«Preservar el derecho a la salud para ejercer en las mejores condiciones posibles el derecho a la educación». Este es el objetivo que se marca CCOO, en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza, en la presentación del informe Propuesta de CCOO en materia de salud y seguridad en centros educativos que ha presentado esta mañana.
Durante la rueda de prensa, los responsables de salud laboral del sindicato han destacado la necesidad de que los obligatorios comités de salud y seguridad en el trabajo que deben poner en marcha las CCAA en muchos casos todavía están por nombrar y en otros, aunque constituidos, no están realizando los trabajos que serían necesarios de cara a la desescalada en el sistema educativo o la vuelta a los centros de cara al mes de septiembre próximo.
Entre las propuestas que lanza el sindicato se encuentra la redacción, por parte de las administraciones educativas, de documentos marco sobre los que trabajar en relación a la prevención de riesgos laborales. Unos documentos que, después de redactados en consenso con los agentes sociales (sindicatos y familias), han de traer aparejada la financiación suficiente y han de ir siendo evaluados para comprobar su aplicación y la posible necesidad de corrección en función de las diferentes situaciones sanitarias que pudieran darse a lo largo del tiempo.
Por supuesto, en la situación actual y para hacer frente a la incertidumbre que pesa sobre el sistema educativo en concreto, el sindicato entiende que es necesaria la contratación de mucho más personal docente para atender con seguridad al alumnado, así como de otros perfiles de apoyo a la labor docente. Y, por supuesto, el refuerzo de las plantillas de personal de limpieza de los centros educativos para que puedan hacer frente a las necesidades de desinfección e higiene que habrá en el futuro próximo. Unas plantillas que en muchos territorios ya venían siendo muy justas y que, a partir de ahora, verán multiplicado su trabajo para mantener los centros educativos lo más limpios posible para evitar contagios.
Este aumento de la inversión, CCOO todavía no lo ha cuantificado. Francisco García ha asegurado que la semana que viene harán público un nuevo documento que refleje esta cifra. Esperan que el Gobierno central, así como las CCAA, hagan un esfuerzo extraordinario en este sentido y que sea posible contar con fondos europeos también. En cualquier caso, García ha dicho que con menos cantidad que la recortada en 2012 (unos 9.000 millones de euros) se podría hacer frente a la contratación de más personal para el curso 2020-2021.
Otra de las exigencias que planteó ayer mismo CCOO junto a otros sindicatos en la reunión mantenida con el Ministerio de Educación y FP, es que se regule el teletrabajo en la función docente, sector en el que no existe normativa. Y más, teniendo en cuenta el escenario posible de que haya que mantener las ratios en 15 alumnos y que establecer turnos de asistencia al centro y de mantenimiento de la enseñanza a distancia al mismo tiempo.
Rafael Páez, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, afirmó que es tiempo ahora de planificar muy bien el inicio del curso y de tener en mente, además de cuestiones como la organización de las entradas y salidas de los centros, los usos de los espacios comunes, el desarrollo de los recreos o la posibilidad de evitar que un grupo clase tenga contacto con otros de su mismo colegio o instituto, otras como el uso de los comedores escolares o el transporte escolar. Indicó que lo preferible sería el transporte privado, lo más sostenible posible, al tiempo que indicó que muchos alumnos están obligados a usar las rutas de transporte escolar habituales, como en el caso de los centros rurales.
En cualquier caso, los dirigentes del sindicato han insistido en la necesidad de que sean las administraciones educativas las que se encarguen de la compra del material de protección que deberían utilizar docentes y personal de administración y servicios y no dejar esta responsabilidad a las direcciones de los centros. No tienen la formación necesaria en riesgos laborales ni tienen por qué conocer cuáles son los requerimientos técnicos de, por ejemplo, las diferentes mascarillas. Además, existe la posibilidad del abaratamiento de costes si la compra la hace la administración simplemente por el volumen.
Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, se pronunció, durante la presentación, en relación a la posibilidad de que se hagan pruebas PCR a los docentes cuando se incorporen al puesto de trabajo en septiembre. Y lo hizo en el sentido de que este tipo de acciones, en realidad, no suponen una protección ya que, aunque alguien esté sano en el momento de hacérsela, no está libre de la posibilidad de contagiarse después.
También habló de la posibilidad de conflicto en relación a la protección de datos y a la dificultad de hacer estos análisis a todo el profesorado todos los días para intentar asegurar que los centros, por esa parte, están libres de pandemia. Para ella, este tipo de actuaciones tendrían que desarrollarse desde los centros de atención primaria y no desde los centros educativos.
Rafael Páez habló de algunos riesgos de hacer estas pruebas al profesorado, empezando por una falsa sensación de seguridad que pudiera derivar en un relajamiento de las acciones de prevención y seguridad. Y abundó en la cuestión de la toma de temperatura, algo que también puede vulnerar los derechos de protección de datos, a parte de ser síntoma de otras enfermedades no relacionadas con la COVID-19.
Desde el sindicato ven con buenos ojos que la mayor parte de las CCAA hayan decidido que los centros de educación infantil, así como de educación especial, no abran sus puertas en estas útlimas semanas de curso, dadas las dificultades que ambos colectivos entrañan a la hora de mantener las mínimas condiciones de seguridad, como el distanciamientos social.
En el caso del alumnado de educación especial, ven una posibilidad en hacer un seguimiento uno a uno, en atención domiciliaria, con más recursos de personal para hacerlo, en un proceso paralelo al que siguen algunos menores tras un periodo de hospitalización y que son atendidos en su domicilio por una docente en contacto con el centro educativo para poder hacer el seguimiento del curso.
