Carmen Rodríguez, José Gimeno, Jaume Martínez Bonafé, Enrique Javier Díez y Francisco Imbernón. Miembros del Foro de Sevilla.
Un pacto o acuerdo para la educación no puede basarse solo en pactos políticos de despacho que dejen fuera a la comunidad educativa, colectivos y organizaciones educativas, si queremos lograr una ley con estabilidad en nuestro sistema educativo. Por ello, las personas que formamos parte del Foro de Sevilla hemos querido denominarlo un “acuerdo social y político”, reforzando la idea de que se haga con la participación ciudadana. Así lo han defendido las las Mareas por la educación, las plataformas de la escuela pública, los sindicatos, partidos, la federación de asociaciones de familias CEAPA y los movimientos sociales y educativos, con los que hemos contribuido a desarrollar un documento conjunto que siente las bases para una nueva ley educativa.
La política educativa no puede ser sino política pública, es decir aquella discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto de cualquier Proyecto de Ley para la educación es oponerse a una concepción restrictiva y manipuladora de la misma y proponerlo como punto de partida de una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del actual estado de la educación. Significa mucho más que conseguir un consenso entre los partidos sobre educación, porque es decidir que la ciudadanía se compromete en el proceso de construcción de un proyecto público educativo.
Los saberes que se ponen en juego en el debate sobre la educación pública no son saberes técnicos. Las políticas educativas siempre son decisiones políticas y sociales que tienen que ver con: a quiénes pensamos que van dirigidas, bajo qué modelo de sociedad se desarrollan y qué papel y relevancia tiene el Estado, el profesorado y la comunidad educativa. Recurrir a “expertos” es un burdo disfraz legitimador de la ideología del grupo de expertos y de quienes los han designado. El procedimiento representa una especie de externalización hacia el ámbito de lo privado de la función de diseñar el sistema educativo.
La cultura del pacto (o un acuerdo social y político), como cultura democrática y deliberativa tiene que partir de abajo arriba y elaborarse por movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, partidos… promoviendo un proceso de participación a lo largo del tiempo, incorporando en el debate a los colectivos que han manifestado su deseo de participar y sus propuestas. La participación no se consigue con la legitimidad del acuerdo, sin haber creado antes las posibilidades de participación real y de desarrollar un trabajo conjunto.
La cultura del pacto también tiene que contar con información confiable. Los pactos son acuerdos que necesariamente, para ser posibles y perdurables, requieren arroparse con información para justificar y fundamentar las propuestas que se hagan, dotándolas de legitimidad. La información disponible tiene que estar en la base de las discusiones que serán transparentes y que abarcarán el diagnóstico del estado de la cuestión, las alternativas de las que disponemos y el conocimiento de los resultados de la implantación de lo pactado. Esa información no proviene solo del conocimiento de los “expertos”, sino de la tradición y experiencia de profesionales o especialistas y, fundamentalmente, del profesorado, la comunidad y el alumnado.
El problema de la educación no es solo que hayan existido muchas leyes educativas. Y menos una excusa para que todo siga igual. Porque ninguna de las leyes anteriores han hecho los cambios suficientes que requiere un sistema educativo democrático y comprensivo y muchas han sido complementarias. Es una contradicción destacable el que las mismas voces que reclaman el pacto para estabilizar el sistema educativo no sean críticas con la inercia institucional y la pasividad de la institución educativa para adaptarse a los cambios sociales. Quisiéramos pensar que quienes piden la estabilidad les preocupa más que en un tiempo cercano se plantee una nueva ley que sustituya a la actualmente vigente LOMCE.
Somos conscientes de que los pactos no son siempre posibles, ni las personas neutras. No se puede pactar cuando las perspectivas ideológicas enfrentan a quienes defienden la igualdad frente a quienes prefieren una determinada excelencia; la libertad frente al dogma, o la laicidad frente a la religión en la escuela. Para que haya pacto tiene que darse la conjunción de una ideología afín, entendiendo que, aunque pueda resultar simplificador, hay dos modelos de escuela posible.
Uno que sería una escuela pública, donde la educación es un derecho universal y se trata de conseguir la equidad para todos. Un modelo de escuela democrática, participativa, y que ha de servir para el fomento de la autonomía y que su alumnado desarrolle el pensamiento con libertad, con conciencia y de una forma crítica.
Y otro el de la educación entendida como un servicio, una mercancía, ante la que nos comportamos como clientes y que, por tanto debe ser liberalizada para competir en el mercado educacional. A costa de ser desigual su oferta, basada en la elección y en conseguir una mayor rentabilidad. Eso supone desarrollar un sistema educativo desigual y también el empeoramiento de las condiciones laborales y docentes del profesorado, porque prima una menor inversión con un mayor rendimiento.
Debemos partir, por tanto, de unas ideas comunes o consensos de mínimos. Creemos que la LOMCE y los recortes realizados en educación no buscan una educación justa, sino un sistema educativo que sirva a una economía de mercado y para ello han culpabilizado a la educación y a su profesorado, achacándoles falta de “excelencia y competitividad”, en lugar de responder con las políticas adecuadas a un sistema educativo con altas cifras de abandono escolar [un 24,9%: 28,8% alumnos y 20,8% alumnas (Eurostat, 2013)]. Argumentos que además están respaldados por Organismos internacionales como la OCDE y la comisión Europea.
Podemos analizar dos grandes desafíos o propuestas, que, para nosotros deben ser el marco de referencia para una nueva ley educativa. Que solo se puede tejer en una educación pública.
Un desafío cívico. Una escuela que no esté subordinada a generar crecimiento económico como propone la LOMCE sino personas libres, creativas y capaces de contribuir al bienestar social que garantice el éxito escolar (una escuela pública, gratuita y de calidad).
Tambien un desafío cultural que considere que el conocimiento y su propia organización debe ser plural, con saberes contextualizados, que tengan sentido para el alumnado y sean revisables, si no seguiremos domesticando a nuestro alumnado en una enseñanza reproductiva, memorística, selectiva y meritocrática, orientada a satisfacer únicamente las expectativas del mundo del trabajo.
Estos desafíos suponen que la legitimidad para decidir en educación la tiene la comunidad escolar y la sociedad (para que sea democrática); el control es de los estados (con diferentes competencias descentralizadas), no del mercado, la OCDE, el Banco Mundial o la Comisión Europea; y la competencia, del profesorado.
La LOMCE supone una amenaza para la escuela pública contra la que luchamos todos los colectivos, partidos y organizaciones que defendemos una escuela en igualdad. En la educación conservadora que se plantea no es considerada un derecho universal sino una ventaja competitiva, para que personas de las clases medias y altas tengan una mejor escuela y se mantenga la reproducción social. El derecho a la educación se quiebra en cuando aparece el derecho al privilegio.
Después de la falta de consenso que consiguió la LOMCE y el acuerdo que consiguió su derogación, estamos en disposición de alcanzar un “pacto” desde abajo con las fuerzas políticas progresistas.
