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A media mañana de hoy, frente a las puertas del Congreso de los Diputados, en una mañana nublada y fría, las diferentes organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública han celebrado una rueda de prensa, a pie de calle, unos minutos antes de registrar en el Parlamento su documento La educación que queremos, así como de formalizar la petición a los partidos de la Cámara de realizar reuniones con ellos para tratar los diferentes puntos.
Unas horas después, la primera de estas reuniones ya se ha celebrado, con Pablo Iglesias, líder de Podemos, Ione Belarra, diputada de Unidos Podemos, y Javier Sánchez, portavoz de esta formación en la Comisión de Educación. La idea, hablar sobre los diez puntos del documento que la plataforma hizo públicos hace unos días. Unos puntos que suponen un suelo desde el que negociar, el mínimo que esperan para poder hablar de Pacto social por la educación.
Al finalizar la reunión, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que visitó fugazmente la reunión con la comunidad educativa, aseguró que hay dos puntos básicos para su partido: que se escuche a la comunidad educativa en la redacción de la próxima ley educativa, así como que la inversión aumente de manera importante. Desde su punto de vista, hasta el 5% para 2020 pero «habría que apostar para 2024 por un 7% del PIB».
Todas las organizaciones han querido dejar claro que el documento que presentarán a los partidos es de mínimos. Salvo en el caso del Sindicato de Estudiantes (SE), integrante también de la Plataforma pero que ha querido desmarcarse de este documento.
«Nosotros entendemos que lo que están tratando de haccer con el amparo del PSOE de Pedro Sánchez no es más que mofarse de las reivindicaciones defendidas por la marea verde en las calles», ha sidho Ana García, su máxima responsable. Y ha insistido en que desde el SE se seguirá reivindicando, sin renunciar a volver a las protestas y a huelgas estudiantiles, para conseguir la derogación de la Lomce, del 3+2, para que «se devuelva el dinero robado a la educación pública, que se recontrate a los docentes despedidos, ni hablar de un MIR que es una reforma laboral encubierta, precarización, ni un euro a la concertada, la religión fuera de la escuela».
Un documento que recoge «las medidas que proponen los profesores, padres y madres, estudiantes. Son las medidas de los que saben, las medidas de la comunidad educativa y que verán que se alejan de cualquier maximalismo», aseguraba Iglesias en los pasillos del Congreso.
Ante las dificultades de la negociación del pacto, que durante las primeras semanas tras retomar la actividad parlamentaria han hecho imposible terminar con el primero de los 15 puntos del índice del Pacto, y la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio, el líder de Podemos ha asegurado que » vamos a buscar el consenso sobre la base de las propuestas de mínimos que hace la comunidad educativa», a pesa de que «pensamos que el PP siempre lo ha puesto muy difícil y lo seguirá poniendo difícil».
Según confirmaron miembros de la Plataforma, el PSOE también se reunirá con las organizaciones en los próximos días para tratar sobre los diez puntos del documento que presentaron.
A vueltas con el MIR
Esta misma mañana, Íñigo Méndez de Vigo aseguraba que su intención es que el MIR educativo esté listo y en funcionamiento de aquí a 2020. Desde los sindicatos ven este tema como una «ocurrencia extemporánea», en palabras de Marbiel Loranca, secretaria general de Enseñanza en la FeSP-UGT.
CCOO «vemos con mucha preocupación que se empiece a hablar d euna parte de la carrera profesional, o del ingreso a la profesión. Nos parece un debate descontextualizado», aseguraba Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza. Quien insistía en que «queremos hablar del estatuto docente qu edebería regular el momdelo de profesión y no solo el acceso a la profesión». Y ha recordado el modelo de Estatuto que se negoció en 2007 con el primero gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Ministerio de Hacienda echó atrás por el coste que podría suponer.
Desde STEs, José Ramón Merino, aseguraba que «es un tema peligroso, y más cuando está sin solucionar el tema de las oposiciones en las que se pueden quedar decenas de miles de interinos».
Este es el documento íntegro con las medidas propuestas por la Plataforma a los diferentes partidos políticos del Congreso:
