El debate está tan polarizado que, si no cambian las circunstancias, difícilmente se vislumbra una solución que vaya a satisfacer a las dos partes. El Gobierno quiere traspasar a la inmensa mayoría de los 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial, según datos del Ministerio de Educación, a los llamados centros ordinarios. Así obliga un acuerdo firmado con la ONU y que por ahora no se ha cumplido.
«Ya era hora, debe hacerse», vienen a algunos expertos, la ley y algunas familias. «Es un disparate, no hay recursos y algunos pequeños están mejor atendidos en los centros especiales», replican otros padres y maestros.
La dicotomía viene a ser esa. Con carácter teórico, casi todo el mundo estaría de acuerdo con la inclusión bien practicada. Pero luego está la realidad, dibujada con pocos recursos materiales y humanos, clases atestadas (¿se puede atender bien a un chico con necesidades educativas especiales en un aula de 30 alumnos?) y profesores con pocos recursos, motivación e incluso formación, a decir de algunas expertos.
En este sentido, un estudio de la doctora en Pedagogía de la Universidad de Jaén Marta Medina establecía que el 50% de los profesores son «indiferentes» a la atención a la diversidad y uno de cada seis (el 16%) está en desacuerdo con la inclusión.
La medida
La ministra anunció sus planes en el Senado en diciembre. Isabel Celaá explicó que el Gobierno pretende convertir los centros de educación especial en «centros sectoriales de apoyo a la inclusión que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que esté actualmente escolarizado en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios».
Poco más se conoce con detalle. El Ejecutivo no ha detallado si dispone de alguna partida presupuestaria específica para llevar a cabo la medida ni qué plazos concretos maneja para implementarla. Observando los Presupuestos Generales del Estado, los montantes destinado a Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Compensatoria o Inversiones en Centros Educativos, las partidas a priori donde debería enmarcarse esta propuesta, son básicamente iguales a las del año anterior.
También es cierto que con las competencias en Educación transferidas a las comunidades autónomas, sería a estas a las que correspondería asumir el grueso del cambio.
Esta circunstancia, a su vez, plantea paradojas, según explica Iris Carabal, maestra de Primaria con especialidad en Pedagogía Terapeuta en la Comunidad Valenciana. «Es una contradicción lo que se hace aquí con lo que quiere hacer el Gobierno. En Valencia están sacando a los niños adolescentes con problemas de salud mental y problemas de conducta graves a unidades dentro de centros específicos, las llamadas Unidad Educativa Terapéutica / Hospital de Día. Y el Gobierno hace lo contrario, no tiene sentido».
Carabal también expresa sus dudas con los detalles de la implementación. «Necesitamos más apoyos, un plan. ¿Cómo se va a hacer esto? En Valencia, cuando se hicieron más aulas específicas de comunicación y lenguaje para alumnado con trastorno del espectro autista se notó en las oposiciones. Hubo un boom de plazas de maestros AL (de Audición y Lenguaje). No sé cómo quieren encauzar un cambio tan grande». Y recuerda que hay muchas modalidades de escolarización (a tiempo completo en un centro ordinario, a tiempo completo en un centro específico, escolarizaciones combinadas entre ambos, aulas específicas para alumnos con necesidades dentro de centros ordinarios…).
El panorama
Primero, la fotografía fija. En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de educación especial este curso. El número ha subido un 1,9% respecto al anterior (700 estudiantes más). Sin embargo, hay dos colegios menos: los 473 del curso 2017-18 pasaron a ser 471 este año. Estos 37.000 alumnos son el 17% de los menores con diversidad funcional. El resto ya está matriculado en el sistema ordinario.
El sector tiene unos porcentajes de educación privada (concertada sobre todo) superiores a la media en un país que ya tiene más educación privada que su entorno. Además, aunque el sector público es más pequeño que el privado, acoge a más alumnos. Así, el 59,6% de los alumnos de educación especial están matriculados en centros públicos, aunque estos suponen un 40% del total de los existentes.
A nivel normativo, la ley es bastante clara. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificado por España en 2008 y por tanto de obligado cumplimiento (en la jerarquía normativa, los tratados internacionales solo quedan por debajo de la Constitución), establece que todos los niños deben ser matriculados en centros ordinarios.
El artículo 24 de dicho texto expone en su punto 2: «Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad».
