El año 2017, la Universidad de Valencia y la concejalía de Educación del Consistorio valenciano firmaron un convenio con el fin de realizar un estudio para analizar el sistema educativo en la ciudad, en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatori. Y la Universidad creó un grupo interdisciplinar que estuvo trabajando durante dos años en lo que finalmente se ha conocido como el ‘Mapa escolar de Valencia’. Los resultados se hicieron públicos en mayo, y no podían ser más reveladores: los datos indican la escasa oferta educativa de carácter público, la desigualdad de oportunidades educativas en los diferentes distritos de la ciudad, la falta de transparencia en los criterios sobre los que se justifica la zonificación escolar y cómo se llegan a incrementar estas desigualdades en algún caso. Se ha hecho una labor de análisis ingente y se han puesto los datos a disposición de la ciudadanía. Unos datos que, en síntesis, dejan unos indicios claros de que las desigualdades educativas se están financiando con dinero público.
Los resultados de la investigación denuncian también algunas posibles irregularidades detectadas en los procesos de admisión a los centros escolares en los últimos diez años, así como ineficiencias de la normativa vigente. Los informes presentados ponen el dedo en la llaga del desigual trato que los sucesivos gobiernos valencianos han dado en las redes de colegios públicos y concertados de la capital valenciana. En los mismos informes también se realizan propuestas que, según el criterio del grupo investigador, permitirían mejorar algunas de las desigualdades e irregularidades detectadas.
Desequilibrio en la distribución del alumnado
Para explicarlo rápidamente, el estudio (aún no finalizado) deja claro que, en la ciudad de Valencia, el 56,33% del alumnado de infantil y primaria se escolariza en las escuelas concertadas, si bien a ellas acude únicamente el 28,46% del alumnado extranjero. La escuela pública escolariza al 71,54% del alumnado extranjero, aunque en sus aulas asiste el 43,67% de la población escolar.
Por distritos, los que muestran una mayor desigualdad son Poblados Marítimos (en la concertada del alumnado extranjero es el 4,63% frente al 20,86% de la pública); Benicalap (8,49% concertada; 26,55% pública); el Eixample (1,80% concertada; 20,17% pública); y, muy especialmente, el distrito de Rascanya, donde el alumnado extranjero supone el 0,17% en la escuela concertada, frente al 26,06% de la escuela pública.
Pero la desigualdad no se produce únicamente entre las dos titularidades. La diferencia entre la concentración de alumnado extranjero entre centros de titularidad pública supera los 56 puntos porcentuales. Hay 17 centros públicos que cuentan con una concentración de alumnado extranjero superior al 30% (cuatro de ellos incluso superan el 50%), mientras que hay 9 centros públicos en los que la concentración de este alumnado se sitúa por debajo del 5%.
Opacidad con los datos y persecución mediática
Según relata el equipo investigador, y según se pudo constatar en los seminarios convocados para compartir datos y reflexiones -en los que tuve ocasión de participar-, no siempre ha sido fácil conseguir los datos e informaciones necesarias. Parece que no todas las instituciones, empezando por la propia Conselleria d’Educació, tienen claro que la información debe ser pública y publicada, y que una de las funciones sociales de la universidad es ayudar con su investigación en la comprensión de la realidad y el estudio de estrategias de transformación. Los informes con los datos y el análisis de esta investigación se han ofrecido al Consejo Escolar Municipal, y se han hecho públicos a través de diferentes medios y redes sociales.
Sin embargo, el problema principal con el que se han tenido que enfrentar los 14 miembros del equipo de investigación no es este. El gran problema que vienen sufriendo desde hace ya más de dos años es la insufrible campaña mediática que el periódico conservador Las Provincias viene ejerciendo a partir de una denuncia interpuesta por el señor Luis Salom, asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento. Esta denuncia se basaba, principalmente, en el hecho de que la concejala de Educación, María Oliver, y el investigador principal del proyecto, José Manuel Rodríguez (¡profesor de Sociología y Antropología de la UV desde 1986!) pertenecían al mismo partido político, que era (¡ostras!) Podemos.
