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¿Como? Es la pregunta que todo el mundo se hace, o debería. El anuncio del presidente del Gobierno hace unos días con el que aseguro que los horarios lectivos tendrán un tope máximo por ley es una de las mayores reivindicaciones docentes desde el cambio de Gobierno en 2018. En realidad, desde antes, tras los recortes de Mariano Rajoy, personificados en el inefable Jose Ignacio Wert.
Cuando Isabel Celaa, encargada de revertir casi ocho años de políticas de recorte y austeridad populares solo incluyo la recomendación de unas ratios que, por supuesto, las comunidades autónomas no siguieron, supuso dos cosas. Por una parte, la desilusión de un gobierno progresista que hacia oídos sordos a la comunidad docente y, por otra, la posibilidad de que los sindicatos, al menos, tuvieran la posibilidad de presionar en los territorios para revertir las medidas. Y así lo hicieron.
A día de hoy son pocas las comunidades que están fuera del 18/23. Galicia y Madrid son las que más destacan y entre las que mayor alegría se vivió el pasado jueves con el anuncio sorpresa del presidente. Sus docentes habían firmado acuerdos muy poco favorables para llegar a esas horas lectivas en varios años de viaje. Después de más de una década de espera.
De las ratios nadie sabe nada. Las propuestas han sido variadas, siempre intentando afinar para que desde las administraciones publicas no se enarbole la estadística oficial, que siempre deja a los docentes españoles entre los que mejores ratios, de media tienen.
No hay que olvidar que la red pública se hace cargo, en primer lugar, del alumnado con mayores dificultades, ya sean estas provenientes de circunstancias socioeconómicas y culturales o derivadas de alguna discapacidad, del tipo que sea. Además, es la red pública la que tiene presencia en el rural, lo que implica grandes esfuerzos económicos para mantener unas ratios muy por debajo de las habituales en las ciudades, en donde las aulas tienden a estar saturadas.
Todos los sindicatos de la mesa de negociación hablan de la necesidad de reducir las ratios. También de la inclusión de perfiles profesionales no docentes en los centros para mejorar la atención al alumnado. Entre estos profesionales se encuentran las y los orientadores.
En líneas generales, se pide, como hacia hace unos días desde la FECCOO que el alumnado con necesidades educativas especiales contase el doble en el computo de ratio para, de esta manera, bajar de manera efectiva las ratios allá donde más falta hace. Es una propuesta que también hacen desde la UGT y que hace años introdujo un colectivo madrileño que intentaba forzar una ILP para mejorar la atención a la diversidad, la inclusión y el trabajo del profesorado.
La reducción de las ratios promete ser uno de los huesos duros de roer tanto en la negociación del Ministerio con los sindicatos como de este con las comunidades autónomas. Aunque la educación esta transferida a las comunidades autónomas, son estas las que eventualmente tendrán que poner el dinero para pagar ese aumento de plantilla. Y hasta la fecha, han evitado siempre, salvo tras el confinamiento, hacer ningún tipo de esfuerzo financiero sustancial en este sentido.
Durante los últimos años, no han sido pocas las veces que los sindicatos, en cada territorio, han intentado que, con las excusa del descenso de natalidad, en vez de cerrar grupos y centros públicos, pudiera llevarse a cabo una bajada de ratios. No se ha aprovechado la oportunidad en ningún caso.
Finalmente, la reducción de la burocracia también queda lejos, parece, de las potestades propias del Ministerio de Educación si nos atenemos a que en gran medida las duplicidades de documentos, los informes y el resto del papeleo que se exige al profesorado viene de manos de las autonomías. Habrá que esperar a ver la concreción que propone Educación para llevarlo a cabo.
