Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Desde hace meses el colectivo de docentes con discapacidad de Andalucía, reunidos en la asociación ADDA, está reclamando a la Consejería de Educación y a la Junta que cumpla con la Ley 4/2017 de 25 de septiembre que se aprobó y en la que se establece una serie de medidas de discriminación positiva para que el profesorado con discapacidad tenga la posibilidad de entrar en la función docente.
Un cupo de reserva del 10% para las bolsas de vacantes y sustituciones docentes, de manera que cada nueve personas del cupo general debe haber un docente con discapacidad. Cumpliendo así con lo establecido en el artículo 28.1 de la citada ley.
El problema es que en Andalucía solo se maneja una bolsa de trabajo docente, incluyendo en ella a todo el colectivo de interinos y aspirantes con o sin discapacidad.
Según relata a este periódico el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, Diego Molina, los sindicatos negociaron un acuerdo con Educación para que este conservase el cupo del 10% en las dos listas. Pero diferenciando entre quienes tienen experiencia y quienes no.
Desde ADDA, su presidenta, Silvia González, explica que lo que intentan es que la Administración educativa forme una lista unitaria de docentes con discapacidad, de manera que vayan entrando en las listas independientemente de que tengan o no experiencia. En la ley sobre personas con discapacidad no se hace ninguna distinción entre la lista de interinos y de aspirante.
Desde CCOO ven la petición como discriminatoria, puesto que ya se han tomado medias de ajuste para que se contemple el cupo del 10% en las listas habituales. Generar una única lista de docentes con discapacidad les parece injusto.
«Sin haber trabajado nunca, podrías pasar por encima de alguien con 20 años» de experiencia, explica Molina. Y es que es aquí donde está la dificultad. Los sindicatos defienden los intereses del personal interino con experiencia, mientras que desde ADDA, su meta está en que cualquier docente con discapacidad consiga una vacante.
Una situación que parece enquistada. Según la asociación, que protagonizó una concentración hace unos días frente al Parlamento andaluz, en la que estuvieron tamién representantes de la oposición, llegarán hasta el final para que la Administración cumpla con la ley y reserve este cupo del 10% para las vacantes y sustituciones de las bolsas de docentes.
Desde la Consejería de Educación no dan su versión de lo que está pasando y remiten al diario de sesiones del Parlamento andaluz. Allí la consejera Sonia Gaya, en dos ocaciones al menos, ha respondido a la oposición sobre la situación del personal con discapacidad.
“¿Que usted me pide garantías de que esto va a estar hecho para cuando se reordenen las próximas bolsas? Le doy las garantías, tendría que pasar algo muy grande para que eso no pasara. La voluntad y el compromiso son absolutos (…) Le puedo garantizar que en la próxima reorganización esto estará hecho”. Esto es lo que decía Gaya al ser preguntada por el líder de IU, Antonio Maíllo, el 4 de abril pasado.
Protección de datos
Otro de los temas que denuncian desde ADDA es el hecho de que en las listas definitivas publicadas por la Consejería de Educación hace algo más de un mes, es muy fácil identificar a las personas con discapacidad de la lista, en lo que podría ser una vulneración de la ley de protección de datos.
En la lista puede leerse el nombre y los dos apellidos de cada docente con plaza. En la fila correspondiente al décimo aparece una referencia al artículo 28.1 de la ley 4/2017.
