¿Es posible un pacto educativo?

Desde la transición a la democracia se han aprobado ocho normas en 40 años: una de UCD (1980), dos del PP (2002 y 2013), cuatro del PSOE (1985, 1990, 1995, 2006) y la última con un gobierno de coalición (PSOE-UP) en 2020. La LOMLOE ha sido aprobada con el apoyo de seis fuerzas políticas (PSOE, Unidas Podemos, Grupo Plural, ERC, PNV y Nueva Canaria) frente al único apoyo del PP a su última «Ley Wert».

Todas mantienen una cierta continuidad, pues desde 1990 no se ha modificado sustancialmente la estructura del sistema ni los objetivos educativos. Pero ninguna de ellas logró el consenso parlamentario ¿Por qué?

Con frecuencia se recurre a manidos estereotipos relacionados con tópicos como “si se dejaran a un lado las cuestiones políticas, sí que sería posible llegar a un acuerdo”. Lo cual no solo es falso sino profundamente manipulador. Porque la educación es esencialmente política ¿Qué agente educativo y social no está afectado por la política y no hace política al expresar su concepción sobre cómo se debe educar y para qué se debe educar? No hay argumentos mínimamente sólidos, afirma con rotundidad el reconocido experto en educación Jaume Carbonell, que puedan sostener hoy por hoy el mito o la falacia de la neutralidad, a pesar de la concepción de la derecha conservadora y neoliberal que identifica con “adoctrinamiento” cualquier indicio de política que no sea la suya.

Lo que se debate en toda ley de educación es qué concepción del ser humano, de la sociedad y del bien común se va a desarrollar con ese modelo educativo. Se trata del modelo de educación que queremos, los contenidos esenciales que queremos transmitir a las futuras generaciones, al servicio de quién se diseñan, a quién favorece y qué tipo de sociedad ayudan a construir.

Hoy dos proyectos ideológicos, sociales y políticos avanzan a nivel mundial. Estos dos proyectos encarnan dos formas radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones económico-sociales y la educación.

El primero, asienta sus raíces en un modelo económico y social neoliberal asentado en el egoísmo competitivo que concibe la educación como una inversión individual en un producto que le dará rentabilidad en el futuro mercado laboral. Para esta ideología el interés colectivo no tiene por qué ser la finalidad de la política educativa. Aboga por un sistema de competición, donde el mercado regule quién sobrevive en esa lucha y desaparezcan los mecanismos de protección del bien común. Parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar o malestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue. Sólo los más aptos triunfarán, puesto que los débiles y pobres no han sabido o querido esforzarse lo suficiente para triunfar. La pobreza y la desigualdad son inevitables, y, en todo caso, se pueden paliar con misericordia, sean obras de caridad, fundaciones u ongs. Apuesta por un programa educativo selectivo, al servicio del desarrollo técnico de los intereses económicos dominantes y del statu quo, que beneficia al alumnado entrenado y socializado con los estándares socioculturales que se asocian con dichos intereses.

Este modelo neoliberal ha conseguido convertir la educación de un derecho garantizado en una oportunidad de negocio de corporaciones empresariales y grupos de intereses (en España, ligados fundamentalmente a la jerarquía católica), e impone cada vez con mayor ahínco un modelo de gestión de las escuelas como si fueran empresas que exigen “rentabilidad” y beneficios.

Con este modelo queda en el olvido un fundamento básico para la educación, que no es otro que el bien común: procurar el desarrollo de todos y de todas y no el de unos pocos. Este es el otro modelo, que tiene un objetivo democrático, inclusivo y sensible con los aspectos sociales y la equidad. Que considera que la finalidad de la educación es conseguir fundamentalmente el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que viven. Busca la mejora de todas las escuelas, en vez de incitar a las familias a elegir y competir, ya que preserva los fines sociales de la educación. Entiende la educación como un bien común, en el que las familias participen, no como clientes, sino como copartícipes activos en la construcción social de una escuela beneficiosa no solo para sus hijos e hijas, sino también para los hijos e hijas de los demás.

Este modelo de solidaridad y justicia social defiende la educación pública como la única garante del derecho de todos los niños y niñas a la educación sin exclusiones, en un espacio de convivencia plural, equitativo y democrático. Un espacio de respeto a la libertad de conciencia de los menores y sin adoctrinamientos religiosos de ningún tipo. Que apuesta por una educación inclusiva y no segregadora. Este es el enfoque que demanda la comunidad educativa actual y que ha consensuado en el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político”.

Por eso no es posible un pacto educativo en España. Porque este modelo de solidaridad y justicia social perdió una guerra incivil y los herederos de la dictadura siguen copando buena parte de los puestos de poder y responsabilidad en nuestro país. No están dispuestos a ceder ni un ápice en los privilegios, que recuperaron a punta de golpe de estado y exterminio de quienes defendían la democracia y la justicia social, la última vez que perdieron en las urnas el control de su poder y privilegios con un gobierno de corte progresista.

No creen en una enseñanza pública inclusiva, igualitaria, no segregadora y multicultural. Nunca han estado dispuestos ni lo están ahora a la mezcla social, a educar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase o a renunciar a su adoctrinamiento religioso. Por lo tanto, vemos como sistemáticamente utilizan campañas de bulos, fakes news, mentiras al estilo trumpiano, para impedir que se ponga coto a sus privilegios financiados con dinero público.

Solo en un país con una democracia más avanzada y consolidada, que haga inviable el resurgimiento del fascismo y el acantonamiento de una derecha cuartelaria y neoliberal, sería posible iniciar, como lo han hecho países del norte de Europa, un “Pacto Educativo” progresista que dé estabilidad a nuestro sistema de enseñanza desde bases pedagógicas sólidas.

Ese pacto educativo pensando en el bien común solo será posible si se cumplen dos requisitos: a) si los sectores neoconservadores y neoliberales se avienen a asumir unos mínimos, líneas rojas básicas consensuadas ya hace tiempo entre los profesionales y expertos del mundo educativo (una escuela pública gratuita, laica, democrática, participativa, inclusiva, que asegure el derecho a aprender con éxito de todos y todas y compensadora de las desigualdades sociales); y b) una actitud decidida y firme de la sociedad progresista y los sectores de izquierda.

Portugal es un claro ejemplo de cómo se puede consensuar la mejora de la educación fortaleciendo la red educativa pública, sin prácticamente conciertos, habiendo reducido el abandono escolar precoz desde el 41% en 2002 hasta el 13% en 2016. Aunque viendo la reacción de la patronal de la concertada y la jerarquía católica ante la nueva ley educativa, que incluso les mantiene y consolida los conciertos y la religión en la escuela, parece que “largo me lo fiais”, que diría Tirso de Molina. Siguen revolviéndose para defender sus privilegios de clase heredados del nacionalcatolicismo con una reacción tan visceral y brutal que nos recuerda otros tiempos de funesta memoria.

Enrique Díez, forma parte de la Comisión Permanente del colectivo “Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla”

Agradecemos la cesión de la Ilustración: La caza de Manuel Pérez Báñez