Alrededor del 20% de los menores de edad sufren algún tipo de abuso sexual por parte de una persona de su entorno cercano: un familiar, un docente o alguien de un club deportivo, por ejemplo. En los últimos años hemos tenido algunos casos que han provocado un auténtico escándalo en la sociedad.
A pesar de esto, un informe de Save the Children, constata que la mayor parte de los casos que llegan a juicio quedan sobreseídos. El 70%. Un hecho que pone cifras a una realidad que, a pesar de todo, mucha gente prefiere no mirar.
En el informe, Ojos que no quieren ver, la ONG repasa 203 sentencias de todo el país en relación a casos de abuso sexuales, además de hablar con medio centenar de expertos, así como algunas víctimas de abusos.
El diagnóstico es sencillo: el sistema de protección de los menores no funciona. Y no lo hace en prácticamente ningún punto, desde la prevención hasta los procesos judiciales, pasando por la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Según nos cuenta Ana Sastre es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, habría que empezar con la prevención. “Es fundamental”, hasta el punto, asegura la experta, de que “en países donde se han puesto en práctica formas de prevención, los abusos sexuales se han reducido a la mitad”. “Si no prevenimos, nos hacemos casi aliados de los abusos”, asevera.
Para la organización, es necesario incluir en el currículo escolar contenidos relacionados con educación sexual ya desde la etapa de infantil. “Prevenir pasa por explicitar qué es una situación de abuso o qué es una relación sexual correcta, siempre adaptado a la edad de los niños y las niñas”.
La idea es que, sin adelantar contenidos innecesarios, sí puedan incluirse ciertas nociones en materias relacionadas con la educación para la salud, con una buena alimentación, con cómo cuidar el propio cuerpo.
Y esto, además, porque la información sobre sexo los menores la recibirán igualmente, por vías que los adultos no solemos controlar de ninguna manera; desde la pornografía a los amigos o amigas. Por eso es importante sistematizar dicha información y que la ofrezcan personas formadas.
Qué hacer cuando la víctima habla
“Pedimos que ante la mínima revelación, se actúe”. Se lo piden, en muchos casos a los docentes. Los colegios e institutos han de tener un protocolos en casos de abusos que han de ser cuidadosos, sobre todo, con los menores.
Uno de los datos más impactantes del informe asegura que solo en el 15% de los casos en los que el colegio tuvo conocimiento de algún caso se actuó. Para Sastre, en parte, es porque normalmente en estos casos, en los protocolos, “se menciona que ha de haber indicios; esto paraliza a mucha gente” a la hora de actuar, porque prefiere pensar que el menor se lo ha inventado o porque poner en duda a una persona adulta del entorno del niño, que además es cariñoso, es complicado. El problema, sostienen desde Save the Children, es que en un 93% de los casos en los que una o un menor se atreve a hablar es verdad, no inventa.
“La revelación de un niño ha de tenerse en cuenta”, aclara Sastre. La experta asegura que “no podemos pensar que esto lo podemos solucionar nosotros dentro del colegio”, hace falta que también actúen otros perfiles de expertos, además de la formación y las herramientas necesarias para el personal docente. No hay que olvidar, explica, que el profesorado pasa casi 8 horas con los menores, están muy cerca de ellos, y pueden ser pieza clave en los casos, por ejemplo, en los que el abuso se produce en el ámbito familiar. “Imagínate la dificultad de ese niño para salir de ahí”.
Destacan que, por lo que la organización ha podido consultar, la formación inicial del profesorado no menciona en ningún momento dato alguno sobre abusos sexuales contra menores. Tampoco la formación específica para ejercer la dirección escolar, que es obligatoria. Además de que quien ocupa la dirección es persona que tienen la última palabra. “Estamos, explica Sastre, pidiéndole que haga algo para lo que no le hemos formado. Que tome las riendas de una situación que puede tener consecuencias muy graves para un niño, pero no le damos formación”. Y es importante como parte de la prevención y la atención temprana de estos casos.
“Que un profesor sea capaz de detectar de la forma más temprana posible una situación de posible abuso, y que tenga las herramientas para actuar garantizará que los niños dejen de sufrir abusos”, relata la Sastre, quien, además, explica que las situaciones de abuso se pueden prolongar de media 4 años. “El niño tardará mucho hasta que es capaz de contarlo”, dice, por este motivo se requiere una buena formación docente.
Para la experta, los docentes tienen un papel fundamental, pero no son los únicos responsables. En cualquier caso, asegura “forman parte del sistema de protección de los niños. Eso hay que asumirlo”.
Y también para tener en cuenta el papel que cada cual tiene en el proceso, porque si no se produce una situación de “presunción de no veracidad sobre lo que nos cuenta un niño y tomamos decisiones que pueden estar entorpeciendo todo el proceso”, comenta Sastre.
De esta forma, cuando el menor informa o hay indicios, los docentes deben informar y activar el protocolo para que quienes tienen más conocimiento valoren la situación. En este momento, con una buena coordinación con servicio sociales, con los cuerpos de seguridad e incluso con la Fiscalía, es interesante para que el procedimiento sea lo menos agresivo posible para el menor, que se establezca lo que se denomina la prueba preconstituida.
Lo idóneo es que un psicólogo forense pueda entrevistar al menor, teniendo en cuenta las preguntas de todas las partes implicadas en el proceso. Dicha entrevista se graba en vídeo para que la víctima no tenga que contar su experiencia más veces (de media lo han de relatar hasta en cuatro momentos). Además, dado que los procesos penales se alargan en el tiempo, es interesante para preservar el testimonio original, y que no quede contaminado por el paso del tiempo.
El caso es que el sistema judicial solo admite, según Save the Children, un 14% de veces la pruebas preconstituidas. En el resto de casos, el 86%, los menores han de acudir al tribunal, a una vista pública en la que también se encuentra su agresor y contar ante varios adultos qué es lo que sufrieron. “La justicia debería entender que esto es prioritario” pero, afirma Sastre, “se deja un poco al criterio del juez, y hay quienes lo entienden mejor y otros que no”.
A esto hay que añadir que los procesos sueles quedar paralizados durante años, de manera que un niño que fue abusado entre los 5 y los 10 puede estar esperando hasta los 15 a declarar ante un juez. La media de espera es de tres años, pero no es raro que el proceso se alargue hasta los cinco.
Y esta dilación en el resultado hace que en un 38% de los casos, la sentencia quede atenuada al reconocer el juzgado un alargamiento innecesario del proceso. Sin embargo, “a la víctima no se la repara” por esta espera demasiado extensa.
