Cuando empezaba el presente siglo se estaba generando la LOCE. Recuerdo que asistí a un debate educativo -el primero al que acudí como integrante de la FAPA Giner de los Ríos durante mi periplo en las asociaciones de padres y madres- que organizó el Foro del Henares, celebrado lógicamente en la ciudad de Alcalá de Henares. Entre los ponentes se encontraba una compañera que representaba a CEAPA entonces y, por supuesto, un representante del Ministerio de Educación -Gobierno del PP de Aznar- que explicó, según dijo, las dos razones principales por las que se impulsaba dicha ley. Por un lado, que a la universidad llegaba cualquiera, lo que en realidad significaba que llegaban los hijos de cualquier persona con independencia de su origen social y nivel económico, y eso no les parecía bien, ya que -no lo dijo expresamente pero se entendía perfectamente- ello podía llegar a poner menos fácil el futuro a los hijos e hijas de las familias que pretendían seguir heredando el poder social sin oposición alguna. Y, por otro, que la escuela se estaba democratizando y eso no se podía consentir, porque en su opinión la democracia solo se podía ejercer en el Congreso de los Diputados y tampoco siempre era deseable. Estas dos razones estuvieron muy presentes también en la Lomce y, con relación al tema que nos ocupa, la última explica perfectamente por qué se laminaron las competencias de los consejos escolares.
Cuando se aprobó la Lomce, uno de los argumentos más repetidos, ante la pérdida de las competencias en los consejos escolares, fue que se le quitaba el poder de decisión a la comunidad educativa para dárselo todo a las administraciones educativas a través de los equipos directivos. Pero esto no era realmente así. En realidad se le quitaba el poder a los claustros, porque el resto de la comunidad educativa en la mayoría de los centros educativos nunca tuvo el poder real de decidir. Quienes hemos participado activamente en ellos lo sabemos bien, y lo hemos denunciado públicamente en multitud de ocasiones.
Sé que no gusta que se diga esta realidad, porque los defensores de que el poder regrese a los claustros prefieren camuflarlo diciendo que ahora regresa a la comunidad educativa, pero esto último no será cierto en la mayoría de los centros. No es ese el enfoque de la Lomloe, pero tampoco lo era ni en la LOE ni en la LODE. Todas ellas persiguen que sea la comunidad educativa quien controle y gestione los centros sostenidos con fondos públicos, como mandata la Constitución Española en su artículo 27, pero que una ley lo promueva no significa que ello vaya a ocurrir. Se necesita, no solo los desarrollos normativos estatales y autonómicos adecuados -a mi juicio aún no los hemos tenido-, sino un comportamiento realmente democrático de todas las partes implicadas, y esto último, debe reconocerse, deja mucho que desear. Y para los que siguen diciendo, más de cuatro décadas después, que somos una democracia joven y que hay que darle tiempo, en mi opinión ya no es un argumento -si alguna vez lo fue- sino una excusa.
Tampoco comparto que, aunque la intención de los promulgadores de la Lomce fuera laminar la democracia en los centros educativos, ello ocurriera sin más con la publicación de la ley en el BOE. Al contrario, aquellos centros que tenían una comunidad educativa fuerte y con procedimientos democráticos consolidados, la legislación les puso dificultades pero las salvaron y siguieron trabajando en pro del consenso y del bien común. De la misma manera, con la entrada en vigor de la Lomloe no se van a erradicar de forma inmediata y definitiva los comportamientos escasamente democráticos de algunos actores presentes en los centros educativos. Así que, además de la ley, necesitamos hacer más cosas y apunto algunas que me parecen especialmente importantes.
Hay que pasar de la participación formal a una real y efectiva
Volver sin más al escenario previo a la Lomce no es suficiente. Entonces, en la mayoría de los centros educativos no se pasaba de cumplir por la mínima con las obligaciones legales, que eran, básicamente, convocar el número de veces mínimo marcado y permitir que todos hablaran y votaran… lo que se dejaba votar. Pero las cuestiones que se sometían a debate y aprobación venían marcadas y decididas desde los claustros y la dirección, quedando un papel meramente de figuración para el resto de sectores. Y en cuestiones procedimentales, los consejos escolares de los centros incumplían con facilidad y de forma habitual los requerimientos más elementales. Por ejemplo, seguían sin enviar a todas las personas que integraban el consejo, de forma previa y con tiempo suficiente, los borradores de las actas y otros documentos que se iban a someter a escrutinio y deliberación. Es decir, que la democracia interna era -vamos a decirlo con suavidad- demasiado imperfecta.