«La escuela no es inclusiva»
Pero la ley no se cumple. Lo dijo la ONU en una reciente visita a España y lo defienden muchos profesionales consultados. «El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes», señaló Theresia Degener, presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
«Estructuralmente, la escuela no es inclusiva aunque nos llenemos la boca de decirlo», valora Ignacio Calderón, profesor en el departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Málaga y autor de varios libros sobre la cuestión. «La escuela inclusiva es una escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas. En el momento en el que se hacen escolarizaciones que no lo hacen, la escuela deja de ser inclusiva», argumenta.
La Justicia también se ha pronunciado sobre la cuestión recientemente. En los últimos años han salido por todo el Estado varias sentencias favorables a familias que han peleado los dictámenes de la administración educativa que enviaban a sus hijos a centros especiales.
Uno de estos casos llegó al Tribunal Supremo (TS), que estableció que los niños con necesidades educativas especiales deben ser matriculados sí o sí en centros ordinarios, excepto casos muy excepcionales, y que debe mantenerse así, realizando las «modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas», excepto si resultan una «carga desproporcionada o indebida», que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.
Llevad los recursos a los niños y no los niños a los recursos, viene a decir la Justicia. En estos parámetros se mueve la propuesta del Gobierno: vaciar los centros de educación especial de alumnos no significa eliminar sus recursos materiales y humanos; significa reasignarlos al sistema general, que ganaría en profesionales y medios.
Los defensores de la inclusión aducen varios motivos para serlo. «Está contrastado que aprendemos de la diferencia», explica Calderón. «¿Cómo te preparas para una sociedad intercultural si no a través de la interculturalidad?», se pregunta.
Medina, doctora en Pedagogía, añade: «Si no conviven, si el chico sin discapacidad no sabe que existen chicos con otras necesidades, estamos muy lejos de conseguir el modelo social al que aspiramos. La educación tiene un papel importantísimo en conseguir este modelo. Esa es la magia de la educación inclusiva, aporta más a los chicos sin discapacidad que a los que la tienen».
La realidad es la que es
Pero hay muchas familias y profesionales que no lo ven. «En el documento [de la visita de la ONU a España] no consta que (…) visitaran ningún centro de educación especial, lo que sin duda les habría dado una visión más completa y ajustada a la realidad», explican desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.
«La realidad es que no hay dos sistemas, sino un único sistema donde los niños con necesidades educativas especiales son atendidos bajo diversas modalidades de escolarización. Los centros de educación especial son centros especializados que dan una respuesta personalizada y garantizan los apoyos necesarios a cada niño. El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita», concluyen.
Carabal, maestra de Pedagogía Terapéutica, explica su realidad: «El sistema educativo actual en centros ordinarios no es capaz de evaluar al alumnado con dificultades específicas del aprendizaje e intervenir de manera efectiva, y pretenden que se asuma la atención a alumnado con necesidades de carácter grave y permanente».
«Soy la primera a la que le encantaría una mayor inclusión educativa y social», matiza, «pero faltan recursos. Y también debemos aceptar las limitaciones de cada necesidad. Las personas que se encuentran en ciertos perfiles funcionales (autismo, Síndrome de Down, daño cerebral adquirido, etc.) tienen un estilo de vida distinto que merece ser respetado», elabora.
De Portugal a Nueva Escocia
El proyecto del Gobierno sigue los pasos de Portugal, donde los alumnos con discapacidad matriculados en centros especiales son la gran minoría. En la región estadounidense de Nueva Escocia se llevó esta práctica hasta el final: no existen centros de educación especial. Y el sistema no ha colapsado, recordaba Gordon Porter, el ideólogo de esta medida, durante una visita reciente a Madrid.
¿La inclusión es una cuestión de recursos nada más? «En un sentido estricto, no. La inclusión es que los niños vayan al colegio que les toque. La esencia es que pasen cinco horas al día, cinco días a la semana, año tras año, con chicos de su edad y entorno. Este es el elemento más importante», sostiene Porter en base a su experiencia.
Pero sí admite que quien mucho abarca, poco aprieta: «No podríamos haber hecho esto [un sistema educativo sin colegios especiales] si no dedicáramos todo el dinero a la inclusión. Tienes colegios ordinarios y colegios especiales. Nadie tiene dinero para financiar ambos. Nadie. Así que cogimos todo el dinero de un sitio y lo pusimos en el otro», explica.
