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Frente al crecimiento de la intolerancia, la desinformación, la desigualdad, la xenofobia o la insolidaridad, la UE ha venido hasta la fecha ventilando el tema alegando que las competencias educativas corresponden a los Estados Miembros y que, de alguna manera, poco se puede hacer desde las instituciones comunitarias para hacer cumplir nada menos que el artículo segundo de su propio Tratado (TUE), que apoya la construcción de todo el aparato comunitario en los valores del pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Pero ¿es esto cierto? ¿no hay nada que pueda hacer la UE para promover la educación en estos valores más allá de la financiación de proyectos aislados? Veamos el ejemplo de la propuesta de creación de una Agencia Europea de Educación para la Ciudadanía (EACE). Esta iniciativa de la organización alemana Values Unite supone un punto de partida para una estrategia más ambiciosa respecto a la educación para la ciudadanía democrática.
Según sus promotores, la Agencia tendría tres objetivos fundamentales: 1) garantizar que todos los países y ciudadanos de la UE tengan acceso igualitario a la educación para la ciudadanía 2) mejorar la calidad de materiales y contenidos pedagógicos para educación formal, no formal e informal y 3) fomentar metodologías innovadoras y digitales adaptadas a los retos actuales.
La viabilidad de la propuesta pasa por otro elemento importante. No se trata de generar duplicidades o establecer una vía paralela a las diferentes acciones y programas que desarrolla la UE para la promoción de valores cívicos, sino, bien al contrario, crear un espacio capaz de centralizar las diferentes acciones dispersas en programas como Erasmus +, el Youth Portal o los informes de Eurydice, para desde una estrategia común y centralizada aprovechar todo el conocimiento generado por instituciones y sociedad civil desde un marco ordenado con objetivos educativos estructurados.
La iniciativa cuenta con el apoyo de una alianza de plataformas europeas, instituciones, representantes políticos, académicos y organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación Cives. Supondría un primer paso para que la UE cumpla sus compromisos con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, o más concretamente, con la firma de la Declaración de París de 2015, en la que todos representantes ministeriales de Educación de los Estados Miembros, conmocionados por los ataques terroristas en la capital gala, urgían a la Comisión a adoptar una política comprehensiva de Educación para la Ciudadanía, con mayor inversión de recursos financieros y humanos, para combatir el extremismo y fomentar los valores democráticos.
La UE lleva, incomprensiblemente, demasiado tiempo desentendiéndose de este problema educativo. La Cumbre para el Futuro de Europa supone un escenario perfecto para poner en evidencia una vez más el importante papel que juega la educación en la configuración de sociedades inclusivas, tolerantes, fraternas y justas. Los más optimistas esperan de ella un cambio en los tratados que permita a la UE involucrarse más en la protección de los valores cívicos y ciudadanos pero, incluso sin una modificación competencial, existen multitud de acciones como la EACE que se pueden llevar a cabo.
Se trata pues de determinación política que pasa por la reflexión previa acerca de la viabilidad de un proyecto conjunto que incluya preguntas como: ¿Puede el respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad ser optativo? ¿puede su aprendizaje depender de la decisión individual como pretende nuestra derecha más patria? ¿puede la UE seguir manteniéndose al margen?
Por último, cabe preguntarse también por el papel de España, sus instituciones educativas, líderes políticos, actores sociales o académicos ante el crucial debate al que se abre Europa. ¿Asumirá España una posición de liderazgo en defensa de la educación cívica en la Cumbre Europea? ¿Apoyará iniciativas como la Agencia Europea de Educación para la Ciudadanía? Por el momento, ha sido muy notable el apoyo a la EACE de los eurodiputados Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco y Marcos Ros Sempere, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, pero se echan de menos más voces españolas de organizaciones públicas y privadas en los espacios de debate educativo comunitario.
Los retos a los que nos enfrentamos son numerosos y complejos pero de las decisiones que ahora tomemos dependerá el futuro de los próximos años. Es el momento de salir en defensa de una educación en valores cívicos y democráticos. Nos va la convivencia en ello.
