Desde El diario de la educación hemos dado mucha cobertura a las organizaciones, personas e iniciativas que defienden la educación inclusiva: que todo el alumnado, también el que tiene alguna discapacidad, pueda estar junto a chicas y chicos de su edad en centros ordinarios.
En esta ocasión hablamos con Luis Rojo, uno de los portavoces de la plataforma Inslución sí, Especial también. Lo hacemos por honestidad profesional y para conocer los puntos de vista de quienes defienden la existencia de centros especiales, o especializados, como desde hace algún tiempo se han empezado a denominar.
Esta división de la comunidad educativa ha llegado, claro, también a los partidos políticos. Y a pesar de que la plataforma nació en su momento en la Comunidad de Madrid, ha llegado recientemente al Congreso de los Diputados y ha habido reuniones con las familias también en el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Una de las críticas que se hizo en su momento a la plataforma era que estaba alentada desde la patronal de la concertada y los sindicatos que trabajan en ella. La escuela especial es mayoritariamente privada-concertada. Luis Rojo asegura que “la plataforma la forman las familias de personas con discapacidad intelectual, también docentes”. Asegura, además, que en ella también hay AMPA de centros públicos, así como entidades del sector de la discapacidad como Aspace.
El conflicto
Desde hace dos años, en la Comunidad de Madrid, el de la inclusión se ha convertido en uno de los asuntos principales. En una patata caliente que el Partido Popular ha conseguido sortear en la Asamblea de Madrid dejando sin tramitar una iniciativa legislativa de los ayuntamientos y otra, esta de Podemos. Dos textos que llevan meses esperando a ser tramitados en pleno, paralizados en el proceso burocrático del parlamento regional. A esto se suma que hace casi dos años, la propia Consejería de Educación puso en marcha un proceso para redactar una orden sobre educación inclusiva, con el apoyo y trabajo del personal de Cermi Madrid. Un texto que está en algún lugar de la sede del Departamento de Rafael van Grieken y que muy poca gente ha visto o conoce. De hecho, Luis Rojo nos dice que no tiene conocimiento de la existencia de dicha orden.
Durante el trámite de las dos iniciativas legislativas, digamos, de la oposición, aparece la plataforma. Y lo hace “para defender, dice Rojo, de un ataque a un modelo educativo, la especial, que pensamos que funciona. Solo es eso. Y no queremos llegar más allá”. El ataque tiene relación con el hecho de que en ambos textos se contempla que, con el tiempo, los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos; dejen, de una manera u otra, de existir para que su alumnado pase a los ordinarios.
Hace unos pocos meses volvió a saltar la polémica cuando El País publicó una información en la que se aseguraba que el Ministerio pretendía hacer el trasvase de los 37.000 niños y niñas que están matriculados en la educación especial.
“Nosotros no queremos atacar al Gobierno. (La ministra Isabel Celaá) nos pidió consejo, nos atendió antes de publicar el anteproyecto” de ley educativa. “Pero dijo que en vez de 5 años de periodo, serían 10. ¿Y en 10 estamos preparados?”. Esta es una de las principales dudas. ¿De dónde saldrían los recursos para que esto pudiera hacerse?
Si el Gobierno no es el objetivo de las críticas de la Platafoma, ¿quién lo es? Rojo lo tiene claro, el principal es el CERMI. “Descubrimos que quien está vendiendo todo esto es CERMI”.
“Descubrimos que lleva 10 años trabajando en el Comité de DDHH de la ONU para que haya un dictamen firme del comité para que se eliminen los centros de educación especial porque son segregadores y discriminatorios porque escolarizan a los niños según la etiqueta que es la discapacidad”. En este sentido critica a la organización el que presentara, en el Consejo Escolar del Estado cuando estaba realizando el dictamen sobre el proyecto de nueva ley de educación, una enmienda para que se contemplara la eliminación de la especial en el plazo de cinco años, según Rojo.
El portavoz asegura que han mantenido reuniones con el Cermi, también con Plena Inclusión y con Down España, para plantear sus objeciones. “Ya nos han dicho que no van a cambiar de opinión, antes de escucharnos”. La Plataforma cree que todo el asunto se ha convertido en un problema ideológico y defienden que el enfoque ha de ser pedagógico, no ideológico. Además, dicen no sentirse representados por estas organizaciones, “sino atacados. Seguimos diciendo que la educación especial no vulnera los derechos humanos de ningún chaval”.
Para Luis Rojo, la interpretación que se hace del artículo 24 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, relacionado con la educación, es errónea. “Dice que no haya discriminación de los chavales. Hasta ahí perfecto. Defendemos a muerte el artículo 24 y no queremos que haya discriminación. Darle un tipo de educación especializada a chavales ¿por qué es discriminatorio? Todo lo contrario”.
Efecivamente, el citado artículo de la Convención habla de la no discriminación de las personas con discapacidad en la educación. Pero no se queda solo ahí. El artículo 24.2.b) dice: “Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.
