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Las administraciones educativas no están recogiendo información, o no suficiente, de los casos de acoso escolar que se producen. Ni las autonómicas ni la del Gobierno central. Esta es una de las primeras conclusiones del informe que ha presentado esta mañana Amnistía Internacional, bajo el título Hacer la vista… ¡gorda! El acoso escolar en España.
El organismo que, desde el Ministerio de Educación, debería hacer esta recogida de información, además de la redacción de informes y estudios, es el Observatorio de la convivencia, que no se reúne desde 2011. Con la llegada del ministro Wert, a primeros de 2012, así como durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo después, el observatorio no volvió a convocarse, aunque sí redujo el número de sus componentes. En el último Ministerio, en manos de Isabel Celaá durante 10 meses, tampoco llegó a formalizarse reunión alguna.
Las comunidades autónomas, por su parte, en muchos casos tienen sus propias instituciones, pero los datos no acaban de llegar a la luz pública.
En el marco del Plan Estratégico de convivencia, puesto en marcha por Méndez de Vigo y con una duración desde 2016 y hasta 2020, entre las medidas más sonadas para combatir y bajar las cifras de acoso escolar se encontraba el teléfono de atención gratuito.
La ONG denuncia que los datos públicos que se lanzaron, obtenidos por la anterior prestataria del servicio de atención, muy pocos de los casos que se identificaron como de acoso escolar llegaron a las mesas de la inspección. Según los atos oficiales, menos de la mitad de las llamadas recibidas por el teléfono se consideraron casos de acoso. De ellas, menos de 300 fueron comunicadas a la inspección educativa correspondiente de cada comunidad autónoma.
Según explica Diana Díaz, actual directora del teléfono de atención gestionado por la Fundación Anar, dentro del procolo que maneja la organización (diferente al del anterior equipo), no todas las llamadas son derivadas a los servicios de inspección. Algunas son derivadas a otros recursos, en función siempre del caso. El equipo de profesionales de la psicología que atiende el teléfono las 24 horas, está apoyado en esta toma de decisiones por sendos equipos de abogados y de trabajadores sociales.
Para Koldo Casla, autor del informe, todos deberían acabar en conocimiento de la inspección educativa. Si un caso llega al conocimiento del centro educativo, ya sea su dirección o los servicios de orientación, estos deben ponerlo en conocimiento de la Inspección.
En el informe que se publicara hace algunos meses con los datos el teléfono referidos a 2017, se indica en el protocolo general de atención, se indica que: «En todos los casos en los que se genera expediente, se comunicará este a la Inspección educativa de las CCAA o del Estado, según corresponda».
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, explicaba esta tarde que el protocolo, ahora, es diferentes al anterior. Las derivaciones a la inspección educativa no son todas aquellas que puedan ser casos de acoso. Ahora es Fundación ANAR, según fuentes del Ministerio de Educación, quien tiene la potestad de derivar a inspección educativa. Aunque el protocolo no es público. «Los datos puestos sobre la mesa (por Amnistía) corresponden a una etapa anterior, a un equipo y sistema anteriores», explica Tiana. Quien ha defendido la actuación de Fundación ANAR.
Pero la divergencia causada por la poca incidencia de los casos en la inspección, frente a las estimaciones (porque no hay datos, en realidad, de estudios cuantitativos sobre acoso escolar) es la que hace saltar las alarmas de Amnistía Internacional en su momento, explica Koldo.
Mientras que desde algunas administraciones autonómicas (las pocas que recogen las cifras y las hacen públicas) se habla de una incidencia de los casos de acoso de entre el 0,03 o 0,02%, las estimaciones de organismos como el Defensor del Pueblo, la Organizzación Mundial de la Salud o el Observatorio Estatal de la Convivencia, hablan de entre el 4 y el 6 u 8% del alumnado en situaciones de acoso.
El objetivo de la ONG es que se siga el protocolo que dice que cualquier caso debe llegar a inspección y evitar ese famoso «son cosas de niños». El problema, segúnlas palabras de Alejandro Tiana, es que el protocolo actual no es el mismo al que se refiere Amnistía Internacional. Lo explica dado las cifras de llamadas del mes de abril. 1.603 en todal. De ellas, 322 han sido catalogadas como casos de acoso escolar. «El 100% fueron atendidos debidamente por servicios sociales, de salud, entidades protectoras de la infancia, por los centros educativos, por la inspección…».
Además de la falta de información, otras de las posibles causas para esta distancia es que se estén contando solo los casos de acoso que acaban con violencia, con lesiones, intentos o ideaciones autolítivas, por ejemplo, mientras que situaciones de menor intensidad, relacionadas con el sexismos, el machismo o el racismo, con insultos o exclusión social dentro del centro, quean fuera de la mirada de las personas que han de atenderlos.
Para Koldo uno de los problemas en este sentido es el hecho de que las personas adultas no vean, literalmente, como un problema el que se desarrollen conductas sexistas, machistas o racistas. Es algo que de alguna manera se acepta en la sociedad, más allá de la escuela y que, claro, repercute en la mirada que se hace de los conflictos que se desarrollan en los centros educativos.»Es necesario que se reconozcan estas formas de acoso cotidiano», explica.
«Hay casos de acosos en los que todo el mundo está concienciado sobre la toma de medidas», explica el autor del informe. «Los casos más graves, con vídeos, autolesiones…». Pero, dice, «hay miles de casos escondicos, de sexismo, de racismo… que tapamos para no verlos».
Poner en marcha el Observatorio Estatal es una de las primeras que Amnistía le reclama al Ministerio de Educación. También la apuesta por hacer estudios cuantitativos y cualitativos, en los que se recojan datos como las causas del acoso (homofobia, cuestión de género, racismo…), así como las cifras de incidencia real.
Para que estas cifras se acercaran más a la realidad, eso sí, habría que incidir, insiste la ONG, en modificar la formación del profesorado. Tanto la inicial, haciendo hincapié en el máster de secundaria, pero también en la permanente, asegurando que todo el profesorado está familiarizado con el acosos y sus formas y consecuencias, así como en la detección de posibles casos.