Con la Lomloe no podemos conformarnos con volver a ese escenario. Necesitamos avanzar mucho porque la escuela no solo debe ser profundamente democrática sino que debe ser ejemplo de ello para toda la sociedad y, especialmente, para todo el alumnado que crece y aprende en ellos diariamente. Tenemos la obligación de educarle de forma integral y no será demócrata por ciencia infusa. A ser demócrata se aprende ejerciendo la democracia y eso solo es posible en espacios democráticos. Difícilmente encontraremos centros que lo sean donde sus consejos escolares no lo son.
No se trata de ver quién supedita más a las direcciones de los centros
Durante los últimos años -la vida de la Lomce- los directores y directoras de los centros escolares han tenido un papel distinto al que ahora vuelven a tener. Tenían capacidad para decidir de forma unilateral sobre algunas cuestiones muy importantes, aunque en realidad en muchas comunidades autónomas estaban bastante maniatados por los gobernantes de turno. Con independencia del mayor o menor grado de autonomía que hayan gozado con relación a los gestores políticos de cada Administración educativa, durante este tiempo han podido sentirse como actores en los que residían muchas parcelas de poder decisorio. Y es fácil pensar que, en muchos casos, se va a producir malestar por tener que volver a una situación en la que esa autonomía -mal adjudicada desde mi punto de vista- desaparece o se reduce, al aplicar la ley y lo que en ella se establece.
Por tanto, habrá que acertar en los desarrollos legislativos y en las instrucciones que se dicten para la gestión diaria de los centros. Tomar una decisión no es lo mismo que tener que ejecutarla. Y siendo, como soy, un defensor de los consejos escolares y de que estos tengan el papel de control y gestión adjudicado por el artículo 27 de la Constitución Española, me preocupa y mucho que los centros educativos estén bien gestionados. Así que, en mi opinión, se debe encauzar el nuevo escenario para que ni la Administración, ni los componentes del claustro y del consejo escolar, tengan como prioridad pensar en cómo supeditar a las direcciones de los centros educativos para que ejecuten decisiones que puedan ser tomadas con facilidad pero llevadas con mucha dificultad a la práctica, o que, incluso siendo legítimas, piensen en el interés particular, sea individual o de un colectivo, mucho más que en el bien común.
Para participar de forma real y efectiva se necesita formación
Esto lo saben bien todas las partes. También quienes luchan para que la participación se elimine o reduzca todo lo posible. Por eso, quienes se esfuerzan en ello, laminan cualquier vía de financiación asociada a la formación de la sociedad para que pueda comprender sus derechos y sepan cómo desarrollarlos en plenitud.
Con la Lomloe no solo debe llegar mayor financiación de forma general a la educación, sino que deben realizarse esfuerzos especiales en muchos terrenos. Uno de ellos es la formación de los diferentes actores educativos para promover que mejoren día a día su capacidad de participar y de hacerlo de forma efectiva y eficaz, visto esto último en pro del bien común. Y para que conozcan las inquietudes, dificultades y limitaciones de los demás.
Solo impulsando la formación se podrá ayudar a entender la complejidad que tiene controlar y gestionar adecuadamente un centro educativo, de forma que todos los componentes de su comunidad educativa, en especial aquellos que formen parte de su consejo escolar, claustro, asociaciones de padres y madres y de alumnado, y resto de actores educativos que se relacionan e interaccionan en cada centro, puedan ejercer su papel de forma satisfactoria para ellos mismos y para el conjunto.
Esperemos que las diferentes administraciones educativas no actúen de nuevo como en épocas pasadas, hablando en el vacío de fomentar la participación pero ejecutando políticas que, en el mejor de los casos, obvian cualquier actuación para promoverla. Y que busquen potenciar el verdadero papel que deben jugar los consejos escolares, porque de lo contrario nos encontraremos de nuevo ante una gran ocasión perdida.
