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La Formación Profesional se ha convertido en una de las principales apuestas educativas de la juventud española, pero su expansión está produciéndose, según la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO), bajo una lógica cada vez más privatizadora que amenaza el derecho a una educación pública en condiciones de igualdad.
Esa es la principal conclusión del informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, elaborado por la Federación de Enseñanza del sindicato y presentado con motivo del Día Internacional de la Educación.
El documento advierte de una “brecha creciente” entre la fuerte demanda social de FP y la insuficiente respuesta de la red pública, lo que está empujando a miles de jóvenes hacia centros privados, especialmente en la modalidad a distancia, con importantes costes económicos y desigualdades territoriales.
«Acceder hoy a una plaza pública de FP se ha convertido en una gran dificultad: la demanda crece de forma sostenida desde 2018, pero la red pública no está dimensionada para absorberla, y eso está derivando forzosamente a muchos jóvenes hacia la privada», comentaba Lourdes Muñiz, secretaria de FP y seguridad labora de FECCOO en la rueda de prensa de presentación del informe.
La FP, primera opción para la juventud y vía directa al empleo
El diagnóstico parte de un dato clave: seis de cada diez jóvenes eligen hoy la FP como vía principal de acceso al empleo, de la cual valoran su carácter práctico y su mayor empleabilidad frente a la universidad.
Sin embargo, este giro no ha ido acompañado de una planificación pública suficiente. Las listas de espera, la falta de plazas en ciclos de alta demanda y la desigual implantación territorial están provocando que el crecimiento de la matrícula sea absorbido en gran medida por la oferta privada, que ya concentra alrededor de un tercio del alumnado en algunas comunidades autónomas y supera ampliamente ese porcentaje en determinadas familias profesionales.
“El crecimiento de la FP no ha ido acompañado de una expansión equivalente de la red pública y está siendo absorbido en gran medida por la privada, sobre todo a distancia, lo que introduce una lógica de mercado: quien puede pagar continúa, quien no, queda fuera”, explicaba María del Barrio, secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza.
Privatización selectiva y desigualdad territorial, también en la FP a distancia
El informe subraya que la privatización no es homogénea, sino selectiva. Se concentra en los ciclos con mayor retorno laboral —sanidad, informática, servicios socioculturales— y en la FP a distancia, que se ha convertido en el principal vector de expansión del sector privado.
En territorios como Madrid, Cataluña o Euskadi, la insuficiencia de plazas públicas en estos ámbitos deriva de forma sistemática al alumnado hacia centros de pago, lo que introduce un factor de selección por renta y consolida un modelo educativo cada vez más segmentado. En las zonas rurales, por el contrario, la escasez de oferta presencial pública favorece que la FP en línea, mayoritariamente privada, sea la única alternativa, debilitando la función cohesionadora del sistema.
Desde el punto de vista social, las consecuencias son claras para el sindicato. El gasto de los hogares en FP se ha incrementado de forma notable en los últimos años y, en el caso del Grado Superior o los cursos de especialización, puede alcanzar varios miles de euros por curso.
Para FECCOO, esta dinámica amenaza el papel histórico de la FP como ascensor social y la transforma en un mercado educativo donde el acceso a las titulaciones más valoradas depende cada vez más de la capacidad económica de las familias y del territorio en el que se reside.
El documento alerta de otros desequilibrios estructurales: déficit de orientación en la ESO, con un impacto especialmente negativo en las chicas; carencias de equipamientos y plantillas en muchos centros públicos, y riesgos de precarización en la FP Dual si no se garantiza una tutorización real y se evita la sustitución de empleo por alumnado en prácticas.
Todo ello se produce en un contexto en el que España mantiene tasas de paro juvenil y de abandono educativo superiores a la media europea, lo que refuerza el carácter estratégico de la FP como política de empleo y de igualdad.
Más plazas públicas, calidad y derechos en la transición al empleo
Frente a este escenario, FECCOO plantea una batería de propuestas que sitúan el refuerzo de lo público en el centro de la respuesta. La principal es un plan estatal y autonómico de expansión de la red pública de FP, con financiación plurianual y criterios de equidad territorial, que priorice los ciclos de mayor demanda y los territorios con más privatización o listas de espera.
El sindicato reclama un marco estatal de mínimos para la FP a distancia que fije estándares comunes de calidad, tutoría, evaluación y presencialidad en los módulos prácticos, acompañado de una inspección reforzada.
Otra de las propuestas clave es la creación de un sistema público e integrado de datos que permita conocer, por ciclo y comunidad, la oferta real de plazas, las listas de espera, el abandono, la titulación y la inserción laboral. Para CCOO, sin transparencia ni indicadores comparables es imposible planificar de forma justa ni evaluar si la expansión de la FP reduce desigualdades o, por el contrario, las reproduce.
En el ámbito de la calidad, el informe insiste en la necesidad de invertir de manera sostenida en talleres, laboratorios y actualización tecnológica, así como de estabilizar las plantillas docentes y reconocer el tiempo y las funciones de tutoría en prácticas y en FP Dual.
A ello se suma el refuerzo de la orientación profesional con perspectiva de género y el aumento de becas y ayudas al transporte y la residencia, para garantizar que el lugar de nacimiento o el nivel de renta no condicionen las trayectorias formativas.
Finalmente, en relación con la transición al empleo, CCOO propone establecer cláusulas claras contra la sustitución de puestos de trabajo por alumnado en formación, mejorar la supervisión de las empresas colaboradoras y vincular la FP a políticas activas de empleo y negociación colectiva que aseguren contratos estables y salarios dignos.
“Si la FP no es pública, gratuita y de calidad, deja de ser un derecho y se convierte en un filtro social que condiciona las oportunidades por renta, por territorio y por género, especialmente en el acceso a las prácticas y en la transición al empleo digno”, explicaba Del Barrio.
La conclusión del informe es rotunda: la FP puede ser una herramienta decisiva para la emancipación juvenil y la transformación del modelo productivo, pero solo si su crecimiento se apoya en una red pública fuerte, planificada y regulada.
De lo contrario, advierte el sindicato, el riesgo es consolidar un sistema dual en el que el futuro de los jóvenes dependa, cada vez más, de su código postal y de su cuenta corriente.
