Desde hace más de cuatro décadas, la renovación pedagógica en Galicia se ha articulado en torno a una convicción inquebrantable: educar no es solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanía crítica, responsable y comprometida.
Nova Escola Galega personifica esa tradición. Sin embargo, este año, su tradicional encuentro de educadores y educadoras por la paz se ha topado con un muro burocrático que esconde un trasfondo mucho más oscuro: la utilización del concepto de «neutralidad ideológica» como una herramienta de censura. El Encontro Galego-Portugués de Educadoras/es pola Paz–Palestina e máis alá: Educar na vida en tempos de xenocidio, del 24 al 26 de abril, no ha sido homologado por la Consellería de Educación por no cumplir con el denominado principio de “neutralidad ideológica”, principio que fue establecido por esa misma Consellería en una arbitraria y polémica resolución de 5 de junio de 2025.
Es probable que quienes impulsan este intento de orientar ideológicamente el ámbito educativo no tengan plenamente en cuenta la memoria democrática de nuestro sistema educativo. La vinculación entre la renovación pedagógica y la educación para la paz no es meramente teórica: constituye uno de los ejes centrales de su tradición, de su práctica y de su sentido histórico.
Tras el franquismo, los Movimientos de Renovación Pedagógica desempeñaron un papel relevante en la elaboración y difusión de materiales didácticos sobre el desarme y el pacifismo —muy abundantes en el entorno del referéndum sobre la OTAN—, promoviendo el debate crítico frente al pensamiento único de carácter militarista. Son también quienes sustituyeron los modelos de castigo disciplinario punitivos por asambleas de clase y equipos de mediación, basándose en las teorías de autores como Johan Galtung, para gestionar los conflictos cotidianos de forma no violenta y quienes presionaron para que la LOGSE (1990) incluyera la educación para la paz como un eje transversal, logrando que fuera una perspectiva que atravesara todo el currículo.
Nova Escola Galega ejemplifica de forma clara este compromiso de educar para la paz y los derechos humanos. Fundada en 1983, publica desde 1986 el Boletín Novapaz, que presenta las actividades del grupo de trabajo de educación para la paz, coordinado por Xesús R. Jares, quien fuera el primer catedrático universitario con perfil específico de “Educación para la paz”.
El mismo grupo impulsa, desde 1986, los Encontros Galego-Portugués de Educadores/as pola Paz, un espacio de intercambio y reflexión pedagógica cuya propuesta ha sido recientemente cuestionada, como hemos referido, por la administración educativa gallega.
Defender los derechos humanos y denunciar la violencia estructural no es una opción partidista; es la base misma de la ética docente y de la formación cívica.
Al denegar la homologación de un encuentro dedicado al análisis del genocidio en Palestina, la administración educativa gallega no parece estar protegiendo una supuesta “objetividad”, sino imponiendo un silencio cómplice con el genocidio. Esta decisión puede interpretarse como una forma de silenciamiento institucional ante un debate que forma parte del marco de los derechos humanos.
Defender los derechos humanos y denunciar la violencia estructural no es una opción partidista; es la base misma de la ética docente y de la formación cívica. Presentar este compromiso como un “sesgo ideológico” implica, en la práctica, deslegitimar el pensamiento crítico y restringir el papel de la educación a la transmisión acrítica de contenidos.
Esta apelación a la neutralidad, realizada por la Xunta, es un acto de cinismo político que busca desarmar moralmente a la escuela. Bajo una apariencia de “objetividad técnica”, se esconde la agenda de una extrema derecha educativa que teme, por encima de todo, el desarrollo del pensamiento crítico. Al calificar como «ideológica» la defensa de los derechos humanos o el análisis de un conflicto humanitario de dimensiones catastróficas, la administración no solo distorsiona la realidad, sino que también acota el tipo de discursos considerados legítimos en el ámbito educativo.
Este planteamiento puede derivar en lo que algunos autores han denominado una “pedagogía del silencio”: un contexto en el que se priorizan las voces que no cuestionan ni generan incomodidad, en detrimento de aquellas que promueven el análisis, el debate y la reflexión. Sin embargo, una educación que renuncia a esa dimensión crítica difícilmente puede cumplir plenamente su función formativa.
Por otra parte, es una postura profundamente hipócrita: se exige neutralidad al profesorado para hablar de la paz, mientras la propia administración permite que la gestión educativa recaiga en manos de quien ha hecho gala de un rancio sesgo ideológico, rozando incluso la apología de un periodo tan oscuro de nuestra historia como fue el franquismo. Esta doble vara de medir revela que el objetivo real no es proteger al alumnado de un supuesto adoctrinamiento, sino castrar la autonomía docente y convertir al profesorado en un mero ejecutor de instrucciones burocráticas, despojado de su compromiso ético como intelectual público, crítico y comprometido con la verdad, la justicia y el bien común.
