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El Gobierno de Pedro Sánchez ha heredado un litigio con la Junta de Andalucía que afecta a los 2.158 profesores de Religión de Infantil y Primaria que existen en esta comunidad. Un colectivo que trabaja en las escuelas andaluzas, pero es seleccionado por los obispos y dependen contractualmente del Ministerio de Educación. Antes del cambio de Gobierno, el Ejecutivo de Susana Díaz envió al ministro Íñigo Méndez de Vigo, un informe donde se revelaba que el Ministerio de Educación llevaba tres años pagando a profesores de Religión sin carga horaria lectiva. Docentes a los que se les ha renovado sistemáticamente el contrato, a pesar de que en 2015 el 65% de los colegios andaluces recortó a la mitad el horario de esta asignatura para reforzar áreas más importantes: Lengua, Matemáticas, Inglés…
La Consejería de Educación, que dirige Sonia Gaya, tuvo conciencia del problema en septiembre del año pasado, a raíz de las denuncias presentadas por una veintena de colegios de Cádiz -primero ante la Inspección Educativa, luego ante el servicio provincial de Planificación Educativa- y que fueron llevadas al Parlamento andaluz por el grupo de Izquierda Unida. Gaya confirmó que se estaba produciendo un “perjuicio a la arcas públicas” y ordenó una investigación interna para dimensionar el alcance del problema. El resultado de esas pesquisas se ha ocultado deliberadamente a la prensa para evitar poner el foco en los docentes. Hasta ahora.
Las conclusiones del informe remitido al Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso eldiario.es, revelan que “al menos” el 12,2% de profesores de Religión en Primaria de Andalucía está cobrando sin impartir clases o impartiendo menos horas de las que tiene contratadas. En el presente curso académico se han localizado a 263 maestros sin carga horaria lectiva total o parcial. Son docentes que continúan asistiendo regularmente a su centro de trabajo, pero carecen de una función pedagógica asignada.
La Junta detectó estas “incidencias” en 252 colegios de Infantil y Primaria de las ocho provincias andaluzas, pero también admite que puede haber “más horas de contrato improductivas” en los 2.657 centros escolares donde se implantó la reducción horaria de Religión. “Los inspectores han hecho un rastreo colegio a colegio, persona a persona, pero no tenemos un control exhaustivo del horario de todos los docentes de Religión porque dependen contractualmente del Ministerio y porque no todos están registrados en nuestro sistema informático”, admiten desde el departamento de Sonia Gaya. El sistema informático Séneca es la enorme base de datos de la Consejería de Educación, donde se registran obligatoriamente todas las plantillas de profesores, sus horarios e incidencias de todos los centros educativos de Andalucía. Con un punto ciego importante, que es el relativo a los maestros de Religión de Infantil y Primaria, el único colectivo docente cuyas competencias no están transferidas a la Junta, y dependen del Ministerio.
24.000 euros brutos al año
La situación de estos maestros es, en palabras de la Consejería, una “anomalía administrativa” que los colegios afectados denunciaron por primera vez en septiembre de 2015, pero que tres años después sigue sin estar resuelta. La consejera de Educación denunció ante el anterior ministro del ramo este “desperdicio de recursos para la escuela pública”. El profesorado de Religión de Infantil y Primaria tiene condiciones laborales muy similares a las de los interinos, cobran alrededor de 24.000 euros brutos al año en 14 pagas, unos 1.400 euros netos al mes. “El perjuicio a las arcas públicas” que Gaya denunció también en el Parlamento andaluz puede alcanzar los 6,3 millones de euros en un año académico, en torno a 18,9 millones de euros que el Ministerio de Educación habría gastado en la renovación de horas contratadas de clases de Religión que no se imparten desde el año 2015.
Estos cálculos no son oficiales, porque la cifra exacta y la dimensión del problema está en manos del Ministerio, no de la Junta. Se trata de una estimación basada en el número de profesores con descuadres en sus horarios que la Consejería ha podido confirmar en su investigación: 178 docentes que imparten menos horas de las que tienen contratadas en diferentes colegios (un 8,3% el total) y otros 85 maestros que no imparten ni una sola clase de Religión, pese a disponer de contrato a jornada completa (3,9%). En total suman esos 263 profesores que presentan irregularidades en 252 colegios de Andalucía. Sin embargo, el resultado de la investigación interna no es concluyente. La propia Consejería de Educación vierte sospechas sobre el colectivo completo de profesores de Religión de Infantil y Primaria. Así lo advierte en una nota al pie del informe: “Dado que no se dispone de los contratos del profesorado de Religión, no puede comprobarse” si los 1.895 profesores con horas de esta materia en todos sus centros “cumplen con la jornada para la que están contratados”.
Ahora, toda esta documentación está en manos de los nuevos responsables del Ministerio de Educación, dirigido por un Gobierno socialista. La Junta espera encontrar más receptividad con la nueva ministra del ramo, Isabel Celaá, para evitar que se reproduzca el mismo problema en el siguiente curso. La situación de los profesores de Religión sin carga lectiva que siguen acudiendo a sus escuelas donde permanecen “de brazos cruzados” empezó en septiembre de 2015. Dos meses antes de que empezase el curso académico de aquel año, el Gobierno de Susana Díaz autorizó a los colegios de Primaria a reducir el horario de Religión para reforzar otras asignaturas. El 65% de las escuelas andaluzas se acogió a esta opción y redujo el tiempo de esta materia de los 90 minutos semanales de entonces a 60 o 45 minutos. Los obispos andaluces recurrieron aquella orden en los tribunales -aún pendiente de sentencia firme- y se movilizaron en las calles previendo que “docentes de profesores serían despedidos”. Pero no ocurrió. No hubo despidos.
El Ministerio de Educación renovó automáticamente los contratos de los más de 2.000 maestros de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía, atendiendo a las directrices de las Archidiócesis, y obviando la reducción horaria que se había implantado en seis de cada diez colegios de la comunidad. Así consta en un documento de la Subdirección General de Personal Laboral del Ministerio de Educación, fechado el 5 de julio de 2016: “Las propuestas formuladas en los cursos académicos anteriores se entienden automáticamente renovadas en los términos establecidos en los contratos en vigor, salvo que los trabajadores contratados manifiesten expresamente su renuncia a dicha renovación o en el supuesto de que el Ordinario diocesano que propuso en su momento su contratación, proponga ahora la revocación”, rezan las instrucciones del Ministerio.
La nota también tiene un dato llamativo: se trata de un documento oficial en el que el Ministerio de Educación asume como propios los requisitos de contratación que la Conferencia Episcopal utiliza para seleccionar al personal docente que imparte Religión, y que nada tienen que ver con el acceso a la función pública, esto es, «moral recta y testimonio de vida cristiana», por ejemplo «no estar separado ni divorciado del cónyuge» para poder impartir clases de Religión en la escuela pública.
