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La situación del profesorado en todo el mundo empieza a ser crítica. Los motivos son diferentes en función del lugar en el que se ejerza. Por ejemplo, si se trabaja en los países del sur global, en regiones como el África subsahariana o ciertas zonas de Extremo Oriente, el crecimiento de la población ha hecho que la demanda de profesorado sea muy alta y la oferta no haya podido dar respuesta.
Pero si se vive en países de Europa o en Estados Unidos, hay otras causas. Entre ellas, las condiciones de trabajo, cada vez más complejas y con menos apoyos por parte de las administraciones educativas: ratios elevadas, un alto nivel de diversidad en el aula sin apoyos para gestionarla, y falta de respaldo por parte de las autoridades, que, de una manera u otra, le han quitado importancia a una profesión que responde a un derecho humano y que, además, sirve de base para otros derechos civiles, como recuerda Carlos Vargas, responsable de la Unesco.
Este nuevo informe de Unesco junto a Fundación SM añade algunas capas de análisis a otros volúmenes publicados recientemente sobre el mismo tema. Lo que más preocupa a Maite Ortiz es la desafección del profesorado, una circunstancia que ha hecho que en los últimos años haya crecido mucho el porcentaje de docentes que, si pudieran cambiar de profesión, lo harían (actualmente un 11 %), lo cual se suma a cerca de un 40 % que trabaja sin ganas. Solo un 40 % de las y los docentes tiene motivación por lo que hace.
Para Carlos Vargas, el hecho de que a nivel global haya aumentado el porcentaje de abandono de la profesión, del 4,6 % en el anterior informe al 9 % actual, es señal de que la situación es muy grave. Sobre todo porque esto tiene y tendrá un impacto en la calidad de la educación de millones de personas, y porque, además, esta deserción se produce mayoritariamente en los primeros cinco años de ejercicio docente.
A esto se suma que, como en el caso de España, decenas de miles de docentes se jubilarán en los próximos cuatro o cinco años y no parece haber reemplazo suficiente.
Vargas insiste en que la sociedad y, fundamentalmente, las administraciones públicas han alimentado la desconfianza hacia la capacidad y la profesionalidad de las y los docentes. Una de las causas de esto es la insistencia en evaluaciones estandarizadas que solo se enfocan en el logro académico de determinadas materias, dejando de lado cuestiones de índole social.
Para Maite Ortiz, los diferentes estudios que han realizado —como el de hace unas semanas de la mano de Educo— muestran que el profesorado está cansado de los constantes cambios legislativos en los que no se le tiene en cuenta. ¿Cómo podría hacerse esto, tener en cuenta al profesorado, siendo medio millón? Para ella, es básico crear comunidades docentes donde grandes grupos puedan intercambiar opiniones y, gracias a una serie de portavoces, su conocimiento y experiencias sean tenidos en cuenta.
En paralelo, Vargas habla de la necesidad de una formación continua a lo largo de toda la carrera profesional: primero, para que la formación inicial sea más cercana a las realidades del aula; segundo, para que la formación continua mejore las capacidades laborales del colectivo. Ortiz también subraya la necesidad de que dicha formación se realice dentro del horario laboral y no en el poco tiempo libre que les queda tras preparar clases, corregir ejercicios, etc.
Ambos coinciden en la necesidad de que la profesión deje de ser tan individual y pase a ser más colaborativa, de manera que comunidades docentes puedan compartir y generar conocimiento a partir de su propia práctica.
En el informe también se aborda la necesidad de mejorar las condiciones salariales del profesorado para que, como explica Carlos Vargas, el sector educativo —principalmente el público— pueda competir con empresas que hoy en día están absorbiendo a profesionales que antes se quedaban en la enseñanza. Para este experto de la Unesco, se trata de evitar que el profesorado abandone la educación porque no tiene otra opción, dado que se le paga mal y en otros sectores se les ofrece mejores condiciones.
Al salario se suma la necesidad de seguridad laboral. Tanto Vargas como Ortiz comentan que un porcentaje muy alto de docentes, sobre todo en el sector público, no tiene asegurada su continuidad laboral. Tienen jornadas parciales o contratos temporales, y las y los interinos tardan en estabilizar sus situaciones personales. Todo esto hace que, como recuerda Ortiz, el profesorado de la concertada y la privada tenga una mayor estabilidad y seguridad, aunque sus salarios puedan ser algo inferiores.
