de comunicación por culpa de su escasa financiación. El anuncio de la Comunidad de Madrid de una exigua subida presupuestaria provocó la indignación de los rectores de las seis universidades públicas de la región.
Días después, poco antes de terminar el plazo para que las comunidades autónomas firmase en convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la contratación de profesorado ayudante doctor, una medida pensada para poder renovar las plantillas envejecidas de los campus públicos.
A pesar de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había asegurado en junio, cuando se acordó la medida, que estaba de acuerdo, hace pocos días envío un nuevo redactado al Ministerio para cambiar las condiciones de lo negociado. El Departamento dirigido por Diana Morant se negó a reabrir la negociación y exigió a Madrid que firmase lo pactado.
Tras las quejas durante días, las protestas en la calle y la presión social, el Ejecutivo de la Comunidad decidió aprobar en el Consejo de Gobierno de ayer la firma del protocolo.
Madrid paga el 40 %
El proyecto supondrá la contratación de 1.091 profesores ayudantes doctor para las universidades públicas. La mayor parte del coste recaerá sobre el Gobierno central, sobre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta cartera abonará cerca de 170 millones de euros para la contratación de más casi 600 de estos docentes y pagará sus nóminas durante los primeros seis años de contrato.
A la Comunidad de Madrid le corresponderá la contratación de pocos más de 400 profesores y profesoras, de cuyos gastos se encargará desde el primer momento. Llegado el final del plazo previsto, tendrá que abonar las nóminas de los otros 600.
El consejero de Educación de la Comunidad aseguró que era «una cacidada» y criticó que el Ministerio no renegociase, solo con Madrid, las medidas acordadas por todas las universidades u comunidades autónomas en junio.
El objetivo del acuerdo es la contratación de 3.400 docentes por parte del Ministerio, y algo más de 5.500 con las aportaciones de las comunidades autónomas.
Hace una semana la rectora y los rectores de las seis universidades madrileñas públicas publicaron un comunicado en el que aseguraban que el incremento presupuestario que Isabel Díaz Ayuso había planteado, aunque bienvenido, «resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad» de las universidades públicas de la región así como para «asegurar la calidad (…) subsanar su crónica infrafinanciación tras quince años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras».
La inversión se acordó en su día teniendo en cuenta la necesidad de las universidades de renovar plantilla y de mejorar las condiciones de contratación de su profesorado. Madrid es una de las que más beneficiada sale de la inversión, después de Cataluña y por encima de Andalucía.
Dentro de la propia Comunidad, puede verse que será la Universidad Complutense de Madrid la que más contratación docente absorba. Es la universidad más grande del país y vive desde hace años con una financiación cada vez más escasa.
Madrid es la segunda autonomía en inversión ministerial en el programa, así como en número de docentes contratados, al menos, por parte del Ministerio. Eso sí, no es la segunda en el caso de dividir esa inversión recibida entre el número de profesores ayudantes doctor. En ese caso queda la octava. Madrid es la región con mayor PIB del país.
