La constancia suele ser la mejor forma de enfrentar una batalla. Albano de Alonso y su mujer son un buen ejemplo de ello. En 2013 intentaron inscribir a sus dos hijos mellizos en una escuela infantil pública de La Laguna (Tenerife), pero solo admitieron a uno de ellos -el otro fue rechazado por tener una discapacidad superior al 60%- y tuvieron que matricularlos a los dos en un centro privado. Cambiaron de planes, pero no de principios: les parecía una injusticia, para ellos y para cualquier familia, que el sistema público, en vez de compensar las desigualdades, las agrandara. Emprendieron entonces una lucha que los llevó a interponer reclamaciones en numerosas instituciones -desde Canarias hasta la Unión Europea- y que ahora empieza a dar resultados. Mañana, seis años después de llamar por primera vez a la puerta del Parlamento Europeo y que este respondiera que no tenía competencias, la cámara analizará su caso. Que se escuche su voz ya es un triunfo.
Albano está convencido de que la escuela española no es inclusiva, y lo dice “por experiencia”. Además de ver cómo discriminaban a su hijo, dirige un instituto de educación secundaria, lo que le ha permitido observar desde primera fila muchas de las carencias que arrastra el sistema.
Hace seis años, cuando solicitó plaza en el centro infantil, el motivo por el que Diego, el hijo que tiene parálisis cerebral, no fue admitido, fue que “no se ajustaba al proyecto educativo del centro”. Él y su mujer intentaron buscar alternativas, propusieron pedir a una asociación que facilitara un auxiliar de apoyo, a pesar de que lo consideraban innecesario, pero ninguna de sus sugerencias fue tomada en cuenta, asegura. “Nos pusimos en contacto con asociaciones que remitieron cartas al ayuntamiento y nunca obtuvimos respuesta”. No les quedó más remedio que pedir plaza en una escuela privada. “Nos dijeron que sí en la primera a la que fuimos: no nos pusieron inconveniente ni tuvieron que contratar personal extra”.
Hoy, el IES San Benito, en La Laguna, donde trabaja, es el centro de destino de un colegio de matriculación preferente para menores con discapacidad motórica pero “no es accesible”, así que no pueden recibirlos, denuncia. Son solo algunos ejemplos más, que vive a diario, del largo camino que aún le queda a la educación para garantizar la igualdad de oportunidades.
La odisea de esta familia empezó en 2013, pero en 2015 parecía llegar a su fin. Ese año, los padres de Diego recibieron la respuesta a una reclamación que realizaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que, en el marco de los artículos 20, 21, 24 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se analizara la discriminación sufrida por el menor. Después de todo el esfuerzo, tras lograr apoyos del CERMI o del Diputado del Común, Europa se declaró incompetente para abordar aquella situación porque, sostenía, excedía el ámbito del derecho comunitario. Por no haberse llevado a cabo una ampliación al ámbito educativo de la Directiva 2000/78/CE del Consejo que prohibe la discriminación por motivos de discapacidad, edad y orientación sexual, un caso como el de su hijo quedó en su momento fuera del marco de actuación de las instituciones europeas.
Sin embargo, hace algo más de dos semanas, Albano recibió por sorpresa una carta de esta comisión -la única abierta a las quejas u observaciones de cualquier ciudadano de la Unión sobre asuntos que afecten a la aplicación del derecho comunitario- en la que le comunicaban que habían retomado su caso y lo invitaban a participar en una sesión que celebrarían el 3 de octubre de 2019. Diego estudia hoy tercero de Primaria en una escuela pública, la misma en la que está su hermano -aunque van a clases diferentes- y en el curso que le corresponde según su edad. Es un centro ordinario, pero preferente para alumnos motóricos, es decir, está adaptado y cuenta con auxiliares que ayudan a los alumnos a desplazarse.
Aunque la decisión de Bruselas llega tarde, Albano es optimista. Su intervención de mañana, que realizará por videoconferencia a partir de las 11:30 horas y cuyo texto ya ha enviado al ejecutivo comunitario para que lo traduzcan, lleva un título esperanzador: “Que nadie quede atrás”. En ella explica que después de tantos años, y a pesar de que es imposible que se restaure el daño, la decisión de la comisión lo ha llenado de esperanza, porque considera que las instituciones comunitarias deben velar por los derechos de los colectivos que mayor riesgo de marginación y exclusión sufren, entre los que se encuentra el de las personas con discapacidad.
