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Cuanto más se acerca la vuelta al cole más incierto parece todo. A una semana de que se inicien las clases en todas las etapas educativas, el ejemplo más palmario ha sido el de la Comunidad de Madrid, que cerró el curso hablando de una vuelta a las aulas sin que nada fuera diferente, más allá del uso de la mascarilla en los institutos, hasta la presentación de un plan que supone, entre otras cosas, el retraso del inicio de curso y la contratación, según dijo la presidenta, de más de 10.000 docentes.
La situación de la pandemia empeora por días en todo el país y mientras se prohíben y cancelan festivales, fiestas patronales, ferias culturales, se cierran bares de copas y discotecas, se decreta la prohibición de fumar en la calle o de reunirse más de 10 personas, todo lo relacionado con el inicio de curso y la situacion de las y los menores en las aulas sigue igual.
Ratios muy elevadas en la mayor parte del país y de las etapas educativas, falta de profesorado, inexistencia de espacios adecuados para mantener, aunque se de forma testimonial, la distancia social. Con escasas medidas promovidas desde las administraciones de cara a la protección de docentes y alumnado. Pocas marcarillas y geles. Todo el mundo intuye que recaerá en los bolsillos individuales el tener o no suficientes medidas de protección.
Uno de los puntos más polémicos es el de hacer responsables de los protocolos de actuación a los equipos directivos. Sin formación especifica, ya en julio se vieron en la obligación de preparar sus centros educativos para lo que se les venía encima en septiembre. Y sin formación han realizado ese trabajo de determinar qué hacer en cada momento. Pero resulta complicado el hecho de que las direcciones de los centros, y no las administraciones educativas y sanitarias, sean las responsables de la seguridad tanto de los equipos de docentes como de todo el alumnado, independientemente de la situación en la que cada colegio o instituto se encuentre. Una situación que ya supuso la renuncia de algunos equipos directivos en diferentes autonomías, como Andalucía, en el mes de julio.
Mañana, como ya se anunció hace días, se celebrará una Conferencia Sectorial de Educación en la que participarán todas las administraciones educativas del país y a la que también asistirá Salvador Illa, ministro de Sanidad. Se espera que de ella salgan algunas decisiones importantes, principalmente, relacionadas con ratios y medidas de higiene y salud en los centros educativos.
Pocas esperanzas después de los resultados de las últimas reuniones. Las decisiones siempre han sido muy matizadas por las comunidades autónomas, algunas, incluso, han preferido descolgarse de los diferentes acuerdos alcanzados, a pesar de que sus actuaciones posteriores han ido en la misma línea.
Mientras tanto, continúa la pelea entre administraciones por ver quién tiene que hacer qué. Mientras algunas comunidades autónomas defienden la transferencia de las competencias, también educativas, se critica al Ejecutivo central de inacción o pasividad. Se reclama incluso, ahora, que tome medidas como estados de alarma por territorios para poder controlar más eficazmente el aumento de los contagios por todo el país, con la Comunidad de Madrid a la cabeza.
La comunidad educativa, a su vez, mira con inquietud hacia las próximas semanas y reclama a las diferentes administraciones educativas que hagan todo lo que tengan que hacer para hacer de la vuelta al cole algo viable y seguro. Contrataciones, una importante financiación salida de los fondos europeos comprometidos para España hace unas semanas, etc. CCOO ya ha anunciado movilizaciones en las comunidades autónomas que no hagan un esfuerzo en este sentido.
De igual manera se han manifestado desde STEs, que reclama bajada de ratios, pruebas PCR, protocolos para el personal docente de mayor vulnerabilidad ante los contagios, la generalización del coordinador de riesgos laborales, así como adecuación de espacios, de currículo y materias o una mayor dotación tecnológica para los centros educativos.
Por otra parte, desde CEAPA, hace unos dias, se solicitaba al Ministerio de Sanidad la convocatoria del Consejo de Familias, desde hace años sin reuniones, para estudiar fórmulas seguras para la vuelta al cole. Y el Club de las Malas Madres y la Asociación Yo no Renuncio enviaban un comunicado de prensa en el que exigen al Gobierno central que medidas como el teletrabajo sean un imperativo legal cuando se produzcan cierres de centros por causa de la COVID-19. También ponen sobre la mesa la posibilidad de una flexibilización de la jornada de trabajo para madres y padres o, si esto no fuera posible, ayudas directas a las familias para el cuidado de las y los menores cuyos miembros estén trabajando.
Nadie niega, o casi, la necesidad de una vuelta lo más presencial posible a las aulas después de medio año sin escolarización en todas las etapas. Pero todo el mundo reclama que esa vuelta se haga con unas medidas, aunque sean mínimas, para garantizar la salud de todas las personas que acudirán a los centros en unos días.
Caso a parte sería el de los servicios de limpieza de los centros educativos. Estos servicios están externalizados y no son pocos los casos en los que no se cumplen, incluso antes de la pandemia, los mínimos para tener los centros acondicionados correctamente. La duda sobre la posibilidad de contratación de más personal de limpieza que pueda hacer frente a la desinfección e higiene de baños, pasillos, aulas, picaportes y un largo etcétera sigue muy presente.
Después de tantos meses, de ver qué ocurre en otros países de nuestro entorno y de otros lugares del mundo, la sensación es de falta de medidas realistas y de falta de capacidad para invertir el dinero suficiente para que estas lleguen a buen puerto.
