“No, no se cerrarán centros de educación especial”. Este es el mensaje tajante que da Beatriz Galiana, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, portavoz de Educación. Su formación política presentó una proposición de ley para la mejora de la educación inclusiva. En ella se hace referencia a una única fórmula de escolarización (la inclusiva) y se comenta que los centros de educación especial serán, principalmente, centros de recursos.
Esto, además de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos presentada también en la Asamblea la primavera pasada, han puesto en pie de guerra a la comunidad educativa de los centros de educación especial. Al punto de que se constituyó una plataforma, Inclusiva sí, especial también, con la que hacer valer el trabajo que están realizando.
“La propuesta de Podemos supondría el cierre de todos los colegios de educación especial, con lo que ello comporta, ya que están configurados como lo que son. No se pueden reconvertir de la noche a la mañana en otra cosa”. Así se expresa Luis Centeno, secretario general Adjunto de Escuelas Católicas, principal patronal de la concertada. Así de encontradas son las posturas.
Todo ello sobre la base de que estas iniciativas pretenden cerrar todos estos colegios. A pesar incluso de que la tramitación de ambos textos está paralizada en la Mesa de la Asamblea tanto por Partido Popular como por Ciudadanos. El motivo, explica Galiana, es que quieren conocer la opinión de diferentes organizaciones relacionadas con la discapacidad antes de hacer nada. Al parecer solo se ha registrado la comparecencia, por manos del PP, de la plataforma creada por los centros especiales.
Una tramitación en la que podrían asumirse cambios legislativos, entre otras cosas para conseguir la formación de mayorías parlamentarias suficientes para que salieran adelante los textos.
Falta de todo
Madrid es una de las comunidades que menos invierte en educación (pública y concertada) de todo el país, con una de las rentas per capita más altas al mismo tiempo. Además, servicios como los de orientación (aunque no solo) están congelados desde el año 2007. Más de una década sin recibir inversión necesaria para hacer frente a las dificultades del día a día en los centros. «Madrid invierte menos que en 2008, en términos absolutos. Se ha producido una pérdida de 5.000 docentes», asegura Beatriz Galiana.
La sospecha de que hay alumnos que deberían y podrían estar en centros ordinarios pero están en la escuela especial la tienen tanto en una como en otra. Una sospecha nada descabellada si se ve el aumento de matriculación en centros de educación especial en los últimos años, en donde los recortes se han notado más.
Es en este tipo de asuntos en donde ambas propuestas legislativas quieren incidir. Por una parte, en un más equilibrado reparto del alumnado con necesidades educativas especiales entre las dos redes, pública y concertada, así como en una mayor dotación tanto de personal como económica para aquellos centros que tengan mayores dificultades por la composición de su población.
La idea es que poco a poco fuera habiendo un trasvase de alumnado de los centros de educación especial hacia la escuela ordinaria. Trasvase de aquellos perfiles que pudieran seguir el ritmo de sus compañeros a base de apoyos dentro del aula, véase PT o AL.
Y todo esto que falta lleva a la pregunta siguiente. ¿Puede la escuela ordinaria hacer frente a lo que se pide de ella por parte de la educación inclusiva? Da la sensación de que no. No solo porque en los años de crisis económica más profunda, en la Comunidad de Madrid, los apoyos a la diversidad han prácticamente desaparecido y, con ello, se ha visto un importante aumento de la matriculación en centros de educación especial. A pesar, en muchos casos, de que la justicia ha devuelto a varios alumnos a las aulas ordinarias.
Las familias, al menos una cuantas, de la educación especial, tienen miedo a que sus centros puedan correr peligro. El hecho de que no haya intención expresa de cerrarlos no parece haber calado. Se está manteniendo una discusión sin siquiera hablar con el otro.
Azucena Duque es madre de una joven de 18 años con una discapacidad. Ha pasado la práctica totalidad de su escolarización en centros ordinarios. Tiene la “suerte” de haber pasado por la pública, la concertada y la privada.
Ninguna consiguió lo que sí hizo la especial, y es la integración de su hija en un grupo de iguales, que pueda tener amistades y que se encuentre en un sistema que le da herramientas no solo para acceder a un trabajo en el futuro, sino para que pueda llevar una vida autónoma e independiente. Algo que anhela cualquier familia.
“Estoy muy feliz de que esté donde tiene que estar, es su lugar. No es fácil”, asegura Azucena en referencia a la dificultad a la hora de aceptar que tu hijo tiene una discapacidad.
“Se crea mucho discurso de todos juntos, pero ¿para qué? ¿Para que quede muy bonito?”, se pregunta Ignacio Martín, representante de la Plataforma Inclusión sí, especial también y director del colegio de educación especial Cambrils. “Nuestros chavales están incluidos en el mundo, porque ahí están sus familias para incluirles. Y al colegio vienen a formarse al máximo”.
Hablamos con Azucena sobre las dificultades para acceder a la educación especial. Del primero de los centros en el que estuvo matriculada su hija, Mercedes, el centro privado, la invitaron a irse estando en infantil. La niña “no daba el perfil”, comenta su madre.
