De la educación depende el desarrollo de oportunidades y libertades en la vida, como es la incorporación de los y las jóvenes en el plano laboral y social, con autonomía para elegir y con solidaridad para vivir con otros y hacia los otros, en la tolerancia el respeto y el conocimiento de otras formas de vida.
El derecho a la educación en nuestro país necesita un cambio social inclusivo y plural que refleje que en la escuela viven alumnos y alumnas plurales y diversos, y con equidad, la justicia con igualdad, que tiene una importancia estratégica para transformar las desigualdades de clase, género, etnia… desde la formulación de políticas basadas en un rol del estado, la educación que garantiza el bienestar y combatiendo la vulnerabilidad, la dependencia y la dominación.
Este concepto de equidad también se plantea desde los últimos treinta años en un recurso retórico unido a la “calidad educativa”, algo difícil de cuestionar por tratarse de una aspiración genérica y compatible con una educación competitiva, una política de resultados estandarizada y la elección de centro. La equidad se convierte en un concepto técnico, extenso, no contextualizado, donde los logros de aprendizaje son concebidos como indispensables para todos, expresados en el diseño de un currículo prescrito y verificados en su cumplimiento con las evaluaciones externas.
En el análisis del informe Eurydice, en 42 sistemas educativos de 37 países europeos, encuentran que las estructuras que promueven la segregación académica son: la diferenciación de calidad entre las escuelas, las políticas de elección de centro, los criterios de admisión, la diferenciación temprana en itinerarios educativos y el grado de repetición. El informe destaca que la segregación académica –agrupar al alumnado con el mismo nivel socioeconómico y cultural– es el único predictor con una influencia significativa en la falta de inclusión en primaria y uno de los más importantes en la educación secundaria.
La LOMLOE (2020) plantea compensar a los centros que tengan segregación escolar, no evitarla (art. 81.1 y 81.2). No se evita la segregación escolar dentro de las escuelas, con grupos de refuerzo, optativas, y programas especiales que no son inclusivos; y entre escuelas, con conciertos que seleccionan al alumnado de forma homogénea por nivel socioeconómico, con la segregación por sexo o por alumnado extranjero. A esto contribuyen también los modelos de rendición de cuentas (pruebas de diagnóstico) y la repetición escolar, según manifiestan informes de la OCDE y Eurydice.
En la comunidad autónoma de Andalucía, la privatización empieza a desarrollarse de una forma más impetuosa desde hace unos diez años, con la reducción de unidades escolares de las escuelas públicas y la pérdida de profesorado. En la última década (2011-2019), el descenso de la población en Andalucía, junto con la crisis de 2008 y los pactos PSOE y Ciudadanos, han significado una oportunidad para el cierre de 7.458 unidades en Infantil, Primaria y Secundaria, y que hayan perdido 4.683 docentes en la enseñanza pública de Régimen General, el 82% en Primaria. A partir del año 2019 llega un gobierno de coalición conservador (Partido Popular y Ciudadanos), siendo uno de los elementos pactados el aumento de la partida a la privada-concertada. En dos cursos la Junta ha eliminado 1500 unidades públicas de Infantil y Primaria, mientras desviaba a alumnado a la concertada por falta de plazas públicas.
La concertada solo se implanta en grandes y medianas ciudades, donde vive el 75% de la población, que es donde es más rentable. De hecho, en el 82% de los municipios pequeños no hay concertada, ni nunca les ha interesado que la haya, porque hay poco alumnado y rentas más bajas. La concertada atenderá a más del 50% de alumnado en algunas capitales de provincia y ciudades intermedias en Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Granada capital es el caso más claro, donde el 60% del alumnado está matriculado en centros concertados, seguida de Cádiz. El resto de las capitales supera el 30%, y en algunos casos el 40%, como es el caso de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga.
