Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, es la autora principal del informe ¿A qué podemos llamar universidad?. Las conclusiones del estudio son demoledoras: solo 18 universidades del total de 81 que existen en España cumplen los requisitos fijados por la Administración. El resultado aún es peor si se tienen en cuenta las nuevas normas que está a punto de aprobar el Gobierno. En conclusión, las públicas cumplen en actividad investigadora, pero no en las condiciones de sus plantillas, con exceso de empleos a tiempo parcial y de duración temporal. En las universidades privadas está ausente la investigación, uno de los requisitos básicos para ser consideradas como tal.
Vera Sacristán, profesora de Matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Catalunya, es una de las voces más respetadas y críticas a la hora de diagnosticar la salud de nuestras universidades. Es fundadora y presidenta del Observatorio del Sistema Universitario, una asociación creada el año 2013 y cuyos estudios son un referente para conocer cómo funcionan las universidades. La asociación, formada principalmente por profesores de las cuatro universidades públicas de Barcelona, se financia exclusivamente por la cuota de sus miembros. La independencia de criterio constituye una de sus grandes cualidades y, en este sentido, Vera Sacristán insiste en que dejemos constancia de que “las opiniones expresadas en la entrevista no tienen relación explícita con los resultados del informe presentado por el Observatorio del Sistema Universitario, sólo reflejan las opiniones de la entrevistada”. Estas son sus opiniones.
Antes de preguntarle por el informe en cuestión le preguntaré de manera general por la gestión de Manuel Castells al frente del ministerio. ¿cree que las propuestas de reforma responden a las necesidades estructurales del sistema universitario?
Esta regulación lo que pretende es poner unos cuantos requisitos mínimos en las universidades para considerarlas como tal, es un intento de modernizar, actualizar el decreto que existe el cual, a su vez, sustituye al anterior de 1991. Este tipo de normativa ha existido siempre. La novedad principal de lo que pretende el Ministerio es que en los requisitos que hoy en día sólo son un mínimo sobre la oferta docente y las plantillas, añadir otro sobre la actividad investigadora que debe tener una universidad. Además, también, modernizar un poco los requisitos sobre la oferta docente, incrementándolos. En cambio reduce un poco los de plantillas. Dicho esto, ¿parece razonable que en un sistema universitario que está en expansión porque hay muchas universidades privadas nuevas se introduzcan requisitos sobre la investigación que no existían? A priori, parece coherente con el principio y función de las universidades.
Lo que sí es cierto es que los hechos indican que el grueso de las universidades privadas no hacen investigación. El motivo es que es cara. El grueso estas cosas no las hace al igual que no ofrece carreras costosas, como las de ciencias o de ingenierías pesados (no TIC). Es todo muy coherente.
En concreto, ¿cómo valora la propuesta de Real Decreto: qué elementos destacaría que pueden reforzar positivamente la salud del sistema universitario español y cuáles que la pueden perjudicar?
Sí. A mí me parece que los requisitos que añade en cuanto a la investigación son razonables y son de mínimos, que están bastante lejos de lo que es la media de las universidades públicas. Quiero puntualizar que son propuestas de real decreto y no de ley, lo que significa que lo aprueba el Consejo de Ministros y se acabó. En la propuesta que hemos leído, que es la que se sometió a audiencia pública y que, por lo tanto, no está escrito que sea la final, de las cosas que aparecen en ese texto, el requisito que se reduce y que a mí me parece que no es buena idea, es el que dice que las universidades no deben tener un mínimo del 60% de su personal docente investigador a tiempo completo.
¿Por qué le parece un error?
Pues porque no cuadra. No cuadra con la parte de la investigación. Es decir, el personal investigador a tiempo parcial es contratado para hacer docencia, y la parte que no se le contrata es la parte de investigación. Por lo tanto, si quieres garantizar unos mínimos de investigación debes garantizar unos máximos de personal a tiempo parcial. Y, sorprendentemente, estos máximos que han existido siempre, en el texto que vimos en la web del Ministerio, han desaparecido. Esto, creo, es inconsistente y no está argumentado.
Después, hay otra cosa que me parece preocupante, que es el control. Esto no depende sólo del decreto, pero en parte sí. Al hacer este estudio sobre qué grado de cumplimiento había por parte de las universidades de los nuevos requisitos nos encontramos con la sorpresa de que muchas no cumplen los vigentes. Esto significa que el mecanismo de seguimiento y de corrección de los problemas y, si es necesario, de sanción, no ha funcionado. El nuevo decreto debería ser consciente de ello y ponerle remedio con un sistema que pueda ser efectivo. Esto creo que también es una carencia y debería concretarse más.
