La ministra ha comparecido esta mañana, durante más de cuatro horas, en la Comisión de Educación del Congreso para dar cuentas de su política en la presente legislatura. Ha desgranado los ejes de su política para los próximos años. Entre estas, una apuesta por el profesorado que incluye la puesta en marcha de un documento que recoja el desarrollo de la carrera docente después de un año al aprobarse la futura ley educativa.
La idea es que, tras la entrada en vigor de la futura ley, que llegará al Consejo de Ministros en las próximas semanas, el gobierno tenga preparada una normativa en la que se regule la formación inicial y permanente, el acceso a la carrera docente y su posterior desarrollo.
Un año de práctica tutelada
Esta es una de las propuestas del Gobierno de coalición: revisar los planes de estudios de las y los futuros docentes y el desarrollo de un proceso de inducción a la profesión que duraría un año entero y estaría tutelado. Poco o nada se sabe de si ese tiempo estaría remunerado para quien tuviera que realizarlo, ni si quien haga las labores de tutoría recibiría un reconocimiento económico o de otro tipo.
«Es una pieza muy importante en la mejora de la profesión» ha asegurado Celaá en su intervención. Y ha añadido que se pondría en marcha junto a la revisión del proceso de acceso a la profesión.
La ministra ha asegurado que se haría una reforma de la formación continua también, así como de la evaluación del desempeño de los y las docentes y ha asegurado que es intención del Ministerio ofrecer permisos retribuidos para que el personal docente pueda hacer estancias en centros educativos extranjeros para «mantenernos contectados con las tendencias internacionales en la innovación». Esto último, en colaboración con las comunidades autónomas.
Celaá también ha nombrado las políticas de estabilización del trabajo interino para asegurar que antes de que acabe la legislatura se habrá conseguido el objetivo de alcanzar el 8% de interinidad en la profesión. Un porcentaje que hoy día ronda el 25%, según los sindicatos.
El acuerdo de estabilización firmado por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en la última legislatura del Partido Popular preveía que este porcentaje se alcanzase precisamente tras la convocatoria de oposiciones de este 2020.
Currículo
Es otra de las patas que el actual Gobierno quiere renovar a lo largo de la legislatura, con la idea de hacerlo menos enciclopédico y sí más competencial, «haciendo hincapié en entornos de aprendizaje y pedagogías eficaces» ha asegurado Isabel Celaá.
La ministra ha asegurado que con este currículo se activa el principio de confianza en el profesorado y ha señalado que, además, debe ser interdisciplinar para poder trabajarlo en proyectos, con servicios a la comunidad, o de aprendizaje servicio.
Y para que los temarios puedan hacer frente a la constancia de los cambios sociales, el Gobierno pretende poner en marcha un Instituto de Desarrollo Curricular que pueda ir dando repuesta a su actualización.
Libertad, Cataluña, adoctrinamiento
Desde los grupos de la oposición, principalmente PP, C’s y Vox, se centraron las intervenciones en la necesidad de garantizar la libertad de elección de centro por parte de las familias, con la vista puesta en el concepto de demanda social que ha guiado la cuestión estos años desde la Lomce. «Libertad de las familias, ha dicho el representante del PP, para elegir la educación sin la intromisión de la Administración»
También se ha exigido que deje de haber adoctrinamiento en las aulas, principalmente, en relación al veto parental que VOX ha conseguido colocar en Murcia y que se va haciendo hueco también en la Comunidad de Madrid. Aunque la ministra ha asegurado que es necesario retirar este veto puesto que tiene relación con contenidos curriculares obligatorios y además está afectando a la actividad de los docentes, el portavoz del partido de extrema derecha ha asegurado que no se trata de una herramienta de objeción de conciencia y a afirmado que «jamás nos meteremos en lo que dice un profesor en su hora de clase» y que el veto solo es para «charlas al margen de la actividad docente».
Y como suele ser habitual en la sesiones de la Comisión de Educación, los sistemas de inmersión lingüística, principalmente el catalán, han vuelto a centrar parte de estas intervenciones. Se ha exigido que el Gobierno garantice que las familias que así lo deseen puedan matricular a sus hijos en castellano como lengua vehicular en Cataluña. En este sentido, la ministra ha afeado al PP y a C’s que nunca hayan recurrido esta inmersión lingüística en los tribunales, ni siquiera cuando los primeros han estado en el Gobierno.
