Hasta hace pocos meses existía en España un amplio consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, fundamentado en el derecho a una educación en igualdad de condiciones y en la promoción de la autonomía de las personas. Prueba de ello fue la ausencia de oposición a que España ratificara en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este compromiso implicaba aplicar medidas para adaptar, progresivamente, los centros ordinarios para acoger, cuidar y educar de forma adecuada a la totalidad del alumnado, independientemente de sus capacidades, su origen social u otras características. Aunque en las últimas dos décadas apenas se han producido avances, sí parecía que la educación inclusiva era un objetivo compartido por el conjunto de la sociedad española.
Sin embargo, en 2018 emerge un nuevo movimiento social que demuestra que el consenso en torno a la inclusión educativa era un espejismo. El origen de este movimiento se sitúa el 27 de junio de ese año, en una reunión de directores y directivos de los centros de Educación Especial pertenecientes a Escuelas Católicas de Madrid, tras la cual emiten una nota de prensa en la que afirman que “dos proposiciones de ley en la Asamblea de Madrid proponen que la totalidad del alumnado con necesidades educativas específicas severas sea escolarizado únicamente en centros ordinarios”, y anuncian una recogida de firmas de directores, profesorado y familias para que se respete “el derecho de elección de las familias y la existencia de los colegios específicos de Educación Especial”. Las leyes referidas son la Proposición de ley 17/2017 RGEP, 10978 de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva, impulsada por una Iniciativa Legislativa de 43 ayuntamientos madrileños (que representaban al 85% de la población de la región), y la Ley para la Equidad y Educación Inclusiva, propuesta por Podemos -ambas realizadas de forma absolutamente independiente-. Ese mismo día se crea la “Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN”, a la que se adhieren de forma inmediata FSIE de Madrid y FEUSO-Madrid, dos sindicatos con gran presencia en la educación concertada. Apenas una semana más tarde, el 7 de julio, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid se reúne con representantes de la plataforma y les transmite su respaldo (nótese que el consejero nunca se reunió con los representantes de los ayuntamientos que presentaron la Proposición de ley 17/2017 RGEP). A partir de ese momento la plataforma inicia una intensa campaña en medios de comunicación y redes sociales.
Este movimiento extiende su acción al resto del Estado tras la aprobación, en febrero de 2019, del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que establecía la obligación del Gobierno de desarrollar un plan para que, en el plazo de 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, manteniendo los centros de Educación Especial para el alumnado “que requiera una atención muy especializada”. Al mismo tiempo, la situación abre un conflicto interno en organizaciones muy relevantes del sector de la discapacidad entre quienes apuestan por una mayor inclusión y quienes defienden el statu quo.
Como todo movimiento social, el objetivo de “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN” es incidir en la esfera política. Para ello, la plataforma, a través de sus miembros y simpatizantes, construye y extiende de forma eficaz unas ideas que pretenden convertirse en el discurso hegemónico en el ámbito de la educación de la infancia con discapacidad. Estas ideas se elaboran a través de su web y en artículos de prensa publicados en medios de gran difusión como El País, El Confidencial, ABC o La Razón. En general, los autores de estos textos son padres y madres de niños/as con discapacidad con alguna vinculación con el campo de la comunicación o del derecho, lo que les ofrece un altavoz inmediato a sus propuestas. Miembros de la plataforma han participado en cadenas de radio como COPE o Cadena Ser, y de televisión como Telecinco y Antena 3. En redes, la mayor difusión la realizan familiares, docentes y cuentas institucionales de centros concertados de Educación Especial. Antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el Partido Popular y Ciudadanos ya se habían alineado programáticamente con los planteamientos de esta plataforma. La pregunta es: ¿Cuál es su discurso de fondo?, es decir, ¿qué proponen realmente?
Este movimiento utiliza, principalmente, dos estrategias de comunicación: en primer lugar, se difunde un relato por el que los padres y madres de centros de Educación Especial son agraviados e insultados por quienes defienden la inclusión. Supuestamente, estos les acusan de aislar y segregar a sus hijos, de ser conformistas, ignorantes, miedosos, etc. Sin embargo, no he sido capaz de encontrar ni un solo artículo ni mensaje en las redes que falte el respeto o que juzgue de esta forma a las familias. En segundo lugar, los miembros de la plataforma desinforman sobre el contenido de las leyes y crean una alarma interesada a partir de falsedades, como cuando afirman que la Proposición de ley 17/2017 obligará al traslado de todo el alumnado con discapacidad a centros ordinarios o que lo primero que hará la LOMLOE, antes de dotar a estos centros de recursos, será cerrar todos los centros de Educación Especial. En cuanto a sus ideas, pueden sintetizarse en las siguientes:
- Defender los centros de Educación Especial es proteger los derechos de la infancia vulnerable (y, por tanto, no defender estos centros es ir contra esos derechos). Sin embargo, como señala la Observación general núm. 4 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, lo que sí es un derecho fundamental, y por tanto requiere protección, es la educación inclusiva en centros ordinarios con los apoyos y ajustes necesarios. Al contrario de lo que plantea la plataforma, no hay mejor manera de defender los derechos de los niños/as que promoviendo una educación inclusiva real y efectiva.
