En la Plataforma de Educación Infantil 06 nos preocupa extraordinariamente el avance que está teniendo la implantación de las aulas de dos años en los colegios y más aún el hecho de que se aliente su generalización desde Proposiciones de Ley (PL) y No de Ley (PNL) con argumentos que muestran el gran desconocimiento de la infancia, de sus derechos y necesidades.
Nos había alegrado mucho la noticia de que se pidiera tanto en el Congreso de los Diputados (PNL de 26 de septiembre) como en el Parlamento de Andalucía (PL de 16 de octubre) la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, máxime cuando el primer documento reclama, además, un Real Decreto de requisitos y enseñanzas para el primer ciclo común a todo el Estado, reivindicación que motivó nuestro nacimiento como Plataforma.
En ambos documentos se resalta la importancia que para el futuro de las criaturas, incluso de la sociedad, tiene la escolarización temprana, pero solo en el estatal se alude a su calidad, condición fundamental que reflejan todos los estudios internacionales para que se alcancen esos beneficios. También se argumenta en ambos su existencia con un concepto erróneo de conciliación, pues esta ha de partir del mundo laboral y son políticas públicas sociales, laborales y sanitarias las que, en coordinación con las educativas, deben resolver.
La gratuidad de la Educación Infantil, algo imprescindible para que haya equidad, no va a dar respuesta por sí sola a las necesidades de la infancia si no hay calidad mínima en la oferta que se hace. La institucionalización de las criaturas en lugares extremadamente inapropiados, con ratios que siguen siendo excesivas, con una organización inadecuada y una problemática distribución de profesionales, insistimos, no es la respuesta. ¿A costa de qué se va a escolarizar gratuitamente a parte de estas criaturas de un primer ciclo que se rompe con ello?
En el documento estatal (PNL) la petición número 3 exhorta explícitamente al Gobierno a incentivar la creación de nuevas plazas para el alumnado de 2 a 3 años ubicadas en centros públicos de Infantil y Primaria. El documento autonómico (PL) es más sutil, al recordar como concreción lo que la LOE legalizó en su artículo 15.4: «De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el primer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo o una parte del mismo».
Y es que ya tenemos muy mala experiencia. Las aulas de dos años en los colegios son una solución aún peor para las criaturas de lo que lo han sido y son, con demasiada frecuencia, las de tres años que instauró la LOGSE en 1990. Se prometió entonces que se adaptarían espacios y relaciones a las características de estos niños y niñas, pero no ha sido así: en relación con su cuerpo, porque no se acepta que también es educar el asumir que en estas edades los esfínteres presentan escapes y se exige a las familias que lo resuelvan; en relación con su personalidad global, porque se les somete a aprendizajes y formas de adquirirlos impropios; en relación con los espacios en los centros, porque nunca acabaron de acondicionarse para acoger a estos niños y niñas.
Así pues, parece que aquella fórmula -primero las metemos y luego vemos si creamos las condiciones para ello- se mantiene, ahora también para las aulas de dos años.
En todas las comunidades donde se han instaurado se ha hecho sin pensar realmente en las necesidades y derechos infantiles, con prisas, sin garantías y con una gran diversidad. Por ejemplo, se han planteado dos figuras diferentes para educar: una, la maestra, se ocupa de la cabeza y otra, la técnico superior en Educación Infantil (TSI), de las necesidades biológicas corporales. ¿Dónde queda la necesaria globalidad educativa y el desarrollo de una imagen de sí integral?
Ratios iniciales como las de Cantabria, cuyas aulas de dos años nacieron en 2003-2004 con 16 criaturas, al cabo de dos cursos aumentaron a 18, y con las épocas de crisis vieron en 2012 cómo se quedaban exclusivamente en manos de una TSI. En el País Vasco las sucesivas regulaciones fueron reduciendo exigencias, por ejemplo, en el capítulo de espacios. En todas las comunidades ha habido problemas de adecuación, por ejemplo, en Aragón llegaron las criaturas a centros que no tenían ni cambiadores y donde, cuando se han incorporado, ha sido en el baño general y distante de la clase. En Valencia ocurrió igual, incluso se retrasó el proyecto porque en septiembre aún no había siquiera una Orden administrativa que lo regulase y la bolsa de educadoras no estaba disponible. Hay comunidades en que las TSI son funcionarias o personal laboral, en otras son contratas privadas las que proporcionan personal mal pagado y en otras conviven ambos modelos. También hay afortunadamente comunidades en las que, como en Asturias (AEIPA 0-3), la lucha de profesionales de las Escuelas Públicas parece que van deteniendo los intentos políticos de instaurar estas aulas de momento.
Es el derecho a una educación cálida y de calidad desde el nacimiento lo que justifica la existencia de instituciones para estas edades, pero instituciones de calidad, bien pensadas y diseñadas que complementen a la familia y la compensen cuando sea preciso. Demandamos una oferta de 0 a 6 años universal, pública y gratuita, pero con calidad. La universalización y gratuidad de los dos años debe darse con garantías, en las escuelas infantiles, lugares que sí reúnen las condiciones necesarias. Creen puestos escolares de calidad en ellas y no encajen a los niños y niñas en condiciones y en espacios inapropiados. No pretendan dar respuesta a una necesidad creando un problema mayor. Nos jugamos demasiado como sociedad.
Alicia Alonso Gil (Plataforma de Educación Infantil 06)
