Hace dos años hubo un encuentro de personas comprometidas con la escuela pública. Uno de tantos que se celebran todos los días en la Comunidad de Madrid con el fin de proteger el derecho a la educación, en progresivo deterioro desde hace años por las políticas de exclusión e inequidad del Gobierno de la región. Madrid tiene el menor gasto educativo de toda España (la mitad que el País Vasco), el mayor número de alumnos por docente, gravísimos niveles de segregación escolar según origen social, geográfico, por sexo y por discapacidad, una dotación absolutamente insuficiente de especialistas para la inclusión e indicadores de desigualdad alarmantes.
En aquella reunión volvimos a reflexionar sobre la realidad cotidiana de nuestros colegios e institutos y a compartir la desesperación ante un sistema degradado que asfixia la mejora educativa. En ello estábamos cuando un maestro se atrevió a plantear que, además de denunciar la realidad, era urgente construir una alternativa a esas políticas. “Pero estás loco; ellos tienen el poder para hacer las leyes sin contar con nadie. Llevan haciéndolo muchos años”, le dijimos. “Cierto”, dijo él. “Pero hay una forma de debilitar su impunidad”. Y entonces nos contó que la ciudadanía también tenía herramientas y que era posible llegar a quienes tienen ese poder pidiendo ayuda a los ayuntamientos. El secreto no era otro que utilizar la democracia.
Así que, aquel día, algunos locos y locas empezamos a poner palabras al sueño de garantizar una educación de calidad a todos y todas independientemente de sus recursos económicos, de la nacionalidad de sus padres o de si tienen o no alguna discapacidad. Y lo hicimos tratando de ser inclusivos, democráticos, transparentes y rigurosos. Por eso comenzamos con un diagnóstico previo detallado y sólido. Por eso se sumaron al proyecto decenas de personas, entre docentes de todos los niveles (desde infantil hasta la universidad), inspectores de educación, orientadores, madres y padres, representantes de asociaciones, juristas y lingüistas. Y por eso se realizaron más de 40 asambleas explicativas en toda la región y cada avance en el texto se colgó en la web para recibir críticas y aportaciones.
Dos años después disponemos de una propuesta de ley con medidas detalladas para asignar recursos al alumnado que más lo necesita y para prevenir la exclusión y la segregación educativas. Una iniciativa que cuenta ya con la adhesión de más de 200 entidades y que, a 1 de agosto de 2017, había sido aprobada por 35 plenos de municipios en los que habitan más de 5 millones de madrileños. Y ahí comprendimos con mayor claridad que no éramos nosotros los locos. Que la locura es seguir ignorando el derecho a la educación de una parte del alumnado y renunciar a un sistema educativo que promueva la equidad y la cohesión social.
Pero el momento crucial llega ahora. En las próximas semanas, los alcaldes y concejales de los municipios que han apostado por el derecho a la educación ejercerán la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos y elevarán la propuesta la Asamblea de Madrid. Y será ahí donde los grupos políticos, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular, deberán demostrar si realmente apuestan por la equidad y calidad educativas, o si dejan pasar una de las escasas oportunidades históricas en las que la ciudadanía y la mayoría de partidos están en disposición de ofrecer una alternativa. Es la hora de la cordura en educación.
Grupo promotor de la ILA por una Escolarización Inclusiva en la Comunidad de Madrid
