Desde la aprobación de la Lomloe se armó revuelo con la situación del profesorado de FP. Al menos, en algunos casos. Desde hace años, el personal docente que trabaja en FP ha de tener titulación universitaria, ya sea un grado, estudios de arquitectura, o ingenierías. Pero existen algunas especialidades, 10 en concreto, que no tienen esta posibilidad, no existen estudios universitarios que habiliten para su impartición.
El cambio que supone la Lomloe de que todo el personal de FP pueda pasar al cuerpo de secundaria, como venían reclamando desde hace décadas, había dejado en el aire a ese colectivo, en el que, según diferentes estimaciones, habría unas 4.000 personas.
Se dedican a impartir clases en las especialidades de cocina y pastelería; estética; fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; mecanizado y mantenimiento de máquinas; patronaje y confección; peluquería; producción de artes gráficas; servicios de restauración; y soldadura.
Desde hace semanas, si no meses, la ministra ha insistido en que la situación creada por la Lomloe no afecta de ninguna manera a este colectivo que podrá seguir realizando su trabajo sin problemas, con las mismas condiciones laborales y salariales que hasta ahora. Era el cuerpo de profesores técnicos de FP que se había declarado «a extinguir» con el nuevo texto legal.
Cuando se apruebe la Ley de Formación Profesional en la que ya se está trabajando, según ja informado la ministra, lo que se hará será crear un cuerpo de Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional integrado en el grupo A2. El objetivo es que puedan seguir trabajando en estas especialidades personas con una titulación de formación profesional, tanto ahora como en el futuro. La ministra, en este sentido, ha asegurado que «todos son imprescindibles».
Para que esto sea posible, todavía queda un más o menos largo recorrido. El primero de los pasos será presentar en el Consejo de Ministros un primer borrador articulado de la ley. La ministra prevé que esto suceda a mediados del mes de junio. A partir de ahí, habrá de ir pasando las diferentes etapas de cualquier otra normativa legal.
Nuevo texto legal
La Ley de Formación Profesional en la que se está trabajando vendrá a sustituir a la actual, vigente desde 2002, con la gran diferencia de tener sobre la mesa el mandato de ser una ley que englobe la formación profesional del sistema educativo con la FP para el empleo, con una serie de caminos y nexos que permitan, según es uno de los objetivos, que cualquier persona, en cualquier momento y lugar, pueda acceder a diferentes ofertas formativas para acreditar sus conocimientos.
El objetivo es que todas las ofertas formativas sean acumulables y acreditables, con lo que cada quien pueda crear su propio itinerario formativo e ir consiguiendo acreditaciones, certificaciones y titulaciones.
Según la ministra, la ley pivota sobre dos conceptos clave: el desarrollo personal de la población y el fortalecimiento del sistema económico. Isabel Celaá explicó que todas las titulaciones tendrán carácter dual, «con adaptaciones a cada sector y familia productiva» y contará con suficiente formación en centros.
Habrá un nuevo marco de oferta formativa con formación micro, modular o por títulos, «acumulables y acreditables», ha insistido la ministra, para generar una oferta flexible en todo momento. Asimismo explicó la necesaria relación entre las redes de centros, por un lado, los de FP del sistema educativo y, por el otro, los de entidades autorizadas para formación para el empleo.
Durante su intervención en el Congreso, la ministra hizo también un repaso de las actuaciones realizadas hasta ahora como la inversión para la creación de 60.000 plazas de FP nuevas, de las 200.000 comprometidas; o la acreditación de la experiencia laboral de 500.000 personas (del objetivo de 3,2 millones previsto hastas 2023); la actualización de más de la mitad del catálogo de titulaciones, o la creación de 15 cursos de especialización para titulados en grados medios y superiores.