La nueva ley de educación (Lomloe) dice que, en la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los alumnos y alumnas un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida (art.82.2). También dice que, para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso, podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos (art. 88.1). Y añade que quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.
Pero esa posible voluntariedad se convierte en obligación, ya que el 90% de los centros concertados cobran una cuota y, tres de cada cuatro, las denominadas eufemísticamente “voluntarias” son obligatorias, según informes y noticias recientes[1], es a partir de 100 euros y el impago puede traer la expulsión del alumnado y, es cierto que depende la cantidad de cada autonomía, con cuotas muy diferenciadas que ellos aprueban.
Parece que, en los últimos tiempos, en los medios de comunicación generales y educativos, hay mucho defensor de la escuela concertada con diversos argumentos sociales y económicos, llegando a decir que es inviable que desaparezca la escuela concertada, como un determinismo educativo.
Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con impuestos se establecieron como parte del sistema público en 1985, con las mismas condiciones “teóricas”, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) que estableció el Gobierno socialista. Es posible que la escolarización de toda la población lo necesitaba en ese momento después del desamparo estructural de la escuela pública (llamada estatal como una especie de desprestigio) en la época de la dictadura.
Este sistema de pagar a las escuelas privadas para funcionar como públicas no es exclusivo de España como dicen sus defensores, pero sí ha alcanzado aquí un desarrollo más que notorio. El 29% de alumnado matriculado en sus aulas (en la etapa obligatoria, de 6 a 16 años) solo es superado en Europa por Bélgica, que está entre el 47% de la comunidad francesa y el 62% de la flamenca. Y es cierto que en menor medida, Francia, Malta y Holanda también tienen tradición de escuela concertada.
En cifras, la escuela concertada, en España, acoge a cerca de un millón de alumnos y emplea a 130.000 profesores en 5.402 centros (uno de cada cinco centros educativos). Aproximadamente, seis de cada diez colegios concertados pertenecen a la Iglesia o a fundaciones asociadas a ella. El resto son, en su mayoría, pequeñas iniciativas privadas con tendencia a desaparecer como ha ocurrido en algunas autonomías. Su desarrollo por el país no ha sido uniforme, y su mayor implantación se da en comunidades autónomas con uno o dos elementos en común: rentas per cápita altas y/o una larga tradición de gobierno conservador.
El coste que le supone al Estado es alto, casi 7000 millones de euros que se destinan cada curso a centros concertados y que se detraen del sistema público. No se puede negar que la escuela concertada cronifica las desigualdades sociales porque, aunque en teoría no pueden seleccionar a su alumnado, lo hacen de facto. Imponiendo esas famosas cuotas “voluntarias” hasta en áreas curriculares en el horario escolar, que filtran a las familias que pueden permitirse pagar –por ejemplo– unos centenares de euros al mes como mínimo.
Y no se puede negar que resta fondos a la escuela pública y selecciona a su alumnado. La patronal, lógicamente, defiende que el coste por alumno es menor y enarbolan la bandera de la libertad de elección de los padres. La palabra libertad está de moda políticamente haciendo un uso “torticero” como decía una presidenta de la Comunidad de Madrid: “Nace un nuevo modelo de libertad: compro donde quiero, consumo donde me da la gana”.
Más de 30 años después, el debate en torno a este modelo educativo ha mutado de la necesidad de una época determinada a la ideología con la bandera de la libertad de elección como estandarte (de algunos). Y con el dinero siempre de fondo: las escuelas piden más y, bajo el argumento de su infrafinanciación pública, lleva a pedir “apoyo voluntario” a sus familias, pese a que la normativa lo prohíbe.
Las escuelas concertadas eligen a su alumnado. Este proviene de estratos sociales más altos —un 65% y solo un 8% de los menos favorables—. La escuela pública matricula al 93% de entornos medios y menos favorables.
Por tanto, se enarbola, por encima de todo, la libertad de elección de las familias como argumento irrefutable, porque le hacen un favor económico al Estado, ofreciendo una educación más barata que la pública. Pero lo que no dicen es como las escuelas concertadas eligen a su alumnado. Este proviene de estratos sociales más altos —un 65% y solo un 8% de los menos favorables— y por tanto no tienen las necesidades de refuerzo y apoyo que sí tienen otros alumnos. La escuela pública matricula al 93% de entornos medios y menos favorables. También seleccionan al 80% del alumnado inmigrantes pese a escolarizar a menos del 70% de la población total, mientras la concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 29% del alumnado general.
Parece que nadie se atreve, políticamente, a proponer un tiempo para que las escuelas concertadas pasen a ser públicas o se conviertan verdaderamente en escuelas privadas. Y ayudar a mejorar la escuela pública, laica y democrática. Como hemos ido defendiendo el derecho a la elección de centro —una falacia que encubre la preferencia de selección— no hace más que reproducir la diferenciación y segregación social. La mejor opción es la escuela pública de proximidad, estrechamente vinculada a su comunidad local. Como decíamos en 2012 en un documento del Foro de Sevilla: la escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual, y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado [2].
[1] Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), (2022). Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados Curso 2022-2023.
[2] Por otra política educativa