A raíz de esto le quería preguntar, ya que el informe elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario se basa en el análisis del cumplimiento de las universidades españolas a la normativa en vigor, el Real Decreto 420/2015, así como de la nueva propuesta de decreto. Una de las cosas que señala el informe no es que el actual modelo universitario no cumpla con los requisitos del nuevo borrador, sino que no cumple con la normativa vigente. ¿Por qué cree que estos datos son un suspenso ahora si, según se afirma en el informe, había un incumplimiento sistemático de los requisitos de la ley?
No te sé explicar por qué ha habido tanto eco de este informe respecto de otros que habíamos hecho. Es un poco sorprendente. Me temo que puede ser por un motivo que no me gusta, que es el de los rankings. Este tipo de titular es muy impactante, pero es poco matizado. Tienen más éxito este tipo de titulares que otros más complicados. Pero, por otra parte, en buena hora un conjunto de cuestiones como las tratadas en el informe puedan tener este eco.
Pero, ¿cuántas universidades incumplen los criterios?
No importa tanto cuántas universidades cumplen los criterios, sino mirar a cada una que no cumple y en qué medida no lo hace. De los 22 criterios que propone el Ministerio hemos podido valorar 14 porque del resto no hay datos públicos. Si de estos, una universidad incumple uno y por muy poco, aunque formalmente falle no tiene nada que ver con la universidad y que ves que no saldrán tras los cinco años de margen que considera el decreto. Este es el matiz que cuesta, lo que realmente importa al final.
El informe hace un análisis detallado por comunidades autónomas y destaca dos grandes perdedores: Catalunya y la Comunidad de Madrid. ¿Tiene alguna explicación de por qué las comunidades que precisamente tienen algunos de los centros con más reputación del Estado son, a la vez, las que menos cumplen la legislación vigente?
Sí, esto es algo curioso y que llama la atención. ¿Son universidades exitosas? La respuesta es sí. Ponemos de ejemplo las catalanas, pero en Madrid es muy similar. Si tú miras las universidades públicas catalanas –después hablamos de las privadas–, miras la oferta docente y está por encima de la media del conjunto. Miras la actividad investigadora y lo mismo. En este sentido son universidades exitosas. Ahora, miras la situación de sus plantillas y están mucho peor que el resto de España. Catalunya es premio en temporalidad y en contratos a tiempo parcial en las universidades.
¿Cómo es que estas dos cosas pueden convivir? La respuesta es que los efectos de una precarización de una plantilla son lentos. Desde el momento que comienza una investigación hasta que se publican los resultados pueden pasar años.
Entonces, si tú produces unos grandes recortes como hizo la Generalitat de Catalunya en la financiación de las universidades públicas en el año 2011, tardas en ver los efectos porque tienes unos grupos de investigación que tienen unas inercias de trabajo, y si deben incorporar una persona a tiempo parcial para seguir la rueda, lo hacen. Ahora bien, esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque con el personal senior que tienes sigue la máquina funcionando, pero no estás alimentando de jóvenes estos grupos de investigación, o grupos de investigación nuevos.
A raíz de la publicación del informe, algunos representantes políticos de algunas comunidades han salido el paso criticando los resultados. El secretario de Universidades e Investigación catalán, Francesc Xavier Grau Vidal, tildó el informe de «tendencioso», porque cuestiona el modelo de coexistencia entre personal contratado y personal funcionario dentro de las universidades. ¿Qué opina de esta crítica y, también, qué opinión le merece un modelo basado en la coexistencia de dos estatutos diferentes para los trabajadores?
Una puntualización: sólo una comunidad ha protestado, y ha sido el Secretario de Universidades de Catalunya, que creo que se equivoca en su crítica. En primer lugar, la cuestión de si el modelo debe ser laboral y funcionarial al mismo tiempo o no. Aquí, de lo que estamos hablando es de temporalidad o no, porque es igual si el personal permanente es o no funcionario o laboral. Lo que estábamos discutiendo respecto a las universidades catalanas en concreto era la cuestión de la temporalidad y del tiempo parcial, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que los permanentes sean de una manera u otra. Por tanto, no era un ataque al modelo de la doble carrera.
Dicho esto, el modelo de la doble carrera –y hablo a nivel completamente personal, porque el Observatorio nunca se ha posicionado en esta cuestión– desde mi punto de vista está mal justificado. Es decir, quien es partidario de la vía paralela y que haya dos (funcionarial y laboral) te cuenta que lo que quiere es que ambas tengan los mismos derechos y deberes. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si esto fuera así, ¿cuál es la justificación para tener dos vías, si tienen que ser iguales en derechos y deberes? ¿En qué se diferencia entonces un funcionario de uno laboral? Bueno, en al que el laboral lo echas más fácilmente. Es que, si no, no veo cuál es la diferencia desde el punto de vista institucional.