A partir de aquí, la cuestión era poner en duda cualquier gasto asociado a esta investigación: con el dinero del convenio se compraron un par de iPads, un par de cámaras de vídeo, un portátil, una mesa y quizás algo más, que las informaciones de este diario intentan hacer creer que han ido a parar a manos privadas, cuando están perfectamente localizables y se han utilizado para la grabación de grupos de discusión y el procesamiento de datos, como explicaba hace unos días uno de los investigadores, Borja de Madaira, en un artículo publicado en la edición valenciana de eldiario.es, y que contaba con el apoyo de medio centenar de profesores de varias universidades, entre los que se encuentra un servidor. Vale la pena recuperar los últimos dos párrafos de este artículo:
«En definitiva, hemos detectado graves indicios de segregación escolar en el sistema educativo de la ciudad de Valencia que nos obligan a cuestionar y denunciar el desigual trato que los sucesivos gobiernos valencianos han dado en las redes de colegios públicos y concertados en nuestro territorio. En los dos informes presentados también se realizan propuestas que, a nuestro juicio, pueden permitir mejorar algunas de las desigualdades e irregularidades detectadas «.
«Para todo ello hemos utilizado el dinero del convenio y las herramientas que se han comprado a su cargo. Estos recursos sirven para que la Universidad de Valencia cree conocimiento y lo transfiera de nuevo a la sociedad. La denuncia del diario Las Provincias menciona la compra del material, pero parece que lo que verdaderamente le preocupa es el uso que hacemos para denunciar las desigualdades educativas. Y, claro, trata de impedirlo»
Malversación imaginaria
La denuncia de Luis Salom fue bien recibida por la fiscal, que calificó los hechos como prevaricación y malversación de caudales públicos, como pedía el denunciante. Con todo, según explica Madaira en su artículo, ahora ya no se habla tanto de prevaricación, ya que ni María Oliver ni José Manuel Rodríguez tenían capacidad de decisión en la formalización del convenio (que era un acuerdo entre la alcaldía y la universidad) y, por tanto, la acusación se focaliza en la supuesta malversación de caudales públicos.
Es evidente que las universidades, y sus investigadores, gastan dinero público -cada vez más escaso- para desarrollar sus proyectos de investigación. Eso sí, estos proyectos -al contrario de la investigación sobre el mapa escolar de Valencia-, no siempre se corresponden con un sentido socialmente comprometido y con voluntad de colaborar en políticas de transformación. El tsunami neoliberal también pasó por la universidad y, en ocasiones, la individualización, el interés personal o el aumento de la norma burocratizante prevalecen sobre el compromiso científico y político y sobre una política universitaria comprometida con las problemáticas de la ciudadanía.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando un grupo de investigadores, preocupados por la ausencia de datos sobre la situación en que la derecha dejó la educación en la ciudad de Valencia, decide convertir esto en un proyecto de investigación? Su enorme y comprometido esfuerzo para cruzar datos y meter las narices en las escuelas -llamémosle etnografías-, pensar sobre lo que encuentran y darlo a conocer a los diferentes sectores de la comunidad educativa se convierte en un objetivo que abatir para la caverna mediática y los sectores conservadores de la ciudad. El periódico, líder de la escuela concertada, ha dedicado más de 25 noticias y artículos al respecto. Otra cosa, como diría Wyoming, ha sido su preocupación por contar la verdad.
El conflicto continúa vigente y las expectativas futuras son inciertas, tanto para la continuidad del proyecto como por el resultado de la denuncia presentada, aunque no archivada quizá, ya que da juego para que los intereses de las escuelas concertadas puedan seguir alimentando su discurso. El caso es que en estos momentos tienen entretenido en este grupo de investigadores recogiendo firmas para denunciar la persecución política y mediática que están sufriendo. Como si no tuvieran otra cosa que hacer; de investigadores se convierten en investigados.
