“En un tiempo record” el Gobierno anunciaba el viernes 29 de junio, en Consejo de ministras y ministros, un programa, Veca, que se ha convertido en la primera medida de choque contra la pobreza infantil. En España hay 2,1 millones de niños en riesgo de pobreza –un 28,1% de los menores de 16 años– y, de ellos, 375.000 no tienen garantizada una alimentación sana ni pueden acceder a actividades como campamentos o colonias en el verano. A este grupo, el que presenta mayor riesgo de pobreza en España, se le dedica esta iniciativa, que se materializará en una disposición adicional en los PGE con 10 millones de euros más –con lo que se duplica la partida actual, de 5 millones– para apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos que, en colaboración con diversas entidades, intentan paliar este déficit que los niños y niñas más vulnerables padecen durante los meses de vacaciones.
La ministra de Educación y FP y ministra portavoz, Isabel Celaá, no puso cifra a los niños y niñas actualmente atendidos dentro de este tipo de programas, que garantizan tres comidas diarias y un ocio de calidad, aunque sí afirmó que este incremento del presupuesto permitirá llegar a más del doble de destinatarios que hasta ahora y, desde luego, “a todos los que cumplan los requisitos de carencia severa” –esos 375.000–. El Gobierno, de hecho, no cierra la puerta a ampliar el presupuesto en función de las necesidades que se detecten: “Si hemos de gastar un millón de euros más, lo haremos. No podemos permitirnos que los derechos de los niños estén tan desprotegidos”, remachó Celaá.
Se evitarán así los “efectos dramáticos” en los más pequeños, esos niños y niñas de entre 4 y 6 años que pueden llegar en septiembre a la escuela con “hasta cuatro kilos menos”, aseveró Celaá, y se proporcionará a los más mayores, hasta los 16 años, más alternativas de tiempo libre, ampliando sus horizontes, muy limitados en sus hogares y sus barrios.
Se trata de la primera iniciativa de la primera Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil de España, María Luisa Carcedo, que un día antes anunciaba que contará con el sociólogo de la Universidad de Zaragoza y editor de Agenda Pública, Pau Marí-Klose, como director de Infancia.
La experiencia de la crisis
La necesidad de contar con una alternativa menos precaria, “digna”, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, para estos niños y niñas durante los meses de verano está en agenda desde los años más crudos de la crisis. En 2014, la Defensora del Pueblo apelaba a las comunidades autónomas a abrir los comedores escolares en verano para atender a los menores en situación de mayor vulnerabilidad, tras sendas experiencias piloto en verano de 2013 en Canarias, donde los ayuntamientos colaboraban con la Consejería de Educación y la de Empleo para permitir que 182 centros abrieran sus comedores en verano, y Andalucía, que aseguraba tres comidas al día a 4.000 menores dentro de su plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria.
También en 2014, desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se destinaban 17 millones a apoyar a las comunidades con proyectos similares –que, por ejemplo, en el caso canario supone una inversión de 1,1 millones de euros al año–.
Cuatro años después, con esta partida reducida a un tercio -hasta el anuncio del plan Veca, que la eleva hasta los 10 millones- también en una comunidad pionera como Canarias se ha visto caer el número de inscritos en los comedores escolares y talleres lúdicos de verano. Si en 2014 eran 4.000, este año son poco más de 2.000 los alumnos matriculados para los meses de julio y agosto. Pero la medida sigue siendo necesaria y, mientras lo sea, se seguirá prestando, advierten sus promotores.
Antes del anuncio del programa Veca, diversas voces habían reclamado, en este sentido, que no se baje la guardia en esta batalla. Así, desde CCOO se había comenzado la semana recordando a los “casi 600.000 menores” en situación de vulnerabilidad que se “quedarán sin la posibilidad de acceder al comedor escolar y a actividades educativas y sociales que complementen su educación”. El sindicato reivindicaba “el centro escolar como ámbito de socialización y de vida digna” para esos niños y niñas y apremiaba a las administraciones educativas a “mantener los centros abiertos en verano con un proyecto educativo y sociocultural suficiente y una inversión acorde a las necesidades de la infancia en situación de pobreza”, a través de “políticas públicas coordinadas entre las administraciones centrales, autonómicas y municipales”.