Su lucha no es un caso aislado. En 2018, Naciones Unidas acusó a España de violar sistemáticamente el derecho a la educación de los alumnos con discapacidad. “La segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, explicó entonces el organismo internacional en un comunicado. Albano está de acuerdo. “El Gobierno español prefiere mirar hacia otro lado y sigue incumpliendo el artículo 24 de la convención internacional, a pesar de que está incorporada al ordenamiento jurídico español y, por lo tanto, es una ley de rango nacional”.
El padre de Diego tiene claro lo que va a reclamar mañana. “Quiero que no se repita nunca más la discriminación a la que fue sometido mi hijo y que se tomen medidas contra los países miembros y las comunidades autónomas que vulneran la educación inclusiva”, resume. “Por eso, voy a poner su caso a disposición de toda la sociedad para intentar que no vuelva a ocurrir y para que otras familias que viven situaciones similares tomen como ejemplo nuestra lucha y se animen a continuar, porque al final, a pesar de que pasen los años, te pueden hacer caso y puedes ayudar a que las cosas cambien”.
Quizás por su formación -es profesor de Lengua y Literatura-, pone especial interés en las palabras, en cómo nombramos la realidad, y rechaza conceptos como “centros de educación especial” o integración y que se asocien a la discapacidad verbos como sufrir o padecer.
“El término de educación especial es segregador. Los centros de educación especial y las aulas enclave son una especie de apartheid educativo encubierto”, denuncia. “Ahora mismo la sociedad española está dividida, incluso dentro de las personas que pertenecemos a este sector. Creo que los padres, por desconocimiento, creen que si los centros de educación especial se cierran, los chicos van a estar desatendidos. Evidentemente, si los pasas al sistema ordinario y no incorporas recursos, pueden, igual que otros, estar desatendidos. Pero es que no se trata de eso, sino, primero, de cambiar la mirada. La inclusión tiene que ser un principio que rija nuestras vidas. La discapacidad debe dejar de mirarse como si fuera una enfermedad. Todavía algunas personas me preguntan si mi hijo se va a curar, si sufre o padece esto o lo otro. No, mi hijo ni sufre ni tiene una enfermedad ni se va a curar ni se va a dejar de curar”, señala.
“Los niños con discapacidades pueden tener, como otros, determinadas enfermedades o no, pero la discapacidad es una característica del ser humano, como puede ser una condición de género. Entra dentro del ámbito de la diversidad, pero todavía ejercemos una mirada médica y paliativa sobre la discapacidad, y no debe ser así”.
Prueba de ello es que “estos alumnos prácticamente no participan en la vida de sus centros. Son atendidos, pero no son protagonistas de su aprendizaje. Muchas veces son meros receptores pasivos; no son miembros del consejo escolar o de las juntas de delegados. Y eso lo vemos luego reflejado en la vida; por ejemplo, en el cine, donde casi no hay actores con discapacidad, porque en general la discapacidad sigue teniendo un enfoque marginal”.
Para acabar con esos estereotipos que se asocian a la discapacidad, Albano piensa que también hay que dejar de hablar de integración. “Hay que convivir más con la discapacidad igual que hay que convivir más con otros colectivos que sufren marginación”. Para él, el propio término ya es discriminatorio, “porque dice que hay que integrar al otro, que es menos, como ocurre con los inmigrantes”. En cambio, “si entendemos la diversidad como una característica de todos los seres humanos, que todos somos diferentes y que en esa diferencia podemos aportarle a la comunidad lo que otro no tiene, el enfoque cambia radicalmente”.
Para ello, aboga por ir derivando de forma paulatina todos los recursos que se destinan a los centros de educación especial y las aulas enclave a las aulas ordinarias, para que la discapacidad empiece a verse como algo normal, una característica más de los seres humanos”. Ahora mismo, en Canarias existen 11 centros de educación especial.
“Es innegable la poderosa influencia que el sistema educativo ejerce sobre la mirada que tenemos de la diversidad, y que ese enfoque muchas veces viene marcado por los prejuicios que ya se establecen a priori y que la sociedad acepta sin más. Así, en un modelo educativo que permite casos de discriminación como el de mi hijo y que mantiene vigentes distintos mecanismos de segregación, es fácil que las personas caigan en el hábito de ejercer una mirada de la discapacidad desde fuera, desde la extrañeza e, incluso, lástima que provoca lo desconocido ante nuestros ojos, lo que nos lleva a dejarnos llevar fácilmente por estereotipos manidos”, explica.
“Si mi hijo tiene que repetir o suspender lo hará como cualquier otro niño. Sus necesidades y sus carencias tienen que ser atendidas como las de cualquiera, no en función de una característica que lo diferencie de los demás”, agrega.
Albano cree que el camino para transformar esa mirada de la que habla empieza por la educación. “Tenemos que seguir haciendo visible la discapacidad para que acabe siendo invisible».
