Después de más de un año de son de espera desde que supiera que volvíamos a tener elecciones generales, Luis Rojo, portavoz de Inclusiva sí, especial también asegura que han estado negociando tanto con el Ministerio de Educación y FP y con el PSOE para conseguir un cambio de rumbo en el texto de la ley.
Asegura Rojo que en este tiempo, quisieron esperar a la formación del actual Gobierno para poder negociar con quien ocupase la cartera de Educación. Tras conocer que seguiría Isabel Celaá al frente del Ministerio, solicitaron una entrevista en la que hablaron con ella de la posibilidad de modificar el texto para evitar la disposición adicional cuarta en la que se recoge que durante una década las administraciones educativas tendrán que hacer lo necesario para dar servicio educativo en condiciones de calidad al alumnado con discapacidad en centros ordinarios.
Desde la plataforma quieren seguir negociando con el Partido Socialista para poder cambiar la redacción de esta disposición adicional, puesto que entienden que contienen el germen del cierre de los centros de educación especial. Desde el otro lado, Luz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso, asegura que la intención de la organización es la eliminación del texto directamente. Algo, insiste, que en ningún caso pueden hacer hasta que se inicie el trámite parlamentario.
Martínez Seijo asegura que el texto en cuestión no pretende el cierre de esos centros y así lo han hecho saber en varias ocasiones tanto la ministra de Educación como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, recoge el mandato de organismos y acuerdos internacionales como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que recoge la educación inclusiva, en los mismos centros, de todo el alumnado.
Además del escollo en sí mismo con el texto de la disposición adicional cuarta, la plataforma critica el hecho de que se haya retomado la tramitación de la ley educativa precisamente durante el estado de alarma. Martínez Seijo recordaba a este periódico ayer que esa puesta en marcha responder a la presión de ciertos partidos de la oposición para que se volviese a cierta normalidad en la actividad del Congreso para hacer labor de control al Gobierno. Este hecho es el que ha puesto en marcha la tramitación de esta y otras leyes que ya estaban en el Parlamento.
Luis Rojo insiste en la posibilidad de que desde la Cámara Baja se retrase la negociación, hasta dos y tres veces, por cortesía parlamentaria. Martínez Seijo responde que eso no es decisión del PSOE, sino de la Mesa del Congreso que es la que tiene la potestad de dar esas prórrogas.
Según la información que facilita la página web del Congreso, el plazo de enmiendas al articulado se ha retrasado hasta el seis de mayo.
Además, Martínez Seijo insiste en que el texto de la ley ya era más que conocido. Fue registrado por el anterior Ejecutivo en el Congreso en febrero de 2019, con la misma redacción. Un texto que ya pasó en su día por los trámites preceptivos para tu tramitación parlamentaria. El objetivodel nuevo Gobierno era poder llevar lo antes posible el texto a la Cortes, de ahí que no se haya cambiado una coma de la anterior redacción. De esta manera se evitaba la necesidad de esperar durante semanas a que el texto recorriese el Consejo Escolar del Estado, por ejemplo.
Desde el Ministerio de Educación y FP también ayer se envió un comunicado de prensa en el que se insiste en que no es voluntad del Gobierno cerrar los centros de educación especial y sí dar respuesta a los compromisos que el Estado tiene en relación a la educación inclusiva de toda la población, tenga o no discapacidad.
Desde el Departamento de Isabel Celaá se defiende la disposición adicional cuarta, además, en la necesidad de dar todos los recursos que requiera al alumnado con necesidades educativas en centros ordinarios para evitar una discriminación con respecto a quienes están escolarizados en centros especiales.
La discusión promete continuar en los próximos meses, cuando el texto de la ley llegue a la Comisión de Educación del Congreso y los partidos políticos hayan de trabajar directamente sobre el articulado.