En su alegato, CCOO se hacía eco del que viene siendo un recordatorio estacional de la ONG Educo. Suya es la cifra de 580.000 niños y niñas que, finalizado el curso escolar, no cuentan ni con la posibilidad de un espacio seguro donde disfrutar las vacaciones ni con la de al menos una comida completa al día.
Los sin vacaciones
En sus informes periódicos, Educo, que desde 2013 cuenta con sus propias becas de comedor en verano –las cuales han recibido un 33% más de solicitudes este año y han servido para repartir más de dos millones de comidas en este tiempo– ha ido retratando la realidad de estos niños de la llave, que lo son también durante los meses del curso, y que tienen todas las papeletas para unas limitadas expectativas vacacionales. Así, según una encuesta de Educo, en verano de 2017 el 60% de las familias en riesgo de pobreza que tenían trabajo, con hijos de tres a 16 años a cargo, no se fueron de vacaciones al menos de una semana al año.
Los informes de Educo hablan de trabajadores pobres –el 14,5% de la población asalariada–, que, por el hecho de contar con un trabajo, muchas veces se quedan fuera de determinadas ayudas, para los que precisamente el verano es temporada alta, con lo que conciliar en los meses en que sus hijos pasan más tiempo en casa es aún más difícil. O de padres y madres que no pueden permitirse los campamentos o talleres en verano, aunque la beca sufrague el 75% y se queden en 20 euros a la semana: un 41% de los niños que no se pudieron permitir participar aseguran que fue porque suponía un gasto imposible de asumir por la familia. Y hablan también de esos niños que se quedan en casa viendo la tele o absortos en internet o, si salen a la calle, “se agarran a un clavo ardiendo”, tomando como referente al primero que pillan, en palabras de Roger Caro, de Fundación Ítaca.
Y constatan una brecha. Si vives en un hogar en riesgo de pobreza, tendrás menos probabilidad de asistir a actividades en verano: El 44% de niños y niñas en esta situación, con sus padres trabajando, no acudió a ninguna en verano de 2017. Los que sí acudieron fueron sobre todo menores de 13 años y disfrutaron de estas actividades 9 días, de media. En cambio, si vives en un hogar sin estrecheces, no solo aumenta la probabilidad de haber acudido a campamentos o colonias –solo el 29% no lo hizo- sino que esta es mayor si eres adolescente y los días de disfrute pasan de 9 a 16.
También se posan sobre los efectos de los recortes: “Los recursos que existen que han sido recortados no llegan a todos los que se lo merecen porque tienen una situación adversa. Los criterios que se utilizan son restrictivos, y acaban cubriendo a los que más, más, más lo necesitan, pero hay una base muy amplia que se queda en ese limbo que no está suficientemente atendida (…), denuncia Elisenda Guedea, desde FAPAC.
Y se centran, en definitiva, en lo que Educo define el impacto relacional de la pobreza en la infancia y la adolescencia, pues la escasez no lo es solo de recursos económicos, sino de tiempo y de relaciones de apoyo, familiares y sociales. En sus informes, se hacen eco de los análisis de Carme Montserrat, del Instituto de Investigación sobre Calidad de Vida de la Universitat de Girona, para quien proporcionar a todos los niños en situaciones socioeconómicas difíciles el acceso a este tipo de actividades en verano es una medida compensatoria que, además de redundar positivamente en su salud, su autonomía personal, su rendimiento escolar y sus relaciones interpersonales, en definitiva, el bienestar general de estos menores, lo hace, sobre todo, en el bienestar subjetivo.
Diversos expertos insisten en que estas actividades recreativas, con comida incluida, no son un lujo sino una necesidad para estos niños y niñas, que el acceso al tiempo de ocio se trata de un espacio de protección para la infancia. Así, Maria València, de la Fundació Pere Tarrés, advierte de que “Para los niños que viven en contextos difíciles, rodearse de adultos que muestran una estabilidad y establecer con ellos vínculos afectivos positivos es mucho más saludable que pasar 14 semanas tumbados en el sofá con unos referentes desestructurados”.
El verano es una oportunidad para no desaprender o, mejor, para seguir aprendiendo. Lo constataba recientemente una investigación del Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públicas (Iválua) a cargo de Miquel Ángel Alegre, jefe de proyectos de la Fundació Jaume Bofill, sobre el programa Èxit Estiu, que, aplicado durante el mes de julio los últimos cinco años en 50 institutos de Barcelona, ha demostrado incrementar un 12% las probabilidades de promocionar de los 2.000 alumnos de ESO participantes, con riesgo de convertirse en repetidores.
