Coincidimos con personas pertenecientes a la comunidad escolar, sindicatos y organizaciones sociales, en que los gobiernos de izquierda no han articulado un proyecto educativo ilusionante para nuestro país, con un perfil diferenciado de la derecha. No hemos sido capaces de superar aquella etapa oscurantista, que dio forma a gran parte de nuestra cultura escolar, con la tergiversación de la historia, la condena del laicismo y de la coeducación y una concepción negativa de la infancia (la cultura del esfuerzo lo llaman ahora). Y no han logrado proponer leyes progresistas adaptadas al mundo actual. Su visión responde a una docencia anclada en el academicismo, con una idea descontextualizada del conocimiento, aprendizajes superficiales y memorísticos y la utilización de métodos simultáneos que enseñan a muchos como si fueran uno solo. Consiguen la domesticación del alumnado potenciando la exclusión, el abandono escolar y sirviendo a la acreditación y la meritocracia.
El sistema educativo público debe ser parte de un proyecto social donde se promueva la democracia, la convivencia y la cohesión social. Las medidas que se han promovido con la LOMLOE no afectan al fondo del problema educativo. Al conservadurismo con el que se fomenta el modelo arcaico del conocimiento, la disciplina, la cultura del esfuerzo y la segregación por sexos, culturas y niveles sociales, se añade una nueva cultura del éxito escolar donde prima la enseñanza del individualismo y la competitividad frente a la cooperación y el cuidado como base de la conducta humana.
Políticas que, como se está comprobando, lejos de ser democráticas y buscar la justicia social para todo el alumnado convierten a la escuela en pequeñas empresas, fomentan la competitividad, el “homo economicus”, y generan desigualdad en lugar de preocuparse por la formación de ciudadanos y ciudadanas en los que crezca la libertad de pensar y de ser con la adquisición de un conocimiento con sentido que los haga conscientes ante el mundo y capaces de transformar la sociedad.
En el mundo de hoy, con una sociedad altamente tecnologizada, no podemos seguir enseñando contenidos cerrados y preparados para su reproducción. El alumnado debe ser capaz de acceder, seleccionar y transformar la información para convertirnos en una sociedad del conocimiento justa y solidaria.
El derecho a la educación requiere un sistema educativo flexible con capacidad para incluir y atender las necesidades de todo el alumnado y asegurar sus derechos. Eso significa que, además de evitar los itinerarios y las clasificaciones del alumnado, propuestos por la LOMCE, se debe desterrar la evaluación como un mecanismo de sanción y de desafección del alumnado por lo estudios. Una educación en la que se realicen aprendizajes relevantes, que no se midan en función de las ganancias, sino con vista a promover un desarrollo personal y social. Con un conocimiento emancipador, laico y crítico con el que puedan comprender el mundo, cuestionándolo y proponiendo su transformación.
Son muchos los retos de la humanidad a los que la educación debe responder: la globalización económica, la degradación medioambiental, las desigualdades sociales, las dificultades económicas o financieras…
Los principios rectores de una democracia deben salvaguardarse, pero nos encontramos una vez más que la educación sirve para tiempos electorales con las promesas tantas veces escuchadas en inversión y en leyes, pero una vez más los pactos políticos utilizan a la educación como un instrumento para el intercambio político.
Sin menospreciar las derogaciones que se han realizado en esta nueva ley y que eran muy necesarias, la propuesta de la LOMLOE mantiene el modelo curricular característico de nuestro país, con currículos extensos y memorísticos, reforzados con evaluaciones externas que imponen lo que hay que enseñar y controlan las prácticas escolares quitando autonomía profesional a los y las docentes y proponiendo una enseñanza homogénea. A la vez, se mantiene alejada de una enseñanza laica propia de una educación democrática, no doctrinaria, y deja en manos de las comunidades autónomas el aumento de la privatización, la competitividad entre las escuelas y, como resultado, la segregación escolar, que nos ha puesto a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en igualdad en muy pocos años. Es una ley que propone aquello que debería limitar, los suspensos, la inclusión, la selección del alumnado…, invitando al profesorado a ser el único responsable de los resultados académicos y del funcionamiento del sistema educativo.
Los nuevos tiempos se preocupan de una falsa autonomía, que viene a reforzar las políticas de elección de centro (porque no las impide), la imposición de los intereses espurios del mercado que desea una formación vocacional y especializada para el mundo del trabajo y para conseguir aumentar el PIB, cuestión por otro lado discutible. Una escuela que anticipa y reproduce las divisiones y jerarquías del mundo laboral y se especializa en saberes productivos que no cuestionan los marcos que los sustentan.
Una triste oportunidad perdida.
