Han pasado más de dos meses desde que unos 30 estudiantes, algunos de ellos con máscaras en la cara y enfundados en overoles blancos, intentaron defender a un compañero que varios policías habían inmovilizado durante una protesta en un instituto de Santiago. Los jóvenes golpearon a los agentes y les lanzaron todo tipo de objetos, incluso sillas de clase. La escena acabó con uno de los jóvenes lanzando un cóctel molotov contra los uniformados. Cinco de ellos acabaron lesionados y dos de los estudiantes detenidos.
No era la primera vez que el Liceo de Aplicación, un instituto de los llamados “emblemáticos” por su tradición histórica y buena reputación académica, vivía escenas de violencia por parte de los estudiantes. De hecho, los incidentes han ido en aumento con la llegada del nuevo director en junio. Tampoco es el único instituto chileno que enfrenta esta situación. En los últimos meses, los incidentes se han repetido en otros ocho centros de Santiago, entre ellos el Instituto Nacional, otro de los recintos emblemáticos de hombres y reconocido por ser donde estudiaron varios expresidentes del país. Un grupo de sus alumnos roció con bencina al rector, a un profesor y a otros dos trabajadores más del colegio. Lo hicieron a rostro cubierto y sin demandas encima de la mesa. La acción fue condenada por sus compañeros a través del Centro de Alumnos que los representa: “El grupo organizado no presenta ni genera con su manifestación un código que nos comunique su alternativa y el porqué de su actuar”, expresaron los estudiantes.
Pocos días después, alumnos del instituto Barros Borgoño cortaron la calle y quemaron basureros. Horas antes, Carabineros había ingresado al centro educativo y encontró material para fabricar cócteles molotov y varios overoles blancos.
Facilitar la expulsión
Las acciones de los estudiantes provocaron una dura reacción del Gobierno chileno, que no disimuló su indignación y prometió nuevas medidas urgentes para expulsar “a los violentistas” del sistema escolar y “proteger a la comunidad”. Unos objetivos que se concretaron el 20 de septiembre con la firma, por parte del presidente Sebastián Piñera, del proyecto de ley conocido como “Aula Segura”, que hace una semana superó los trámites parlamentarios y quedó a punto para convertirse en ley.
“Aula Segura” entrega mayores atribuciones a los directores de colegios para facilitar la expulsión de los alumnos que cometan actos de violencia. “Esta ley lo que pretende es combatir a los que quieren sólo destruir y se hacen pasar por estudiantes”, dijo Piñera al presentar el proyecto. La iniciativa establece como deber de los directores “iniciar un proceso sancionatorio” en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar que cometa conductas calificadas como “graves o gravísimas” en los reglamentos de los centros. En el caso de los estudiantes, el procedimiento puede derivar en su expulsión y cancelación de matrícula.
La propuesta del Gobierno se aprobó tras dos meses de intenso debate que no han sido exentos de polémicas, sobre todo porque el objeto de regulación ha sido la violencia. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien lideró el proyecto apenas asumió el cargo, desplegó todo un argumentario en torno a esta cuestión y para evitar que se aborde de la misma forma que otras faltas. Insistió en que lanzar una bomba molotov no puede tener el mismo rango que copiar en una prueba o falsificar una firma, ambas consideradas faltas graves en los colegios. “Hay temor a decir las cosas por su nombre. Se teme hablar de violencia, poniendo todo en un marco de infracciones graves”, dijo la titular de Educación.
Pero la propuesta aprobada no satisface a expertos ni organizaciones que trabajan en la materia, y la consideran “simplista” y “segregadora”.
Los diputados de la oposición, que en un principio se mostraron muy críticos con el proyecto, acabaron aprobándolo luego de introducirle algunas enmiendas. Decidieron rebajar la tensión y llegar a un acuerdo con el Ejecutivo al darse cuenta del “amplio respaldo ciudadano” que recogió la iniciativa.
Una respuesta punitiva
“La respuesta del Gobierno es absolutamente pobre porque se remite sólo al aspecto punitivo y agiliza las sanciones, pero ese no es el fondo del problema, no va a la causa de la mala convivencia escolar y la violencia”, opina el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Le dije a la ministra [Marcela Cubillos] en una de las sesiones de debate en la Cámara de Diputados que parecía titular de Interior porque hablaba de sanciones, penas, expulsiones y delitos, todos términos más propios del área de seguridad que de educación. No habló de integración, solidaridad o comunidad, conceptos del quehacer pedagógico”, agrega el docente.
Aguilar reconoce que, si bien las protestas en los institutos vienen desde hace años, lo que se ha agudizado en el último tiempo es el nivel de violencia al interior de los centros escolares. Precisamente por eso los últimos casos llegaron a tener fuerte repercusión mediática y una respuesta gubernamental contundente.
La directora del área de Política Educativa de la ONG Educación 2020, Nicole Cisternas, coincide en que la violencia escolar ha ido en aumento en las escuelas de Chile, pero subraya que los casos de los overoles son sólo una pequeña parte de ella: “Nos preocupan las agresiones a docentes por parte de los apoderados [padres y madres de alumnos] y entre estudiantes, el ciberbulling y el tráfico de droga. Hay un tema grave de convivencia que requiere una política nacional de convivencia”, comenta.
Según la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (2014), un 22,3% de los estudiantes fue agredido por alguien del centro en dos o tres ocasiones en el año, y del total de denuncias por discriminación presentadas ante la Superintendencia de Educación (equivalente a la Consejería de Educación) en los años 2014 y 2015, un 54% corresponde a maltrato a estudiantes. Hasta el pasado mes de octubre, la institución recibió 1.625 denuncias de acoso escolar, en las que sólo han intervenido en 380, un 23% de los casos.
Para Aguilar, lo más preocupante son los índices de violencia perpetrada por padres de alumnos hacia docentes: de las 119 denuncias que el Colegio de Profesores registró el primer semestre (marzo-agosto) de 2018, 70 presentan como agresores a padres de estudiantes.
Un cambio de paradigma
Nicole Cisternas y Mario Aguilar consideran imprescindible poner atención en políticas preventivas, algo que no ha impulsado el Gobierno. “No sabemos por qué hay tanta rabia en nuestros estudiantes”, se pregunta el presidente del gremio de docentes. “Faltan políticas pensadas en 360, que impliquen a docentes, directivos, apoderados y estudiantes y que aborden la violencia desde la prevención y la reparación a víctimas y victimarios”, apunta la investigadora.
Según el diagnóstico de Aguilar, el descontento estudiantil podría tener que ver con “la educación competitiva, segregadora y de ránkings, en la que los jóvenes terminan siendo un número”. El dirigente critica que “se exprima” a los estudiantes con sus resultados porque de éstos dependen, entre otros, el financiamiento de la escuela o el sueldo de los profesores: “Eso es muy insano”, asegura. Considera que para mejorar la convivencia escolar es necesario un cambio de paradigma educativo, “que trate a todos los actores como personas y no como objetos de rendimiento”.
En los próximos días se esperan nuevas movilizaciones de los estudiantes, sobre todo cuando el presidente Piñera promulgue el proyecto y la norma entre en vigor. El ambiente volverá a calentarse entre los jóvenes, que en varias ocasiones han manifestado su rotundo rechazo al proyecto. Será entonces, entre protesta y protesta, cuando se pondrán a prueba los efectos de la nueva ley.