Medidas como esta pretenden rebajar los efectos del llamado verano del olvido, que penaliza sobre todo a los estudiantes de entornos más desfavorecidos, como se ha venido demostrando desde la década de los setenta en EEUU. De hecho, investigadores como Smith y Brewer atribuyen a las vacaciones estivales (de 11 semanas de duración en el caso de España) un desfase de tres meses (por año) en estos estudiantes con respecto a sus pares con entornos más estimulantes.
La respuesta de las organizaciones
Es por este importante efecto compensador de las desigualdades de estos programas en verano que las organizaciones de infancia valoran el Veca. Desde Unicef, Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia, reconoce que, siendo los programas de ocio, tiempo libre y comedor durante los meses de verano competencia autonómica y local, el Estado, con esta dotación extra de recursos, puede reforzarlos.
“Informes como los de Educo se centran en la realidad de miles de niños que se pasan las tardes durante el curso en casa solos, porque la incapacidad económica de la familia obliga a los padres a trabajar en esos tiempos, sin alternativa de cuidados. Y su situación se agrava en verano. No se van de campamentos ni de vacaciones, y no por elección propia, y pasan aún más tiempo solos, con el consiguiente desorden de horarios desde edades tempranas, con los hermanos mayores cuidando de los pequeños…” comienza. Ante esto, recalca, este tipo de programas ejercen como alivio: “Pero desde Unicef constatamos que nos encontramos muchas veces ante medidas de urgencia, a corto plazo, coyunturales, y apostamos no tanto por este tipo de servicios [apertura del comedor escolar estos meses completada con talleres lúdicos] sino por dotar a las familias de recursos suficientes para que sean ellas las que elijan sus soluciones durante el verano, si sus hijos van al campamento o no, como cualquier otro niño. Los servicios que se ofrecen en los colegios no son malos, pero lo vemos como algo limitado, puntual, cuando la lucha contra la pobreza requiere un abordaje en general”.
Sí, el indicador que mide la situación de pobreza o exclusión social (At Risk of Poverty and/ or Exclusion, AROPE) tiene en cuenta entre sus ítems la posibilidad de poder pasar fuera del hogar de residencia al menos una semana al año. Y en España, según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida del INE, un 32% de hogares con niños de menos de 17 años no puede permitírselo –con variación desde el 23% del País Vasco al 45% de Extremadura-. Por tanto, González-Bueno ve positivo que desde el Gobierno se intente ayudar con una mayor partida a las instituciones y organizaciones que en los últimos años han multiplicado sus iniciativas para ofrecer una alternativa de ocio durante los meses de verano –en el caso de los niños el AROPE considera ir una semana a algún sitio nuevo o una segunda residencia, a casa de un amigo/ familiar/ vecino o de campamento-, pero esperan algo más.
El hecho de que se haya creado un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, así como las personas elegidas –María Luisa Carcedo, con un perfil más político, y Pau Marí-Klose, más académico- les hace albergar esperanzas de que la política de infancia devenga en política de Estado: “No se podrá con estos PGE, pero es importante que se vaya abriendo ya un diálogo amplio en esta materia”.
Como Unicef, otras organizaciones de infancia proponen una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros al año, frente a los 291 euros de ahora, y cambiar los umbrales para acceder a ella, de forma que llegue a las familias de los 2,1 millones de niños en riesgo de pobreza en España. Es el caso de Save the Children, que reclama continuidad en los planes de choque para la lucha contra la pobreza infantil para que de verdad tengan impacto, y hace constar la aspiración a un 2,4% del presupuesto para políticas de familia e infancia, en línea con la media europea: “La pobreza infantil solo puede combatirse con inversión y los niños han sido los más olvidados en los PGE de los últimos años. Es urgente dotar los planes de lucha contra la pobreza infantil del presupuesto necesario si no queremos ver cómo los niños y niñas más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares”, señala Andrés Conde, director de Save the Children España.
También desde Educo se aplaude el programa Veca por permitir que más niños y niñas disfruten este verano de las vacaciones, pero se reconoce que “queda mucho por hacer” y se subraya la importancia de “impulsar modelos de conciliación adecuados para las familias con niños a cargo”.
