Lo ha vuelto a conseguir el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo. Ha puesto a (casi) todo el mundo de acuerdo, por lo menos a los profesionales del sector. Casi nadie, no los principales sindicatos y asociaciones de profesores en defensa de la enseñanza pública en cualquier caso, quiere el MIR educativo que ha propuesto el ministerio para su inclusión en el pacto.
Estaban los partidos negociando el pacto a puerta cerrada, sin hacer mucho ruido, cuando Méndez de Vigo se desmarcó el sábado con que quiere incluir un nuevo modelo de acceso a la docencia y formación de los profesores. No es que sea nueva esta propuesta de MIR educativo —Rubalcaba llegó a hablar de ella en 2015, Ciudadanos y Podemos y la han incluido en sus programas de alguna manera—, pero el ministro consiguió marcar agenda y que se hable de su MIR. También consiguió un buen puñado de críticas.
Los profesionales de la educación agrupados en torno a los sindicatos STEs, CC OO, UGT o sin filiación alrededor de asociaciones como Yo Estudié en la Pública rechazaron de plano el proyecto del Gobierno porque consideran que es una maniobra para endurecer y precarizar (“más aún”, dicen) la profesión docente. El MIR que propone Méndez de Vigo llevaría a un docente a necesitar siete años de formación —mínimo— y pasar dos oposiciones.
A nivel político, en esta misma línea se ha manifestado Unidos Podemos. Otros partidos han tenido como primera reacción cuestionar la paternidad y custodia de la criatura. Ciudadanos y PSOE reclaman la idea como propia. En el caso de los socialistas, han deslizado un atisbo de crítica al sostener que podría ser un “guiño” del ministro para evitar hablar de la financiación de la educación, “lo que toca esta semana”.
¿Qué propone el Gobierno?
La propuesta de Méndez de Vigo afectaría tanto al acceso inicial como a la formación posterior. Supone, de primeras, que los aspirantes a docentes tendrán que pasar por dos pruebas selectivas en vez de una, como hasta ahora.
La primera de ellas serviría como criba inicial y tendría lugar justo después del periodo formativo (grado más máster formativo universitarios). Esta prueba evaluaría los conocimientos d ella especialidad y otros aspectos relacionados con la organización curricular, la gestión de centros, etc.
De ahí, los candidatos que siguieran adelante entrarían en un periodo formativo tutorizado de dos años “en el que se trabajen todas y cada una de las funciones asociadas a la docencia”, según el ministro. Concluida esta fase formativa, y suponiendo que se ha superado con una evaluación positiva, los docentes tendrán que pasar una segunda prueba (la oposición), que medirá su capacidad pedagógica. De ahí, al aula con pleno derecho.
Endurecimiento de las condiciones
“Lejos de abrir un proceso de reflexión y diálogo acerca de cuál es el perfil profesional que reclama una escuela que se pretende inclusiva, democrática, laica… lo que anuncia el Ministro Méndez de Vigo es, sin más, un endurecimiento de las condiciones de acceso a la función docente”, reflexionan desde Yo Estudié en la Pública.
Esta es la visión generalizada entre los profesionales de la educación (o al menos sus representantes), pese a que un 65% de los docentes lo pedía, según un estudio realizado hace un par de años por el Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias.
“La propuesta de dos años de prácticas es una muestra más de la intención del Gobierno de precarizar al profesorado introduciendo la figura de docente en prácticas”, valoran desde CC OO, en relación a los dos años en los que los futuros docentes estarán en formación, pero dando clase. “Detrás de esta iniciativa se esconden más temporalidad y menos salarios para el personal docente y más rotación en los centros”, añaden.
“Prestigiar la profesión docente es empezar por revertir los recortes que viene sufriendo el profesorado en los últimos años, es mejorar sus condiciones laborales, es ajustar los salarios a su carga de responsabilidad, es definir una carrera profesional atractiva y estimulante, es invertir más en Educación”, añaden desde UGT la segunda gran crítica a la propuesta.
Anpe es el principal sindicato que defiende más o menos la propuesta, aunque matiza que “debe estar incardinado en una Ley de la profesión docente y un Estatuto Docente”. “El MIR educativo debe buscar un equilibrio entre experiencia docente y formación académica y reforzar el proceso de selección previa y el periodo de prácticas de los aspirantes”, explican desde la formación.