- Los niños/as con discapacidad no son iguales al resto. Según “Educación Inclusiva sí, Especial también”, sus iguales son quienes tienen discapacidad, no el resto de niños/as. Siguiendo esta lógica, la segregación por motivo de discapacidad en centros diferentes es natural, y la discriminación se produce cuando estos niños acuden a centros ordinarios, porque se les separa de sus iguales. Esta visión entronca directamente con una concepción del niño/a con discapacidad como esencialmente distinto y, por tanto, susceptible de ser segregado.
- La presencia de algunos/as niños/as en centros ordinarios no es posible ni deseable. Estos centros son presentados como espacios de exclusión, violencia, malestar y escasez de recursos, mientras que los centros de Educación Especial se muestran como el único lugar en el que estos niños pueden aprender y ser cuidados, y donde los recursos son siempre suficientes. No hay duda de que la inclusión educativa tiene un grandísimo margen de mejora en la educación ordinaria y que la Educación Especial realiza una labor imprescindible en la situación actual, pero presentar así la realidad es, sencillamente, falsear lo que ocurre en ambos tipos de centro.
- La inclusión educativa no implica educarse junto a los demás. La plataforma trata de resignificar la idea de inclusión y de deslegitimar el concepto de la ONU, que entiende que la presencia de estos niños/as en la escuela ordinaria es uno de los requisitos para una inclusión educativa completa. En esta línea, los miembros de la plataforma intentaron desprestigiar el duro informe que la ONU emitió en mayo de 2018 sobre la situación de la educación inclusiva en España.
- La inclusión educativa es una teoría utópica carente de realismo y sensibilidad. Hay una intención expresa de presentar a quienes defienden la inclusión como personas o instituciones fuera de la realidad, que no conocen la vida cotidiana de los centros ni de los niños/as con discapacidad. Nada más lejos de la realidad. La gran mayoría son familiares y docentes de niños/as con necesidades educativas especiales, plenamente conscientes de su situación y de las barreras para la inclusión existentes tanto en los centros ordinarios como de Educación Especial; y que saben también que hay sistemas educativos y colegios que demuestran que es posible lograr una inclusión muchísimo mayor.
- La inclusión atenta contra el derecho a la libertad de elección de los padres y madres. No obstante, el ordenamiento jurídico español y la ONU dejan clara la jerarquía de derechos: “Las responsabilidades de los padres a este respecto están supeditadas a los derechos del niño”. No hay duda de que el derecho a la educación inclusiva debe prevalecer sobre el supuesto derecho a la libertad de elección.
En síntesis, se trata de un movimiento de raíz corporativista, que difunde una visión deformada de las propuestas legislativas y de la realidad educativa, que utiliza el miedo para diseminar su mensaje, que legitima y naturaliza la segregación por motivo de discapacidad y que reduce el debate a “Educación Especial sí o no”, cuando la cuestión crucial es cuántos recursos se necesitan y cómo debemos distribuirlos para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado.
Sin embargo, quizá lo más significativo de este movimiento sea su acérrima defensa de una situación actual que vulnera sistemáticamente el derecho a una educación inclusiva y de calidad para buena parte del alumnado -con y sin discapacidad-. En su planteamiento no hay rastro de alternativa a las urgentes necesidades educativas de nuestros/as niños/as. Su propuesta es el inmovilismo, la naturalización de una realidad intolerable, la consolidación de la injusticia, el sálvese quien pueda con los recursos que tenga a su alcance. Pero hay otro camino. Uno que muchos quieren ocultar. Uno por el que avanzar, con responsabilidad y garantizando siempre el bienestar de la infancia, hacia una educación que promueva la autonomía, el aprendizaje y la convivencia positiva. Un camino lleno de retos, pero ineludible para lograr una sociedad más humana, más justa y más libre.