Otra cosa es que en España la legislación sobre funcionarios universitarios está en manos del Congreso y el Senado, y la legislación laboral está en manos de las comunidades autónomas. Esta puede ser la otra explicación de por qué hay una defensa de la doble vía. Por el otro lado, quien es contrario a la doble vía, normalmente hace una defensa de la vía funcionarial basada en dos factores: al funcionario, para echarlo, debe haber hecho algo gordo, y, dos, la libertad de cátedra se defiende mejor desde la función pública debido a esta condición laboral.
Una universidad que está en manos de un fondo de capital riesgo y que tiene estrictamente ánimo de lucro no está claro que le resulte tan rentable adaptarse como lo que está haciendo ahora, que es hacer de academia
Posiblemente el punto más conflictivo del borrador de Decreto ley está en el artículo 2.1, donde se afirma que sólo podrán denominarse como universidades aquellos centros que cumplan con los requisitos de la ley. El informe, sin embargo, prevé que los cinco años de margen que da el decreto no serán suficientes y que, por lo tanto, algunas universidades perderán la categoría de universidad. ¿Cree que, llegado el momento, la amenaza se acabará cumpliendo?
No lo sé decir, pero a juzgar por los datos que hemos visto en el informe los problemas detectados en universidades públicas se arreglan muy fácilmente porque son de precarización de la plantilla. Todo lo demás, en general, lo cumplen, y lo que no, con un pequeño esfuerzo, llegará, salvo la cuestión de la precarización de las plantillas. Y entiendo por precarización de las plantillas el tiempo parcial y temporalidad. Esto se arregla con dinero de manera fácil, porque las universidades públicas españolas no han parado de generar doctores, titulados y todo lo necesario. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es captar personal con la titulación adecuada para incorporarla a tiempo completo. No es falta de capital humano, es falta de dinero para pagarlo y tenerlo contratado en condiciones.
¿Y en las universidades privadas?
Aquí el problema es mucho más grave. Lo que hemos detectado es la inexistente actividad de investigación. Hay algunas excepciones notables, como sería el caso de la Universidad de Navarra. Ahora bien, el grueso de las otras no es así, y eso tiene mucho más mal arreglo.
¿Por qué?
Primero, porque no está claro que lo deseen. Una universidad que está en manos de un fondo de capital riesgo y que tiene estrictamente ánimo de lucro no está claro que le resulte tan rentable como lo que está haciendo ahora, que es hacer de academia.
Y por parte de las universidades que sí quisieran hacer investigación y que ahora no la estén haciendo –porque las que empezaron hace poco tiempo lo conseguirán dentro de unos años– deben de hacer muchas cosas. Debe cambiar su estructura de plantilla para tener personal capaz de sacar adelante grupos de investigación, tiene que hacer propuestas de proyectos, tiene que conseguir la financiación para los grupos de investigación, proponer programas de doctorados, etc. Tiene que hacer muchas cosas antes de que lleguen los resultados mínimos que requieren que, por otra parte, insisto, son sorprendentemente mínimos.
¿Desde cuándo se aprecia el boom en las universidades privadas?
España legalizó la posibilidad de que haya universidades privadas en 1983. Hace muchos años de eso. En cambio, el boom se produce mucho más tarde. Yo lo atribuyo al crecimiento de la población universitaria. Una de las cosas más interesantes de ver son los datos de cuántos estudiantes universitarios hay en España desde la Guerra Civil hasta ahora. Cuando la gente comienza a poder comer, hacia la década de los 50, comienza a despegar y la población universitaria comienza a crecer exponencialmente. Hasta el año 2000 aproximadamente, los estudiantes universitarios se doblan cada década. La última vez que doblamos pasamos de 700.000 a un millón y medio, y cuando la población que quiere estudiar llega a estas cifras, crear universidades privadas se convierte en una posibilidad de negocio.
Asimismo, y podríamos decir aproximadamente que desde los últimos diez años, los precios de las carreras universitarias y de los másters han ido en aumento de manera continuada, y la capacidad adquisitiva de la población, en general, ha ido disminuyendo.
Los precios que subieron en 2011 fueron los de las universidades públicas, que son los únicos regulados por ley. Por lo tanto, hace más competitiva la oferta privada. Por otro lado, hay otro factor para entender cómo funciona el negocio de las universidades que es: ¿quiénes son los estudiantes universitarios? A pesar de que se hayan ido multiplicando por dos cada diez años, no lo han hecho igual en todas las clases sociales.
¿El origen social de los padres cada vez tiene más peso?
