La educación madrileña está en una situación de emergencia. Madrid tiene la menor inversión por alumna/o de España, las mayores ratios docente-estudiante, una de las mayores tasas de repetición por vulnerabilidad económica y la mayor segregación escolar por origen social de toda la OCDE, solo por detrás de Chile. En cuanto a resultados, el reciente informe PISA 2018 refleja una significativa bajada en Ciencias y Matemáticas, y los niveles de abandono educativo temprano están lejos de regiones como País Vasco (con menos de la mitad), Cantabria o Navarra. En las últimas décadas, los gobernantes madrileños han deteriorado gravemente la escuela pública y han promovido un modelo segregador del alumnado por situación socioeconómica, discapacidad y sexo. A diferencia de otras regiones, Madrid carece de una legislación específica para promover la inclusión, eludiendo su obligación de adaptar normativamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008. A ello se suma la vulneración sistemática de su propia normativa en materia de atención a la diversidad, que cuenta ya con 30 años.
A pesar de la gravedad de la situación, la previsión del Gobierno es profundizar en las políticas de deterioro educativo y, si nadie lo remedia, miles de menores seguirán educándose con recursos insuficientes y en contextos inadecuados. Ante esta deriva, la ciudadanía decidió actuar y en 2017 registró en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa que apoyarían 43 ayuntamientos (que representan al 85% de la población madrileña) y 232 entidades. Sus principales medidas consistían en dotar a los centros ordinarios de recursos y formación para atender a la diversidad de su alumnado, y en planificar la oferta educativa con criterios de equidad. En marzo de 2018 el Parlamento regional aprobó la tramitación de esta ley con los votos a favor de toda la Asamblea salvo el Partido Popular, que se abstuvo. Nunca antes la cámara regional había aprobado una iniciativa legislativa de los ayuntamientos y nunca antes una ley educativa había recibido un apoyo tan amplio en Madrid.
Lamentablemente, la legislatura terminó antes de la negociación de las enmiendas al texto inicial. Sin embargo, casi dos años después y gracias a que las iniciativas legislativas populares no decaen tras las elecciones, su tramitación se ha reactivado recientemente. Es el momento de que los partidos presenten nuevas enmiendas y continúe su tramitación. Quedan más de tres años de legislatura y solo hay una oportunidad para virar mínimamente el rumbo de un sistema educativo que conculca gravemente los derechos de la infancia: aprovechar la Proposición de ley 17/2017 RGEP, 10978 para establecer medidas contundentes que mejoren la educación madrileña. Nuestros niños y niñas no pueden permitirse perder esta oportunidad.