La apelación a una supuesta neutralidad en educación puede convertirse en un recurso problemático cuando se utiliza para eludir debates fundamentales. Lejos de ser una posición inocua, a menudo termina favoreciendo los marcos de poder existentes, al presentar como “naturales” o incuestionables determinadas perspectivas. Exigir a los y las docentes una equidistancia absoluta ante vulneraciones graves de derechos humanos no es una posición neutral, sino una forma de posicionamiento que puede derivar en indiferencia frente al sufrimiento.
En este contexto, la exclusión institucional que afecta a Nova Escola Galega puede interpretarse como un indicio de una tendencia más amplia: la de limitar el papel de la escuela en el análisis de los problemas contemporáneos. Este enfoque corre el riesgo de reducir la educación a un proceso técnico y descontextualizado, desvinculado de valores cívicos y de la formación crítica del alumnado.
Resulta llamativo que haya que recordar hoy verdades tan elementales como que la educación para la paz y la renovación pedagógica no se forjan desde el adoctrinamiento partidista, sino desde la adhesión a los Derechos Humanos y a los valores constitucionales; nuestra Constitución proclama solemnemente su propósito de fortalecer “unas relaciones pacíficas entre todos los pueblos de la Tierra”.
La neutralidad forzada, como dice Nova Escola Galega, conduce a un relativismo moral peligroso y a una educación deshumanizada. Cuando el sufrimiento humano y las formas extremas de violencia quedan excluidos del discurso en el espacio educativo, la educación pierde una parte esencial de su función formativa. Lejos de fomentar el adoctrinamiento, abordar estas realidades permite precisamente desarrollar pensamiento crítico, valores, empatía y capacidad de análisis, elementos indispensables en una formación democrática.
Se comparta o no, cuestionar los valores asociados a la educación para la paz no altera un hecho ampliamente reconocido: como que la educación es un acto social inseparable de una dimensión ética. Tanto el currículo explícito como el denominado “currículo oculto” transmiten inevitablemente valores y marcos de interpretación. En palabras de Paulo Freire, se trata también de un acto político, en la medida en que implica opciones, prioridades y formas de entender la realidad.
Pretender una completa asepsia ante situaciones de violencia extrema no constituye una posición neutral, sino una forma de situarse que puede contribuir a preservar el statu quo. Por el contrario, hacer explícito el compromiso con la paz y con la resolución no violenta de los conflictos puede entenderse como un ejercicio de transparencia pedagógica y de responsabilidad cívica, coherente con la función formativa de la educación en sociedades democráticas.
En última instancia, lo que la Xunta califica como «quebranto de la neutralidad» puede interpretarse, más bien, como una expresión de los principios que han guiado históricamente la renovación pedagógica y, en un sentido más amplio, el núcleo central de la educación: el derecho a una formación que no se resigne a la barbarie.
Las dinámicas de censura y de una educación empobrecida, deshumanizada y meramente instrumental no se detienen sin una respuesta firme y sostenida.
En este contexto, la negativa a homologar un encuentro centrado en la educación para la noviolencia puede entenderse como una decisión que trasciende lo meramente técnico y se adentra en el terreno de la delimitación de enfoques pedagógicos aceptables. Frente a ello, cabe sostener que una educación que renuncia a reflexionar críticamente sobre la justicia corre el riesgo de convertirse en un instrumento de adaptación pasiva, más que en un espacio de formación crítica y ciudadanía activa.
Las dinámicas de censura y de una educación empobrecida, deshumanizada y meramente instrumental no se detienen sin una respuesta firme y sostenida. Hoy el foco puede situarse en debates como la paz en Palestina o el fin del ataque a Irán, entre otros conflictos presentes, pero ya se perciben presiones en ámbitos como la educación afectivo-sexual, el cambio climático, la memoria democrática o la inclusión educativa, por citar solo algunos ejemplos de esta nueva inquisición que nos quiere hacer retroceder a otra Edad Media.
Es preciso que los colectivos de renovación pedagógica, los sindicatos, las asociaciones de familias, la sociedad civil y, sobre todo, el profesorado y el alumnado, no asuman sin más los límites que impone una supuesta “neutralidad” entendida como silencio o inhibición. La autonomía pedagógica y el derecho a la educación integral constituyen conquistas democráticas que requieren ser ejercidas y defendidas en la práctica cotidiana.
Más que una cuestión coyuntural, está en juego el modelo de escuela, si ha de ser un espacio de reflexión crítica y compromiso cívico, o bien un ámbito reducido a la transmisión técnica de contenidos. De la respuesta que articule la comunidad educativa dependerá, en gran medida, su capacidad para seguir actuando como motor de una sociedad democrática, plural, consciente y participativa.
