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En el año 2008 España firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En dicho texto, convertido en rango de ley al adherirse el país, se aclara que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva, lo que viene a significar que todo el alumnado debe estar escolarizado en centros ordinarios, con el grupo-clase de referencia.
Ha pasado más de una década desde que España adquiriese este compromiso, y a la luz de los datos que arrojan las estadísticas del Ministerio de Educación y FP, las cosas no es que no hayan cambiado, sino que han empeorado sustancialmente.
Hay dos elementos que observar. Por una parte, el número de centros específicos y, por otra, las aulas específicas en centros ordinarios. En el primer caso, han disminuido en el cómputo global. Han pasado de 481 a 470 desde el curso 2007-2008 hasta el 2018-2019 (último en el que se tienen cifras).
Desbrozando esta cifra, aparecen seis autonomías que han disminuido estos centros: Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco. De todas ellas, las dos últimas son las que han hecho un mayor esfuerzo, habiendo cerrado 8 y 10 centros específicos respectivamente. Las demás se mueven entre uno y dos.
En la otra banda están las comunidades que han aumentado sus centros: Aragón (2), Baleares (3), Valencia (2), Extremadura (1) y Madrid (3). Y, en medio, las seis que se han quedado como estaban, con las mismas cifras de centros específicos.
Aulas específicas
Y aunque esto ya supone un problema de cara a cumplir con los tratados internacionales suscritos por España, hay que sumarle el hecho de que las aulas específicas en centros ordinarios, en este mismo periodo, se han más que duplicado. En el curso 2007-2008, según las estadísticas oficiales, había 863 de estas clases, y en 2018-2019 eran un total de 1.788.
Conviene recordar que este tipo de soluciones son criticadas por la ONU a la hora de hablar de la Convención y la educación inclusiva. Ya lo hizo en el dictamen tan duro de hace algunos años tras la visita de sus investigadores a España. La Lomloe, que ya inició el trámite parlamentario hace unos días, solo contempla la posibilidad de que los centros ordinarios vayan absorviendo al alumnado de los centros de educación especial, pero no plantea la posibilidad de que esto suceda sin aulas específicas en ellos.
Para Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard y una de las responsables de algunas de las sentencias que se están ganando para la escolarización en centros ordinarios, la nueva ley no hace grandes avances para acercarse a la inclusión, precisamente por el mantenimiento de estas aulas específicas, cuya carta de naturaleza se encuentra en el artículo 74 de la LOE y que no es modificado.
En cuestión de aulas específicas hay una cuasi unanimidad. Solo dos comunidades han disminuido sus cifras: Castilla-La Mancha (1) y Cataluña (22). Las otras 15 han ido en el sentido opuesto. Algunas, de hecho, han abierto aulas de este tipo por decenas. Alguna, por centenares.
Andalucía es el caso más extremo de este conjunto. En los últimos 10 años ha pasado de tener 482 a 985. Es, sin duda, el territorio que más aulas de este tipo tiene y la que las ha abierto en mayor medida. 503, prácticamente 10 al año.
Muy por debajo se encuentra la Comunidad Valenciana, que ha sumado 138, hasta un total de 185; Canarias, con un crecimiento de 75, hasta las 166; Murcia, con 51 más, hasta las 81; o Baleares y Navarra, que han sumado 22 cada una, alcanzando las 37 en el caso de las islas y las 68 en el de la Comunidad Foral.
36.500 alumnas y alumnos son quienes están matriculados en todos estos centros, ya sea en los específicos o en las aulas en centros ordinarios.
Aulas específicas por CCAA y titularidad. Curso 2018-2019
Datos del Ministerio de Educación y FP
Como suele ocurrir, además, la mayor parte de estas aulas se encuentran en centros públicos. Por ejemplo, mientras Andalucía tiene 946 aulas públicas, existen 39 en centros concertados. Ninguna en algún privado. En Canarias, de sus 166, 162 son públicas también.
Tal vez Galicia es la que se sale de la regla, al tener la mitad concertadas y la mitad públicas. Pero es la excepción en un sistema educativo que carga sobre la pública la gestión de la mayor parte del alumnado con necesidades educativas que es escolarizado en centros ordinarios. La pública tiene 9 de cada 10 aulas específicas existentes.
Eso sí, la mayor parte de los centros especiales sí son concertados, en una proporción que ronda el 70-30.
Fernández asegura que esta situación ya la vaticinaron hace años. «El sistema ha diseñado un modelo que sería trasladar esos centros de educación especial dentro de los ordinarios» gracias a estas aulas. A esto habría que sumar que se «contabiliza los alumnos que están en en esas aulas como que están en centos ordinarios».
Para esta activista de los derechos de los menores con discapacidad, este alumnado acabará mayoritariamente segregado en estas aulas en centros ordinarios. «Es más fácil tener a los alumnos en un aula aparte. Significa que no tienes que movilizar mayores recursos o implementar nuevas estrategias», asegura, pero para Fernández, «la inclusión implica una transformación del sistema educativo».
Desde su punto de vista, un buen comienzo sería la inclusión de la «cláusula de no rechazo», una recomendación del Comité de la ONU para las personas con discapacidad que consiste en que cuando un alumno (o su familia) solicita la escolarización en un centro ordinario, el sistema no pueda rechazarlo y derivarlo a un centro de educación especial. «El primer paso es parar ya la segregación forzosa».
Alumnado NEE en centros especiales y aulas específicas en centros ordinarios
Alumnado
El alumnado, que primero vino en llamarse de integración y que ahora es de inclusión, es decir, las chicas y chicos que sí se encuentran escolarizados en los mismos espacios que el resto de sus compañeros y que no son separados en algunos momentos por motivos de alguna discapacidad son la gran mayoría.
En el curso 2007-2008 suponían 135.747 estudiantes con necesidades derivadas de alguna discapacidad. 97.702 estaban matriculados en la educación pública, 36.990 en la concertada y 1.055 en la privada. El último curso del que se tienen datos, 2018-2019, las cifras eran 183.208 de los que 136.580 estaban en la pública, 43.606 en la concertada y 2.997 en la privada. En esta década larga la escuela pública ha aumentado su peso en el cómputo global, pasando de escolarizar al 72% de este alumnado a que supongan ahora el 74,5%. La concertada es la que más ha perdido alumnado en régimen de inclusión, pasando del 27,25% al 23,8% y la privada asume al 1,6% del total. Ha suplicado su peso porcentual, antes, de, 0,8% (habiendo triplicado el número de alumnos).
Según los datos del Ministerio de Educación y FP, quienes están matriculados en centros o aulas específicas con 36.512 en el curso 2018-2019. En los últimos años ha ido ganando peso en su escolarización la red pública, que ha pasado de matricular al 16.062 en 2008-2009 a matricular a 21.822. Porcentualmente suponían el 54,6 y ahora, el 59,7%. La concertada, por su parte ha perdido algo más de seis puntos porcentuales, hasta el 39,9%. La privada, por su parte, matriculaba el curso pasado a 118 chicos y chicas, es decir, el 0,32% del total.
