Desde la primavera del año 2017 está en el registro del Congreso un proyecto de ley contra la discriminación de las personas LGTBI que en las últimas semanas ha acelerado el proceso de tramitación después de varios parones.
Desde la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) denunciaban hace unos días el parón sufrido en la Comisión de Igualdad que tramita el texto y exigían su aprobación lo antes posible.
El proyecto de Ley contempla medidas encaminadas al conocimiento, tratamiento y normalización de la presencia de personas no expresiones de género no normativas en todos los ámbitos del sistema educativo. Desde la formación del personal que trabaja en colegios e institutos (también universidades) hasta la creación de protocolos específicos de atención a este alumnado.
Justificación
Todas las comunidades autónomas tienen planes de convivencia que pretenden atajar el acoso y la violencia en las aulas. Existe desde hace dos años un Plan Estratégico de Convivencia Escolar en el que se intenta homogeneizar parte de esta lucha para la mejor convivencia en los centros.
“El tema de LGTBI está insuficientemente tratado en los centros educativos”, asegura Pedro Uruñuela, experto en convivencia escolar. “Por eso, continúa, es positivo todo lo que incida en sacarlos a la luz y hacerlos visibles, proporcionando pautas de actuación sobre ello, como hacen los protocolos”.
Ahonda en este asunto Ana Ojea, profesora de secundaria lesbiana. Para ella es importante que haya protocolos específicos ya que la violencia que sufren las personas LGTBI la sufren “no sólo a nivel educativo y social, sino también a nivel familiar”. Es decir, que la persona puede estar desamparada en el centro educativo y al mismo tiempo en el seno de su familia, que también puede ser LGTBIfóbica.
Desde la FELGTB, Visi González asegura que “si pareces o eres lgtbi y estás en el armario, no sabes cómo gestionar una situación de acoso. En principio no recurres a la familia para contar lo que te ha pasado como puede ocurrir en otros casos de acoso como el relacionado con el racismo”.
Y es que no solo sufren este tipo de acoso específico aquellas personas no normativas, sino también quienes puedan parecerlo e, incluso, aquellas que intentan ayudar a quienes lo sufren. De esta manera se consigue que en no pocos casos quienes más cerca están del acoso y pueden denunciarlo también sienten miedo ante el “estigma” de parecer LGTBI.
A estas razones se suma que, con la aprobación de la ley, habrá una homogeneización dela normativa y permitirá a algunas autonomías la posibilidad de legislar. Hoy por hoy, solo algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Madrid o Valencia cuentan con leyes específicas relativas a las personas trans, especialmente vulnerables en los casos de acosos escolar. Expertas de diferentes ámbitos opinan que es importante que todos los casos queden cubiertos en todos los territorios, empezando por los propios de gestión del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla, que no cuentan con textos de este tipo.
Protocolos y visibilidad
El artículo 43 del proyecto de ley establece que el Estado y las comunidades “garantizarán” la elaboración de protocolos para centros educativos “para casos de acoso escolar por orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales o pertenencia a familia LGTBI”.
Dicho texto será elaborado entre profesionales de la educación y la psicología, así como por las organizaciones de familias del alumnado y entidades LGTBI. Y aunque no da pautas concretas, sí marca el camino, introduciendo medidas relacionadas con el fomento de la convivencia, la prevención de la violencia, la resolución alternativa de los conflictos, sanción, protección y reparación a la víctima.
Para Pedro Uruñuela es básico el trabajo de prevención y convivencia, además de la creación de protocolos, siempre reactivos ante situaciones de violencia o acoso.
“La prevención pasa por concienciar a toda la comunidad educativa, llamar la atención sobre estos problemas; pasa por incluirlo, con acciones concretas en el plan de convivencia y el plan general anual; por dar formación específica al profesorado; pasa por visibilizar a este colectivo de una manera normal y forma; pasa porque este tema se aborde en las tutorías, etc.”.
Algunos de estos elementos ya se anuncian o contemplan en el proyecto de ley. Además de los protocolos específicos en los que deberían contemplarse cuestiones relacionadas con la convivencia y la prevención, la ley también hace hincapié en la formación docente sobre sensibilización y modos de actuación y prevé que la “atención a la diversidad sexual, de género y familiar estará incluida como materia evaluable en los exámenes de acceso a cuerpos docentes”.
También contempla que haya sensibilización para las familias en diversidad de género sexual y familiar.
Además, para que haya una cierta normalización de la diversidad, la ley prevé la aparición de un Plan Integral, desarrollado por las administraciones, para el fomento de la no discriminación y por el repecto a la diversidad. Estos planes integrales, entre otras medidas, estipula la ley, deberían introducir ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad en el currículo o la puesta en marcha de programas de coordinación entre los servicios educativos, sanitarios y sociales para la detección o intervención en situaciones de riesgo.
Retraso en la tramitación
Desde que en 2017 entrase en el registro del Congreso el proyecto de ley de manos del grupo parlamentario confederal de Podemos, el texto quedó parado durante bastantes meses en la Mesa del Congreso, dominada por PP y C’s, explica María del Mar García, diputada de En Comú Podem (miembro del grupo junto a Unidos Podemos y En Marea).
Tras esto, llegó el momento de la moción de censura que dio paso al Gobierno de Pedro Sánchez y entonces los trabajos, ahora ya sí en la Comisión de Igualdad, volvieron a paralizarse. No ha sido hasta el mes de octubre que comenzaron a desarrollarse con cierta normalidad.
Y tras varios actos de presión por parte de las organizaciones del sector así como por la intención de los grupos parlamentarios de sacar la ley no se ha acelerado. Hasta el punto de que en este mes de enero volvieron a retomarse los trabajos. Enero es un mes inhábil en el Congreso de los Diputados.
García, así como Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, esperan que la ley sea aprobada por el Parlamento este primer trimestre del año. Y ello a pesar de que ambas son conscientes de la dificultad de la tramitación.
La intención de Unidos Podemos es que la ley obtenga el mayor apoyo parlamentario posible para que no haya cambios en las próximas legislaturas. Para ello el proceso de negociación en la Comisión de Igualdad está siendo más intenso que con otros proyectos de ley.