De ahí pasó a uno público. Una docente le habló de la posibilidad de que su hija tuviera una discapacidad y de que tal vez matricularla en un centro concertado cercano era buena idea, pues tenían PT y AL y podrían ofrecerle una mejor cobertura. En este tiempo, en el público, además, la niña sufrió acoso por parte de algunos alumnos. Según cuenta Azucena, no recibió una buena respuesta por parte del centro, desde la dirección intentaron quitarle hierro al asunto.
Y de ahí, finalmente, al concertado, en el que estuvo ocho años. “Allí encontré a Evangelina Álvarez, una docente que me hizo ver cosas que no apreciaba”, relata Duque. Durante infantil y primaria, la situación de Mercedes pasaba relativamente desapercibida. Según un dictamen, que le habían hecho años atrás, tenía TDA y una discapacidad intelectual no apreciable. Pero ya en 3º de ESO “tanta adaptación curricular se nota. Se notaba el descolgamiento curricular”. En el colegio informaron a Azucena de que Mercedes no pasaría de curso. Le ofrecían matricularla en los antiguos PCPI. Fue entonces cuando le hablaron de educación especial. Evangelina Álvarez, «un ángel» comenta Azucena, fue quien le abrió esa posibilidad. “Para mí aquello fue un horror, ‘Mi hija no es imbécil’”, explica.
Pero fue en ese tiempo, con 15 años ya la niña, cuando dan con la asociación ADISLI y le hacen un dictamen sobre la discapacidad de la niña. “Fue doloroso, traumático”. “Pones a tu hija en un camino: la matriculas y esperas que gradúe. Da igual lo que pase la niña, ha de titular”.
Con el dictamen ya se planteó la escolarización en especial. “Me costó encontrar el centro de mi hija. Las plazas son muy limitadas. En realidad acabas llevando a tu hijo a donde puedes no a donde quieres”.
Aún así, “mi hija cambió radicalmente. Antes no cogía el transporte público, ahora va desde Alameda de Osuna (barrio cercano a Barajas) hasta Montecarmelo (donde está su centro)”. Es un viaje en el que coge dos transportes y que puede durar algo más de una hora.
“¿Tú te imaginas a un maestro salir de un aula ordinaria, y que se va a llevar a los chavales a la calle, a coger un billete de autobús, va a hacer el recorrido hasta su casa, yendo pendiente de un móvil para ver si se pierden? Es una utopía muy bonita, pero a nivel real…”, argumenta Ignacio Martín. “Nuestros padres son super conscientes de que no quieren que sus hijos estén con gente ordinaria”, asegura este director, quien defiende que en la educación especial encuentran un lugar seguro, pueden socializar con iguales y aprender a manejarse en situaciones cotidianas.
Elección de centro
Azucena relata un caso, en el madrileño distrito de Tetuán. Se trata del cierre de un centro de educación especial. El alumnado ha sido transferido a centros ordinarios. “La adaptación que se ha hecho con ellos es tenerlos aislados del resto del centro y solo ven a sus ‘compañeros’ en las clases de Plástica o Educación Física. ¿Eso es integración? Es ridículo”.
Esta es una de las prácticas que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU denunció que ocurría en España en su dictamen de este verano (así como la doble red ordinaria y especial). Algo que critican también desde el grupo motor de la ILA de escolarización inclusiva.
José Miguel Martín, docente y uno de los impulsores de la iniciativa, asegura que “primero hay que garantizar las condiciones necesarias para que la escuela ordinaria sea verdaderamente inclusiva ya que actualmente no lo es. Solo entonces cabría entrar en el debate de la ‘libertad de elección’”.
“La cruda realidad, continúa este maestro, es que cuanto más excluyente es la escuela ordinaria, más derivaciones se realizan a educación especial, por lo que no son las familias las que eligen, sino que es el sistema ordinario el que excluye y segrega”. “¿Cómo podemos exigir el derecho de los padres a elegir centro cuando no somos capaces de garantizar el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de los hijos?”.
El caso es que la preocupación ha llegado a varios niveles por encima y hace unos días se aprobaba una proposición no de ley del grupo popular en el Congreso de los Diputados para garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias con hijos con discapacidad. Una propuesta aprobada con los votos del PP, de Ciudadanos (que ha apoyado la ILA en muchos ayuntamientos e, incluso, dentro de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid, no así en la de Educación) y la abstención de ERC. El PNV no estuvo presente en la votación.
Desde la patronal de la concertada, el secretario general Adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, asegura sin embargo, que el texto de Podemos supondría la eliminación de derecho a elegir de las familias con hijos con discapacidad puesto que la única posibilidad sería la educación inclusiva. “Con lo cual, serían ‘padres de segunda’, porque el resto podrá elegir el centro de sus hijos”.
Entre las pocas cosas claras y en las que están de acuerdo las partes, al menos aquellas con las que hemos hablado, es que la escuela ordinaria necesita más recursos, materiales y humanos, así como una sólida formación docente, para hacer frente a la diversidad de las aulas. No solo la relacionada con la discapacidad, pero sobre todo esta. Entre otras cosas, para evitar que, en la medida de lo posible, personas que podrían seguir un itinerario formativo de inclusión, lo hicieran y no estuvieran al albur de la financiación de la Administración.
