Estamos hartos de justificar prácticas educativas con supuestas “evidencias”

¿Quién podría oponerse a la evidencia? El problema no es la investigación rigurosa, sino el uso ideológico y hegemónico que se hace de sus resultados como si fueran “objetivos” o “evidentes”. La investigación implica interpretaciones de quien la hace, intereses y prioridades de quien la financia o modas que establecen lo que es más publicable.

La evidencia no es neutral

Se nos presenta la evidencia como una verdad objetiva y universal, cuando en realidad está atravesada por supuestos políticos, educativos y económicos. La educación no se desarrolla en un laboratorio estéril ni se resuelve en un artículo de impacto publicado en inglés que pocos leen. La educación ocurre en aulas concretas, con estudiantes de carne y hueso, atravesadas por desigualdades sociales, culturales y territoriales. 

En España, por ejemplo, el discurso de la evidencia se ha usado para legitimar informes como los de la OCDE (PISA), que reducen la calidad educativa a un puñado de competencias supuestamente medibles de acuerdo a los criterios que establece esa organización económica, que poco tiene que ver con la educación.

De ellos derivan políticas obsesionadas con los resultados, con el ranking internacional y con la comparación constante, y establecen mecanismos de gobierno en la distancia, con lo que convierten la educación en una competición, como si el horizonte de la escuela fuera subir unas posiciones en una tabla estadística. Mientras tanto, cuestiones esenciales quedan relegadas: la educación para la justicia social, la igualdad de oportunidades, la formación crítica de la ciudadanía o el bien común. 

En América Latina el fenómeno no es distinto. Numerosos gobiernos han asumido la agenda de los organismos internacionales —Banco Mundial, BID, UNESCO— que promueven “reformas basadas en evidencia”. Así, en nombre de la “ciencia” se imponen políticas de evaluación estandarizada a gran escala (como el ERCE en Latinoamérica^[*]), que acaban condicionando los currículos, la formación docente y la propia identidad de las escuelas.

Lo que no cabe en la prueba queda invisibilizado. Y los resultados, presentados como diagnósticos objetivos, sirven para justificar recortes, privatizaciones encubiertas y la entrada de fundaciones y consultoras privadas en la gestión educativa. 

No olvidemos que detrás de este discurso también hay un negocio o un interés específico de personas o grupos. Fundaciones, editoriales internacionales, grupos mediáticos, redes sociales y empresas tecnológicas han encontrado en la supuesta “evidencia” una herramienta de marketing pedagógico.

Se venden programas, metodologías y plataformas digitales como “científicamente comprobadas”, aunque muchas veces los estudios que las avalan son financiados por las mismas corporaciones que las promueven o no es verdad que estén basados en investigaciones rigurosas en nuestro contexto. 

La expansión de las fundaciones privadas en el ámbito escolar y universitario en España ha ido de la mano de este discurso tecnocrático. Se legitiman sus proyectos con el sello de la “evidencia”, mientras se debilita el papel de la escuela pública como espacio democrático y plural.

En América Latina, gigantes educativos transnacionales han desembarcado con paquetes de formación docente y materiales “basados en la evidencia”, que condicionan las políticas nacionales y reducen la autonomía de los sistemas públicos.  

Hay también una gran paradoja: en nombre de cierta evidencia se desprecia otra más cercana y significativa. La experiencia acumulada por el profesorado en las aulas, las pedagogías críticas que han demostrado transformar contextos de exclusión, la innovación surgida de proyectos comunitarios, rurales y populares… todo esto parece no contar porque no encaja en el molde metodológico de los metaanálisis. 

¿No es acaso evidencia el hecho de que miles de docentes en España y América Latina hayan demostrado que el aprendizaje cooperativo, la educación intercultural o las metodologías activas generan aprendizajes más profundos y una mayor inclusión? ¿No es evidencia la historia de las escuelas populares latinoamericanas que, pese a la pobreza material, han sido capaces de construir espacios de ciudadanía y emancipación? Pero esa evidencia incómoda no se mide, no se valora, no entra en los informes oficiales. 

Más allá de la lógica del ranking y la receta universal. Cuando la “evidencia” ignora los contextos y a las personas

La cuestión central no es qué metodología “funciona mejor” en abstracto, sino qué educación queremos y para quién. La escuela no puede reducirse a mejorar posiciones en rankings internacionales ni a aplicar recetas validadas en contextos ajenos.