Ya existe, pero no se hace
Una de las principales críticas que realizan los sindicatos es que la necesidad del MIR se justifica bajo una premisa errónea (o falsa). Francisco García, secretario general de CC OO, cree que el problema fundamental es que las Comunidades Autónomas se saltan el modelo actual de acceso y formación. La les establece —actualmente— que los opositores, aunque hayan aprobado, tienen que realizar un periodo de prácticas de mínimo cuatro meses y máximo un año y que pueden ser suspendidos al finalizarlo. Solo que nadie cumple con esto.
“El MIR sería el sustituto de este periodo de prácticas que no se hace”, sostiene García. “Dicen que es algo novedoso, pero no harían falta grandes cambios normativos”, asegura. “Sí es cierto que lo que más echamos en falta en el proceso es que se potencie la parte práctica, pero mejorarla supone un esfuerzo económico importante”, recalca. Y fondos ni hay ni se los espera. “Tanto hablar del MIR es para esconder problemas como la disminución del presupuesto, el aumento de las ratios, de las horas lectivas o la caída de la atención a la diversidad”, remata Voro Benavent, secretario de STESi.
Esto último entronca con la última línea argumental contra el MIR que esgrimen algunos partidos, sindicatos y asociaciones. El ministro de Educación, dicen, plantea ahora mejorar la formación del profesorado cuando su Gobierno, sobre todo con el anterior titular del ramo, José Ignacio Wert, lleva años recortando en formación del profesorado y muchas comunidades han desmantelado la red de formación de los docentes durante los años de la crisis. Entre 2011 y 2017, estas partidas han caído de 52 millones de euros a 2,6 millones, según eldiario.es.
No es la primera propuesta
Ni es la primera vez que se habla del MIR ni seguramente sea la última. Bajo el argumento de que ni se está seleccionando a los mejores para la profesión, ni se les está dando la mejor formación ni acaban llegando los más idóneos, varios partidos políticos han propuesto en los últimos años la creación de una suerte de MIR educativo. El anterior Ministerio de Educación también pidió al filósofo José Antonio Marina que diseñara un sistema. Las fórmulas ideadas difieren en algunos detalles, pero coinciden en la idea básica: hay que darle un impulso a la parte práctica (que por cierto ya está contemplado en el actual sistema, pero ninguna Comunidad Autónoma lleva a cabo).
El DEP de Marina (docentes en prácticas) apuesta por seleccionar a los aspirantes antes de entrar al Máster habilitante. Una vez licenciados, los alumnos realizarían un examen nacional que ejercería de primera criba. Los mejores en el examen pasarían a cursar el máster. Aprobado este, el siguiente paso en el camino sería una formación de dos años en unos “centros docentes acreditados” (en el MIR sanitario hay “hospitales docentes”), donde estarían bajo la supervisión de un tutor. En esta etapa del camino ya se incluiría una remuneración para el docente en prácticas. Una vez concluido todo este proceso (de siete años: cuatro de grado, uno de Máster, dos de prácticas), el aspirante estaría habilitado para ser profesor. El acceso al sistema público ya dependería de las comunidades autónomas.
No es la única propuesta elaborada que se ha hecho sobre el tema. Un grupo de profesores desarrolló en su momento el NAD (Nuevo Acceso Docente), más ligado al acceso que a la formación, que miles de ellos apoyan. Básicamente, esta plataforma propone que la nota obtenida en la fase de oposición no caduque nunca. Actualmente, si se hace la oposición pero no se saca la plaza hay que volver a hacerla entera si se quiere optar a un puesto fijo. De esta manera la nota seguiría siendo válida al menos durante unos años.
Con el NAD, una vez aprobados, los candidatos pasarían a formar parte de una lista donde querían ordenados en función de la experiencia, la nota más alta obtenida en un proceso selectivo, y la formación especializada en el campo por el que se presentan. El reparto de plazas se realizaría cada vez que se convocaran plazas. Los candidatos que ya hubieran superado el proceso una vez estarían exentos de repetir, aunque podrían hacerlo de nuevo para subir nota si quisieran.
Sea cuál sea el sistema elegido, si es que se modifica finalmente, habrá que abordar otras cuestiones, de las que nadie habla estos días. Implantar el MIR en educación plantearía algunos problemas sobrevenidos. ¿Qué hacemos con los interinos? ¿Les obligamos a realizar todo el proceso o convalidamos su experiencia docente? ¿O habría dos vías para acceder a la función docente? ¿Sería obligatorio para trabajar en esa rareza española que son los centros privados pero sostenidos con fondos públicos?
