«No pedimos más dinero, eso que quede claro». Tajante, así se expresa Isabel Ruiz, una de las profesoras de la Universidad de Málaga que ayer se han puesto en huelga, aunque con algunos matices, para conseguir mejorar las condiciones de sus contratos y alcanzar una estabilidad laboral que ahora mismo no tienen.
Y es con matices porque todavía están esperando, en Málaga y Sevilla al menos, a que la autoridad laboral les diga cuáles son los servicios mínioms que deben cumplir en esta convocatoria de huelga. Realizada precisamente en la época de los exámenes. Por su parte, el profesorado de Granada acudirá a la huelga el próximo día 4 de junio para poder cumplir con los plazos legales de convocatoria de huelga.
Según Ruiz, el comité de empresa comunicó a la UMA (Universidad de Málaga) su intención de ir a la huelga el pasado día 18 de mayo. Hasta el 24 la universidad no se puso en contacto con el profesorado para hablar de los servicios mínimos. En esa reunión, «en la que no hubo posibilidad de negociación», asegura Ruiz, la UMA habló de unos servicios mínimos del 100%. Las y los trabajadores entienden que se vulneraría así su derecho a la huelga, pero están a la espera de lo que diga la autoridad competente para tomar las medidas que sean oportunas en este sentido.
Los contratos en la universidad española, de abajo arriba son; profesor siustituto interino, profesor asociado, profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor. De ahí se salta al profesor titular y al catedrático, las dos únicas figuras de funcionariado.
Este profesorado en huelga es el ayudante doctor; sus contratos son de 5 años. Pasado ese tiempo pueden, previa acreditación, habitualmente pasaban a ser contratados doctores, es decir, dejaban de tener contratos temporales para ser empleados fijos de la universidad.
El problema, explica Isabel Ruiz, es que con los decretos de 2012 de racionalización del gasto público, las universidades dejaron de contratar personal. «Pedimos ser indefinidos, no fijos», reclama Ruiz. Y poder concursar, cuando se abra esa posibilidad, para alzancar una plaza dentro de la función pública que ahora mismo se les niega.
Manuel Fernéndez ex profesor en la Facultad de Educación de la misma universidad, la de Málaga. Esayudante doctor desde hace dos años. Le quedan tres por delante. Si este conflicto no se aclara, al día siguient ede su finalización de contrato, estará en la calle, con la única posibilidad de volver a ser profesor sustituto interino, el escalón más bajo. Con un salario no muy por encima de los 600 euros, a pesar de ser doctor.
Esto es lo que reclaman, no verse abocados a la precariedad laboral y poder tener contratos indefinidos. Entre otras cosas porque la acreditación siguiente, para ser titulares, se vio modificada muy duramente hace algún tiempo por la ANECA, la Agencia de acreditación. Entre los innumerables requisitos, relata Manuel Fernández, se encuentra el «dirigir investigaciones que no puedo dirigir» por el tipo de contrato que tiene.
Según los datos que manejan, en Málaga el número de docnentes con este tipo de contratos es de entre 130 y 150. en Sebilla de unos 250 y ebn Granada también de unos 250. Se trata de las tres universidades más grandes de la comunidad autónoma. Según Ruiz, el resto de llos centros universitarios se han solidarizado con ellos en la huelga, pero no tienen números como para sumarse a los paros.
Segúnexplica Isabel Ruiz, han hablado con los partidos políticos del Parlamento andaluz. todos, dicen, se muestran de acuersdo scon su reivindicación y, además, les aseguran que no sería un cambio complejo de legislación. Todos salvo, explica Fernández, el PSOE, que ha dicho que harían el cambio en función de lo que dijeran los rectores.
Y los rectorados no quieren oír hablar del asunto. Según fuentes consultadas, el problema radica en el hecho de que este tipo de contratación, dependiente de la acreditación de méritos, eitaría la tristemente famosa endogamia universitaria. Y es esto parte de lo que se quiere mantener.
La posibilidad que plantean las universidades andaluzas, dice Ruiz, se lleva aplicando años en la Universidad de de Extremadura sin que haya supuesto ningún problema. Ninguno de los contratos de este personal ha sido impugnado por el gobierno central o autonómicos. Los huelguistas cuentan con un informe del Decano de la Faculad de Derecho de la Universidad de Sevilla que asegura también la legalidad de esa medida. Algo a lo que al parecer se niegan las diferentes universidades.
La pelea comenzó hace un año, con otra convocatoria de huelga que el rector, al menos el de Málaga, puedo frenar con la firma de un acuerdo para estabilizar a las plantillas. Después de un año la situación no ha mejorado; sigue igual.