El verdadero debate es político y ético: ¿Queremos una educación que reproduzca las desigualdades o una que luche contra ellas? ¿Queremos una escuela al servicio de la competitividad económica o al servicio de la democracia y la justicia social? 

Por todo esto, estamos hartos de justificar nuestras prácticas únicamente con la “evidencia” de moda. No queremos renunciar a la investigación, pero sí a su exclusividad. Reivindicamos el derecho del profesorado a fundamentar su práctica en múltiples saberes: la investigación pedagógica rigurosa, la experiencia acumulada, el compromiso ético, la innovación nacida en las aulas y la voz de los propios estudiantes y comunidades. 

La educación no es una receta ni un algoritmo. Es un proceso complejo, cargado de incertidumbres, contradicciones y posibilidades. Exige reflexión, diálogo y compromiso. Necesitamos políticas que reconozcan la pluralidad de saberes, que confíen en el juicio profesional de los docentes y que fomenten la participación democrática en lugar de la imposición tecnocrática. 

Se nos pide que justifiquemos nuestras prácticas con la “evidencia” que deciden unos pocos organismos internacionales y unas cuantas fundaciones privadas. Y estamos hartos.  Queremos otra educación: viva, crítica, democrática, arraigada en la diversidad de contextos y capaz de construir sociedades más justas. Porque la verdadera evidencia, la que vemos cada día en las aulas, nos dice que la educación no puede reducirse a pruebas estandarizadas, a pedagogías inútiles o segregadoras, a procesos descontextualizados ni a gráficos estadísticos. 

Enseñar es transformar la vida de los estudiantes y la manera en que pensamos colectivamente. Actuar en un mundo que necesita con urgencia más justicia, más igualdad y más humanidad. Esa es la evidencia que no cabe en un metaanálisis ni en un ranking, pero que palpita en cada gesto de quienes defienden la escuela pública, inclusiva y emancipadora. 

Una perspectiva no reduccionista sobre la investigación educativa obliga a situar la escuela dentro de las complejidades de su funcionamiento y no a analizar a los individuos como entidades aisladas, sin interacciones complejas y desconectados de lo que sucede fuera de ella. Desde esta visión, la educación se entiende como el resultado de una tensión permanente entre realidades sociales, culturales y políticas. La educación se construye relacionalmente.

Todo esto requiere investigación crítica, análisis interpretativo y datos sólidos que permitan identificar verdaderas conexiones, en lugar de correlaciones descontextualizadas. Significa, además, poner en conversación marcos teóricos políticos, sociales, culturales, antropológicos y pedagógicos acordes con una visión de la educación como fenómeno situado, histórico y altamente relacional.

Y, sin embargo, estamos en un marco de ideas culturales y actuaciones políticas marcado por la prisa por encontrar respuestas rápidas y soluciones simples a realidades complejas, a lo que hay que sumar el abandono del debate público sobre cuestiones de calado que afectan al estado actual de la democracia y de la educación.

Por eso decimos basta. Basta de imponer desde donde sea recetas disfrazadas de neutralidad científica. Basta de reducir la educación a un problema técnico y no político. Basta de usar la palabra “evidencia” como excusa para uniformar, controlar y mercantilizar la enseñanza. 

Lo que necesitamos no son más consignas tecnocráticas, sino confianza en el profesorado, apertura a la pluralidad de saberes y políticas educativas que se atrevan a poner en el centro la dignidad humana. Porque si hay una evidencia irrefutable en educación, es que sin justicia social y sin una educación comprometida con la transformación por un mundo mejor no hay aprendizaje posible, solo reproducción.

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^(*) El ERCE es como un PISA latinoamericano: Estudio Regional Comparativo y Explicativo, impulsado por la UNESCO/OREALC-Santiago (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe). Se aplica cada pocos años en varios países latinoamericanos (participaron 16 en la última edición, 2019) y busca medir aprendizajes de estudiantes de 3.º y 6.º de primaria en áreas como Lectura, Matemáticas y Ciencias, además de recoger información sobre factores asociados al rendimiento (contexto socioeconómico, escuela, familia, etc.). ⬆️

^(**) La imagen inicial es del artista japonés Tetsuya Ishida (1973-2005), perteneciente a la exposición «Ishida. Autorretrato de otro», organizada por el Museo Reina Sofía. Puedes descargarte el catálogo de la exposición. ⬆️