Después de treinta años de gobiernos socialistas, la mayor parte de la legislación en educación está dedicada a la privatización para seguir el modelo de otras comunidades autónomas. A pesar de la desaparición de la alusión a la demanda (con la LOMLOE) y la vuelta a la planificación de plazas públicas, el Decreto de escolarización de Andalucía (21/2020 de 17 de febrero) definirá de forma ambigua esta propuesta, sustituyendo “plazas públicas” por “sistema educativo público andaluz”. Esta forma de expresarlo nos remite al artículo 108.4 de la LOMLOE, entendiendo que el servicio público de educación se puede realizar a través de los centros públicos y privados indistintamente, con lo cual volvemos a la demanda social por dicho artículo.
La consolidación de una legislación que se introduce desde el año 2011 con poca difusión y que significa una ampliación de la zona para la concertada, como en las escuelas chárter de EE.UU., que conduce a una mayor privatización y desigualdad.
De hecho, la estrella del nuevo Decreto es la posibilidad de incluir al menos un centro privado-concertado en todas las zonas de escolarización (art. 9.4), a pesar de que la LOMLOE plantea las mismas áreas de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados (art. 86.1). Esto significa la consolidación de una legislación que se introduce desde el año 2011 con poca difusión y que significa una ampliación de la zona para la concertada, como en las escuelas chárter de EE.UU., que conduce a una mayor privatización y desigualdad.
La segunda Orden de Conciertos (Orden de 16 de diciembre de 2020) permite como novedad la concertación en la educación postobligatoria. Estamos presenciando cómo desde hace unos años la privada concertada aumenta en las enseñanzas pre y postobligatorias, a pesar de que la LODE solo permitía la concertación en aquellos centros subvencionados con anterioridad a la promulgación de esta ley, que es de 1985, que los denominará como “centros singulares”. La LOMLOE soluciona las irregularidades incluyendo la disposición transitoria décima, para que los centros privados puedan concertar las enseñanzas postobligatorias.
En España la mayoría del alumnado de entornos medios y menos favorables están matriculados en centros públicos en un 93% siendo en Andalucía el 100%, mientras que los centros privados reúnen al alumnado de entornos más favorables en un 65% en España y en un 47% en Andalucía.
La falta de acceso para una educación plural, diversa y para la convivencia se altera con las desigualdades de una resucitada escuela selectiva. La selección del alumnado se realiza con una serie de dispositivos que sirven para diferenciar al alumnado de centros públicos y privados por el nivel socioeconómico y cultural, a pesar de ser la educación obligatoria y gratuita. En España la mayoría del alumnado de entornos medios y menos favorables están matriculados en centros públicos en un 93% siendo en Andalucía el 100%, mientras que los centros privados reúnen al alumnado de entornos más favorables en un 65% en España y en un 47% en Andalucía.
Los dispositivos que apoyan esta selección del alumnado son: el cobro de cuotas complementarias que incluyen las aportaciones directas de la familia, el cobro por actividades extraescolares y servicios complementarios donde lo habitual es que tengan un precio superior a la escuela pública. Y como aspecto grave la regulación de las actividades escolares complementarias que va a suponer, en contra de la LOMLOE, currículos diferentes para el alumnado que va a la concertada y no pueda pagarla. En Andalucía se han investigado 31 centros concertados de educación obligatoria, de los cuales el 60% cobran cuotas base a las familias bajo diferentes denominaciones. La cuota base promedio es de 48,40€ y el máximo 110€ mensuales.
De 64 países analizados, España es el tercer país que más segrega al alumnado por renta familiar (OCDE, 2021) y las desigualdades estructurales de la doble red de centros están motivadas por la competitividad y los procesos de exclusión. Necesitamos un cambio drástico desde la protección a las familias con bajos ingresos al control de los pagos y las matrículas en la selección del alumnado. Las leyes estatales son retrogradas y están causando un importante daño, sobre todo por permitir que las CCAA puedan eludirlas o puedan otorgar que sigamos trasladando los fondos de una deficitaria escuela pública a una escuela privada-concertada que está seleccionando al alumnado que debe formar las élites de nuestro país.