Exactamente. Hay muy poca gente de origen social bajo en las universidades, y mucho estudiante de origen social alto. Entonces, cuando suben los precios, una parte de la franja más alta de los estudiantes puede optar por irse a la privada porque encuentra que no hay tanta diferencia. Esto es algo que hemos constatado en Catalunya. En cambio en el otro extremo, el de las clases sociales más bajas, estos pocos que llegan a la universidad son las «lumbreras» de cada familia, y llegan pase lo que pase, porque son tan pocos que las familias hacen lo que sean para que lleguen.
¿Qué niveles de financiación cree que debería destinar el Ministerio para solucionar este desfase entre clases sociales en el acceso a la universidad?
Aunque es cierto que las universidades reciben dinero para hacer investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el dinero de funcionamiento proviene de las comunidades autónomas. Y aquí hay una gran diferencia, en términos relativos, entre cómo son financiadas unas y otras. Nosotros hicimos un informe sobre este tema en el Observatorio, y te puedo asegurar que las diferencias son muy notables entre unas y otras.
¿Por ejemplo?
Las que más recortaron el año 2011 son, en primer, lugar Catalunya y, en segundo lugar, la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de reducciones en la financiación ordinaria de las universidades del orden del 30%. Son cifras muy grandes. La diferencia, en el caso de Catalunya, es que esto no lo ha llegado a compensar nunca. Otras comunidades comenzaron a remontar con los años –otra cosa es que la Covid-19 y los datos postCovid no los tenemos–. Hay un matiz respecto a la política de la Generalitat y es que, este año, decidió retrotraer el incremento de precios que hizo el año 2011, y también ha subido la financiación pública para compensarlo.
¿Qué otras comunidades lo han hecho mejor?
Hay algunos datos que podrían sorprender si se pretende hacer un análisis en función de los partidos políticos que están en el gobierno.
En el tema de precios, por ejemplo, Galicia no ha modificado nunca los precios de las matrículas. Ni siquiera el IPC, por lo que en términos reales los ha ido bajando. Andalucía los bajó. Se han hecho políticas muy diferentes y no todas responden a una clasificación política fácil. Ahora bien, las dos comunidades más emblemáticas por su línea más neoliberal –que son Catalunya y Madrid–, estas sí recortaron, aunque Madrid lo fue bajando con el tiempo.
Tenemos una estructura económica laboral en la que la cualificación no es lo que prima. Priman los puestos de trabajo de niveles bajos
Si comparamos España con el resto de los países de la OCDE en el ámbito de la calidad del sistema universitario, así como en el acceso que garantice una igualdad de oportunidades a la población, ¿con qué nos encontramos?
El porcentaje de población que tiene un título universitario en España es perfectamente comparable con las europeas, las de la OCDE, o las de cualquier país similar a España. En cambio, si miras la clasificación internacional de los puestos de trabajo de ejecutivos, de técnicos, etc., es decir, la estructura de los puestos de trabajo de nuestro país, hay un crecimiento inequívoco de puestos de trabajo de baja cualificación comparado con los países similares en España. No hay color. Tenemos una estructura económica laboral en la que la cualificación no es lo que prima. Priman los puestos de trabajo de niveles bajos, lo cual es completamente coherente con un país muy centrado en el turismo y poco en la innovación. No es que tengamos sobrecualificados, tenemos infratrabajo. Es un problema de la estructura económica del país.
Una última pregunta: la pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa una necesidad –inevitable por el contexto– de una digitalización de la educación. ¿Cómo cree que puede evolucionar la educación universitaria en los próximos años en este sentido, con los nuevos modos y tecnologías?
Depende. Y depende, sobre todo, de hasta qué punto la enseñanza universitaria se mercantilice o no. Es decir, lo que nos ha enseñado la pandemia es que si no puedes ir de manera presencial, obviamente que no te queda más remedio que hacerlo de manera digital. Ahora bien, lo que también nos ha enseñado es que el estudiante dice que no hay color. Que es infinitamente más fructífera la enseñanza presencial y la interrelación más directa, etc.
La enseñanza online está muy bien como herramienta de apoyo, por ejemplo, en caso de una enfermedad que me impida ir a clase o para aquella gente que trabaja y no puede acudir presencialmente. Pero son casos específicos, más condicionados a no poder hacerlo de manera presencial. Ahora bien, si la enseñanza se ve abocada al negocio en lugar de al «bien común», la tentación digital es muy grande, porque es muy barata. Y más en España, donde por el tema de la lengua el mercado potencial de América Latina es gigante y desde aquí lo puedes captar sin moverte. Si impera el ahorro público, y el negocio privado… la enseñanza será mucho más digital.
