Dani tiene 14 años, hace tercero de ESO en un instituto de Sant Boi con un plan individual, ya que tiene un trastorno del espectro autista (TEA) y un grado reconocido de discapacidad del 65%. Sus padres están contentos, aseguran. Los apoyos que recibe son adecuados, el aprendizaje y la motivación son positivos, y está superando con éxito todas sus asignaturas. Pero recientemente han sabido que, cuando acabe 4º de ESO, Dani no obtendrá ningún título. «No está contemplado», les han dicho. Y no les parece justo. Por eso han puesto en marcha una campaña de firmas en change.org a través de la cual piden que los jóvenes con discapacidad intelectual obtengan un título de ESO adaptado. Suman ya más de 130.000 firmas.
«Estamos hablando de autoestima, que vea que su esfuerzo ha valido la pena y tiene una recompensa, ¿Por qué mi hijo no puede tener un título si supera los objetivos que marca su plan individual?», explica Joan Cabezas, el padre de Dani. La petición en concreto se dirige a la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, María Consolación Vélaz de Medrano Ureta. La directora general los llamó hace unas semanas para interesarse por su reivindicación, pero obviamente ahora todo queda a expensas de las elecciones del 28 de abril. ¿Podría ser este un tema de campaña?
«En una escuela realmente inclusiva sólo debería haber un currículum, que fuera tan amplio y flexible que todo el mundo pudiera tener su certificado según las competencias alcanzadas», opina Noemí Santiveri, portavoz de la Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva de Cataluña. «El problema que hemos tenido siempre es que el currículo pertenece al Ministerio y es intocable, y por eso en Cataluña primero hicimos las adaptaciones curriculares y ahora se hacen el PI, pero eso son parches; el éxito no debería medirse según un baremo prefijado, sino según el progreso de cada uno, aparte de que debería preocuparnos más la maduración de la persona que el nivel académico», añade.
Sálvese quien pueda
En Cataluña, el asunto de la titulación de la ESO para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) es un terreno pantanoso. A pesar de que no sería una cuestión propia de la autonomía de centros, en la práctica lo es. Esto significa que, según la tradición de cada centro, las juntas de evaluación deciden una cosa u otra, y elevan la propuesta a los servicios territoriales. Por norma general, los centros de educación especial tienen más tendencia a tramitar el graduado cuando entienden que un alumno ha alcanzado un mínimo académico, mientras que los institutos son más reticentes. Por lo tanto, algunos alumnos con discapacidad intelectual obtienen el título normal (no el todavía inexistente título con asterisco), y otras no. Va como va.
La cuestión se arrastra hace años, porque cada vez son más los alumnos con discapacidad intelectual que cierran toda la etapa secundaria obligatoria en un centro ordinario. Pero hasta hace poco no suscitaba tanta polémica. La no superación de la ESO era casi obligada ya que, para estos alumnos, las únicas salidas realistas para la etapa postobligatoria no exigían tener la ESO. Por lo tanto, no había mucha discusión. Tanto si se estaba pensando en un programa de transición a la vida adulta en un centro de educación especial, o en un programa de formación e inserción (PFI) adaptado debía suspender la ESO sí o sí. Desde hace tres cursos, sin embargo, se han puesto en marcha los Itinerarios de Formación Específica (IFE), que tienen una duración de cuatro años y a los que se puede acceder habiendo aprobado la ESO. Ahora, por tanto, ya no vale el argumento del suspenso obligado. «Evidentemente, pedimos que el título abra puertas y no las cierre, y que si a un alumno le va bien hacer un PFI pueda hacerlo, y que si le va bien un grado medio adaptado lo pueda hacer también… aunque en el FP hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la inclusión», comenta Joan Cabezas.
¿Y si en un futuro…?
Pero ¿tiene alguna importancia tener el título de la ESO paraun alumno con discapacidad? «Si hemos avanzado en favorecer que cada alumno tenga su propio itinerario formativo, poniendo especial énfasis en la flexibilización, el logro de competencias y los recursos para la inclusión, también hay que avanzar en un reconocimiento oficial del esfuerzo que realizan estos alumnos», dice la asociación ‘Aprendemos’ en la carta de apoyo a la campaña de los padres de Dani que ha enviado al Ministerio. «Pero es que aparte del merecimiento hay aspectos más prácticos. Imagínate que dentro de unos años una Administración, como podría ser el Ayuntamiento de Sant Boi, reserva una plaza de funcionario por una persona con discapacidad intelectual, pero uno de los requisitos que pone es que tenga el graduado de la ESO, entonces ¡Dani no podría optar porque tuvo la mala suerte de topar con un sistema demasiado rígido e insensible», comenta Noemí Santiveri.
Aparte de la campaña en change.org, los padres de Dani llevaron el caso al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), donde la defensora de los derechos de la infancia, Maria Jesús Larios, les confirmó que esta materia era competencia estatal y se ofreció para transferir la petición al Defensor del Pueblo. «Mi hijo -dice Joan Cabezas- no entenderá que no le den ningún título a pesar de que lo tenga todo aprobado, a ver quién se lo cuenta, lo vivirá como una situación injusta e incomprensible, y tendrá razón».
