Empezando el mes de mayo escribí un artículo para este medio en el que planteaba que los responsables de las diferentes comunidades autónomas aprovecharan los cuatro meses que les quedaban por delante para trabajar sobre las certezas existentes. Me centré en seis cuestiones sobre las que tienen competencias para actuar y, en mi opinión, propuse aplicar simplemente el sentido común, que visto lo visto parece de nuevo demostrarse que es el menos común de los sentidos.
Han pasado tres meses y medio y me parece que han desaprovechado el tiempo. Puede salvarse la única comunidad autónoma que ha consensuado con toda la comunidad educativa un plan de vuelta a las aulas para el inicio del curso, la Comunidad Valenciana, que aunque quizás no tenga el mejor plan posible (porque todo es mejorable y puede que las propuestas de las familias y el alumnado no hayan tenido tanto peso como las de los sindicatos), el haberlo consensuado es mucho más de lo que se ha hecho en el resto de los territorios, que simplemente han aprobado -no todas- protocolos de forma más o menos unilateral.
En aquel artículo, además de afirmar que no se podría volver a la enseñanza presencial hasta septiembre y que no era viable duplicar de la noche a la mañana el número de aulas en los centros educativos, hablaba de la necesidad de incrementar sustancialmente las plantillas docentes, contratar personal para atender el proceso de duelo de alumnado, docentes y personal de los centros, así como de personal de enfermería y también de limpieza y desinfección. Y pedía que se reforzaran las medidas de higiene en los centros, que se los dotara de suficientes materiales tales como geles hidroalcohólicos y mascarillas, se impulsaran las obras pendientes y se integraran de verdad las TIC en el día a día del proceso educativo.
Conste que no pensaba yo que mi artículo fuera a tener efectos milagrosos sobre los responsables educativos, porque, si la mayoría no hace el menor caso a las propuestas de los actuales representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, esperar a que lo hagan de quienes lo fueron en un pasado más o menos reciente ya hubiese sido de una ingenuidad palmaria. En todo caso, siendo consciente de que el sentido común nos hacía coincidir a muchas personas de la comunidad educativa, pensaba que quizás serían atendidas sin que ello fuera consecuencia de que hubieran leído mi escrito en un momento de esos en los que uno no sabe con qué matar algo de aburrimiento. Lo único importante es que se hubieran tomado medidas adecuadas, no quién las hubiera propuesto o siquiera sugerido. Y lo realmente desagradable es que no se hayan tomado.
Es tan desagradable como ver y oír a responsables políticos de algunas comunidades autónomas esforzándose en convencernos de una cosa y la contraria sin despeinarse. Cuando teníamos estado de alarma, insistían en que el Gobierno lo hiciera decaer y se quejaban de que el Ministerio de Educación quisiera decirles cómo actuar porque eso era «quitarles competencias», y ahora que ya las han «recuperado» piden que el Ministerio dicte normas que unifiquen las actuaciones. Ocultan deliberadamente que Educación ya trasladó recomendaciones para actuar, porque estas no les interesan, dado que no son un argumento real sino una excusa más para no afrontar la realidad: no han tomado medidas y serán señalados como los responsables de lo que suceda; así que tratan de hacer ver que es el Ministerio el que no actúa, cuando saben de sobra que no puede porque no tiene competencias para hacerlo y, además, no le dejarían.
Así las cosas, sin haber invertido ni tiempo ni fondos en haber provisto aún todo lo necesario para afrontar el curso escolar con unas mínimas garantías de intentar evitar que los centros educativos se conviertan en nuevos focos de expansión del coronavirus, y sin que vaya a solucionar nada a quién se le acabe adjudicando la mayor cantidad de culpas por lo que suceda, lanzo a los responsables educativos una pregunta: ¿qué tal si aplazamos el inicio del curso escolar a octubre?
Sí, ya sé, la conciliación familiar con lo laboral y el relanzamiento de la actividad laboral no pueden hacerse sin que la escuela esté abierta y bla, bla, bla. Antes de que alguien que se agarre a ese planteamiento tenga la tentación de dejar de leer, le pido que espere un poco antes de hacerlo, porque voy a negar la mayor y voy a dar dos razones para, al menos, meditar sobre la propuesta.
Niego la mayor porque rechazo el planteamiento de que exista una vinculación única posible de actividad laboral con actividad lectiva. Si eso fuera así, la actividad laboral pararía desde finales de junio hasta principios de septiembre, así como largos periodos en Navidades y Semana Santa. Y no se puede confundir que haya un descenso de actividad por motivos vacacionales con un parón de la actividad laboral. Admito que es un debate interesante la disyuntiva entre que sea la actividad laboral la que se vea muy supeditada por la lectiva o que sea al contrario, o cómo ambas están supeditadas por los usos y costumbres tanto laicas como religiosas, pero es obvio que la falta de actividad lectiva es muy superior en número de días al descenso de actividad laboral y también lo es que las familias no tienen vacaciones laborales suficientes para cubrir todas las lectivas, ni aunque en la pareja haya dos adultos y no las solapen, si es que ambos trabajan. Así que la actividad laboral se mantiene durante muchos días en los que los centros educativos están cerrados y ello confirma que no es aceptable el argumento de la vinculación única y directa.
Las dos razones. La primera sale de que no se ha hecho todavía lo suficiente para garantizar una vuelta segura a las aulas. Considero indispensable la enseñanza totalmente presencial y también que debe hacerse con total garantía. Y si no estamos preparados en septiembre, se debe trabajar para que sí lo estemos en otra fecha, lo más próxima posible, pero no es aceptable empezar de cualquier manera porque «hay que empezar».
La segunda, que me parece muy importante y solicito con mayor vehemencia aún que se tenga en cuenta. En estos momentos hay comunidades autónomas que tienen índices acumulados muy altos, incluso algunas de ellas están en fase de ascenso casi descontrolado o no han podido iniciar el descenso de forma visible y sostenida. Esta situación se complicará con seguridad en todos los territorios desde el 1 de septiembre, con el regreso al trabajo de quienes hayan podido disfrutar de vacaciones durante estos días y con el reinicio del trabajo presencial de la mayoría de las personas que estuvieron temporalmente «teletrabajando». Me parece muy importante que nuestro sistema sanitario, que con los rebrotes actuales ya está teniendo importantes tensiones, pueda ir asumiendo los nuevos focos de contagio -en este caso laborales- antes de introducir los siguientes -los educativos- porque de lo contrario la tensión sanitaria puede ser inasumible. Por eso, pienso que no es adecuado unir al laboral el educativo con tanta cercanía, y que aplazar el inicio de curso puede ser un escenario aconsejable en este momento de la pandemia. Por supuesto, esto exigirá que se tomen medidas laborales excepcionales que lo hagan posible y es posible tomarlas.
Así que, ¿qué tal si aplazamos el inicio del curso escolar a octubre?
