En el mes de marzo pasado la Federación Españolade Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (FEDIS) decidió poner en marcha una campaña en la plataforma Change.org para pedir que la futura ley de educación contemple medidas más concretas para la detección e intervención de la dislexia.
Hoy han presentado en el Congreso de los Diputados, de la mano de Ciudadanos y su diputada Marta Martín, 210.000 firmas de las 221.000 que se habían recogido, en el momento de escribir estas líneas.
Según Jesús Gonzalo, presidente de FEDIS, y teniendo en cuenta cálculos como los de la OMS y algunas otras investigaciones, en España podría haber una incidencia de un 5% de alumnado con dilexia y otros dificultades como la discalculia o la disortografía. Unos datos menores que los cálculos de la Organización Mundial de la Salud que se elevan hasta el 15% de toda la población mundial.
Según Gonzalo esta diferencia bien puede explicarse por la transparencia de los idiomas, y frente al inglés, muy poco transparente, el castellano sí lo sería. De ahí la menor incidencia.
Desde FEDIS entienden que el artículo 79 bis de la LOMCE fue un aso adelante en el tratamiento de este alumnado al exigir a las administraciones educativas poner las «medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades».
Lo que intentan con esta recogida de firmas es que estas medidas sean más concretas dentro de la nueva ley de educación. Principalmente para poder exigir a las comunidades autónomas que tengan en cuenta la situaciones de estas y estos menores dentro del sistema. Según Gonzalo, la transferencia de la competencias supone una enorme diferencia entre autonomías a la hora de atender a este alumnado. Ejemplifica con las dificultades que, por ejemplo en Madrid, se ponen a la hora de hacer la EBAU con adaptaciones y teniendo en cuenta las circunstancias del alumnado cuando se encuentren faltas de ortografía en las pruebas. Algo que, asegura, no pasa en otras comunidades autónomas.
Piden las posibilidad de hacer adaptaciones, por ejemplo, en el tiempo para la realización de los exámenes o que estos sean orales o mixtos, para facilitar al alumnado el poder realizarlos. También que la detección temprana de estos trastornos sea efectiva. Gonzalo habla de un futuro plan en Andalucía que tiene previsto el funcionamiento en niñas y niños desde los 3 años. Ha de ser cuanto antes mejor y universalizado. El objetivo es que con este desarrollo precoz, a los 6 o 7 años ya se sepa qué alumnos simplemente tenían algún desfase madurativo que se haya corregido en este tiempo, y quiénes plantean dislexia u otras DEA. De esta manera podría mejorarse la atención y el aprendizaje de, según los cálculos de FEDIS, unos 700.000 menores en todo el sistema educativo.
Según Jesús Gonzalo, aproximadamente el 40% del abandono escolar temprano podría explicarse por trastornos como la dislexia, la discalculia y otras DEA (hasta el 60% si te suma el TDAH).
Un asunto, claro, que también relaciona con las dificultades por la falta de personal en los centros educativos, sobre todo en los departamentos de orientación, y también sobre formación e información sobre la dislexia. Según Gonzalo, hay docentes que incluso dudan de la realidad de la dislexia y esto, claro, provoca problemas importantes a la hora de detectarlo y ponerle solución.
Marta Martín, diputada da Ciudadanos, estuvo presente en la entrega de las firmas recogidas, precisamente en el Día Internacional de la Dislexia, y explicó que es un asunto en el que se encuentran muy comprometidos. De hecho han realizado una jornada en 40 municipios y 10 comunidades autónomas con proposiciones no de ley y mociones instando a las administraciones que pongan en marcha planes para la intervención de la dislexia, y también para que se pongan en marcha acciones culturales y planes de ayuda y acción para ayudar a las niñas y los niños.
Ha recordado también la aprobación de la PNL sobre el tratamiento de la dislexia y de otras dificultades específicas de aprendizaje y también la esperanza de que esta necesidad de una mayor equidad e inclusión educativa se vea reflejada en el futuro pacto educativo que se negocia en el Congreso.
