Mi compañero Vicente es profesor titular en la Universidad de León desde hace 14 años. Hace dos años solicitó acreditarse como catedrático y se quedó a muy poco de conseguirlo. Le faltaban unos pocos méritos de investigación y algo más de docencia que hubiera podido lograr en estos dos años. Pero con el nuevo sistema de acreditación que acaba de implantar la ANECA (agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario), prevé que ahora tardará por lo menos otros 10 años en cumplir las nuevas condiciones, pero cree que nunca llegará porque antes se jubila.
Se está levantando una ola de indignación entre el profesorado universitario que considera desproporcionadas, desorbitadas e inalcanzables las nuevas condiciones de acreditación. Recordemos que la acreditación (proceso de evaluación externa del currículum) es solo un requisito previo al concurso público necesario para acceder a cualquier puesto de profesorado universitario. Por eso, este repentino e injustificado cambio de los criterios de la ANECA, multiplicando los requisitos y haciéndolo inaccesible incluso para muchos que actualmente lo son, se ha tildado de “ANECAZO”.
En el contexto actual de recortes y de desinversión en Educación Superior, el “ANECAZO” entierra definitivamente las perspectivas de estabilidad y de promoción de buena parte del profesorado universitario, a la vez que consolida el control ideológico y político en la Universidad, orientándola más que nunca al servicio de los intereses de mercado.
El ANECAZO probablemente expulsará de la carrera académica a muchas personas que, habiendo cumplido sobradamente con lo que se les exigía para pasar a ser estables, han visto frenada su posibilidad de estabilidad laboral por el estrangulamiento de la Universidad Pública, debido al recorte de plantilla de profesorado decretado por el gobierno Rajoy desde 2012 y estando, además, sin posibilidad de recursos para poder continuar sus investigaciones, también debido a los recortes presupuestarios. De esta forma el ANECAZO se convierte en un ERE encubierto que precariza aún más la Universidad Pública.
Por eso buena parte de la comunidad universitaria lamenta estos dos años perdidos, con el sistema de acreditación paralizado, que sólo han servido para que el Ministerio y la ANECA impongan los criterios ya publicados hace tiempo, incumpliendo el compromiso que ambos adquirieron de revisarlos para hacerlos más racionales, adaptados a la realidad, y similares en cuanto a exigencia a los anteriores.
El endurecimiento de los requisitos es tal que en diversas áreas las exigencias máximas del anterior sistema se han transformado en requerimientos mínimos en el actual modelo. Estos criterios son además generadores de desigualdad y frustración entre el profesorado universitario puesto que algunos de los méritos son prácticamente imposibles de alcanzar en algunas áreas, bloqueando así las aspiraciones legítimas de desarrollo en su trayectoria académica y de promoción de quienes están en el inicio de su carrera docente e investigadora.
En el sistema anterior, en Educación, en la práctica no hacía falta haber publicado en el Journal Citation Reports (JCR) para ser catedrático o catedrática. Ahora, se exigen al menos cuatro publicaciones en lo que se denomina “primer cuartil” (el nivel más restringido) del JCR y otras ocho en otros niveles no tan exigentes, cuando en Educación hay muy pocos profesores y profesoras con estos méritos, ni siquiera en la comisión que ha aprobado esta nueva norma. Los sindicatos estiman que, con los requisitos de ahora, serían suspendidos para catedráticos y titulares más del 80% de los que actualmente desempeñan sus funciones en estos puestos, incluyendo a los recién acreditados.
No solo se exige un exagerado número de publicaciones en revistas de impacto mundial, sino también autorías preferentes (cuando los artículos suelen estar vinculados a proyectos y ser de autoría múltiple), lo cual es especialmente lesivo para el profesorado no permanente o contratado doctor, pues no puede haber sido investigador principal en dos proyectos competitivos, requisito para cumplir esas condiciones. Estos méritos para acceder a un puesto estable son imposibles de lograr para el profesorado con contrato temporal y precario, pues están ligados precisamente a tener un contrato estable. Se convierte así en un círculo vicioso imposible: para dejar de tener un contrato precario, se exigen aportar méritos que solo se pueden conseguir con un contrato estable.
La evaluación en forma de acreditación del profesorado universitario debe ser un proceso transparente, sin criterios que den lugar a la subjetividad, autoevaluable y adecuado a la realidad docente e investigadora de cada área de conocimiento. No puede ni debe fijar máximos, sino los mínimos necesarios para que se pueda acceder a un concurso en el que, como en cualquier oposición, el tribunal sí establezca cuales son aquellos candidatos o candidatas que alcanzan la máxima puntuación con sus méritos.
Lo que se esconde detrás de este nuevo sistema de acreditación es implantar un modelo de corte profundamente neoliberal, competitivo y de hiperproductividad en las condiciones de trabajo del profesorado universitario, que olvida intencionalmente la interdisciplinaridad (especialmente en investigación), impulsando modelos de competencia individual que no se corresponde con el modelo de cooperación científica que hace avanzar la ciencia y el conocimiento.
Reorienta la universidad hacia un modelo gerencial, de corte neoliberal, que privilegia y premia la gestión, como si la Universidad fuera una empresa. El peso que da a la permanencia en determinados cargos universitarios, es claramente desproporcionado. Supuesto “mérito”, que puede ser valorado con el máximo en investigación, como si fuera una actividad científica. Mientras minimiza la valoración positiva de la investigación.
El problema de fondo es que el Ministerio no ha querido sentarse con los agentes sociales para acordar, de una vez por todas, las bases de lo que debe ser un profesor o profesora universitaria, ni establecer, si es necesario, un modelo de carrera profesional académica, a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas (contemplado ya en la LOM-LOU 4/2007).
Por lo tanto, esta imposición sin proceso de negociación colectiva y sin justificación del cambio de criterios (no se conocen informes, análisis previos y estudios que lo avalen y justifiquen), se suma a las medidas “de ajuste” implantadas con el RDL 14/2012 que, no solo recortaron la plantilla universitaria, sino que además aumentaron la docencia de gran parte del profesorado y la convirtieron en una suerte de “castigo” o “imposición” a quien no consiguiera acreditarse. Así como los recortes en las ayudas destinadas a investigación. Es decir, una escalada en el desmantelamiento de la Universidad Pública y su precarización, mcdonalización y “gerencialización”.
Nadie está en contra de que haya más y mejor docencia e investigación en la Universidad. Pero elevar los requisitos “de manera desproporcionada”, lo que realmente empuja es a centrarse exclusivamente en la loca carrera por “publicar o perecer”, buscando obtener esos “puntos ANECA” como sea y a cualquier precio, investigando en temas “vendibles”, dejando de lado otras tareas esenciales de la Universidad. Además, que el número de publicaciones no acredita ni el acierto en la investigación, ni las posibilidades de su aplicación ni la correlación con una mejor docencia. El objetivo de la vida académica en la Universidad no puede ser conseguir “puntos Aneca”, sino generar y compartir conocimiento.
Por eso es crucial apoyar la demanda de los sindicatos para que se derogue el RD 415/2015, se habilite el anterior sistema de acreditación (RD 1312/2007) transitoriamente y se negocie un nuevo sistema de acreditación consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore los méritos académicos objetivamente. Un sistema que valore los méritos académicos de unos profesionales universitarios que están realizando un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales de brutales recortes y precarización, centradas en rescatar bancos mientras dejan en la ruina la financiación universitaria. Un sistema que asegure la estabilidad y dignidad del profesorado y blinde la Universidad Pública contra la privatización y los recortes.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla.