El comité de la ONU, tras recibir la denuncia de SOLCOM realizó una visita a España. Durante 10 días se entrevistaron con 160 personas y emitieron un duro informe en el que se asegura que el sistema educativo es segregador, no solo por mantener centros especiales, también lo es por las aulas específicas dentro de los centros ordinario. Las conocidas como aulas TEA. Rojo critica a Naciones Unidas “que no visiten ni un solo centro de educación especial y hagan un informe de unos 20 folios diciendo que el sistema es segregador y discriminatorio. Yo, como padre ¿segrego a mi hijo, discrimino a mi hijo cuando le estoy dando una educación especializada? ¿Sin haber visitado ni un solo centro? Tenían el informe hecho antes de la visita”, sentencia.
Recursos
La duda más importante, no solo para la comunidad educativa de los centros especiales, es cómo el sistema ordinario va a hacer frente a la posible entrada de esos 37.000 alumnos con discapacidad intelectual.
Uno de los argumentos de quienes defienden la inclusión es que los recursos de la especial (y más), en su momento, sean absorbidos por el sistema ordinario. Recursos personales y económicos. Ante esto, la plataforma defiende que “el dinero que llega a la especial es un azucarillo en un océano de la ordinaria”. Según los datos del Ministerio, en España hay más de 25.000 centros educativos que impartan enseñanzas de infantil, primaria, y secundaria (obligatoria y postobligatoria). Centros de educación especial hay 480 en todo el país.
Eso sí, en estos cuentan con personal especializado suficiente: PT, fisioterapéustas, pricopedagogos… Además de las formación específica de sus maestras y maestros de educación especial. Y de unas ratios muy bajas. Rojo nos habla de algunos casos concretos. “Como Luli, la hija de Esther que también está en la plataforma, que no puede comer sólidos, ahora mismo tiene cuatro especialistas diferentes”. La niña, además, “se arrastra por el suelo y lo que quiere (su madre) es que el aula esté llena deon colchonetas y lo más liberada posible” de otro mobiliario y en clase solo tiene tres compañeros más.
O el caso del hijo del presidente de la plataforma. “Ha de tener cuidado porque en casa el hijo se autolesiona, se golpea en la cabeza. Entre dos personas les cuesta sujetarlo y a medida que vaya creciendo esto va a ser más difícil. Esto en un colegio ordinario es muy difícil” de manejar.
Para Rojo, como representante de la Plataforma, la cuestión también tiene que ver con la salud mental y emocional de estos menores, que se vería comprometida en un aula ordinaria y pone el ejemplo de niñas y niños con trastorno del espectro autista y las necesidades que muchos de ellos tienen de ambientes tranquilos y controlados. Algo complicado si se piensa en un aula ordinaria de 8 o 10 años con más de 20 compañeros al mismo tiempo. “A veces solo el barullo de clase les mata. Un aula de chavales con 8 años y chicos con autismo, ¿vas a decirles que se callen? No, necesitan un determinado ambiente”.
Por no hablar de cómo se sienten estos chicos en otros espacios como el recreo o el comedor, o cuando se van dando cuenta de que son diferentes a los compañeros de su clase. O cuando van repitiendo cursos y cada vez les separan más su edad de la del resto y, sobre todo, las cosas que les interesan.
“Y luego, continúa Luis Rojo, seguramente, en los centros ordinarios es más caro atender a estos chavales que en los especiales. Porque un PT (en uno especial) está con varios alumnos y no en un aula con 2. El psicopedagogo puede estar atendiendo a más chavales, durante más horas, sin traslados. El fisio, lo mismo. La atención en el comedor, en el recreo, en gimnasia…”.
Interés superior
Para la Plataforma está clara la cuestión. El interés superior del menor debe primar. Y esto se traduce en que han de estar matriculados en el centro que mejor atienda a sus necesidades, “para nosotros es lo más importante. No tanto la libertad de elección de los padres, sino el bien superior del menor”.
A pesar de que para Luis Rojo la cuestión que está sobre la mesa no es la de la libertad de elección de las familias, sí ha sido este argumento el que se ha utilizado por el Partido Popular en más de una ocasión, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, para defender la existencia de los centros de educación especial.
“Pensamos que el centro de este problema no es cuando la familia tiene que elegir un colegio, sino ver cuál es el entorno más adecuado para su salud mental, su desarrollo personal y su maduración como persona”, defiende Rojo.
Sea cual sea la dificultad principal para hacer la transformación del sistema educativo para que sea inclusivo y las aulas específicas o los colegios especiales tiendan a ir desapareciendo, parece claro que, por un lado, la formación inicial de Magisterio y del profesorado de secundaria debe hacer mucho más hincapié en la diversidad funcional.
También habrá que echar las cuentas y ver cómo habrían de cambiar las ratios en los centros ordinarios, cómo afectaría eso al número de docentes del sistema educativo, además del personal especializado como PT, psicopedagogos o fisioterapeutas; la configuración de los centros educativos y de los especios necesarios en ellos para que quienes necesitan en un momento dado una atención diferente de la puramente educativa tengan acceso a ella.
Eso sí, el mandato de Naciones Unidas sigue ahí, y habla de la obligación de que haya un sistema educativo común para todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias.
